A la una de la mañana de hoy, martes 6 de junio, comenzó la redacción de un documento en el que se plasman los compromisos del gobierno para poder solucionar la crisis en Buenaventura. El Ministro de Interior Guillermo Rivera comenzó a tuitear a esa hora. Era su primer gran reto en su nuevo cargo.
Este paro fue distinto; se manifestó toda la ciudad, la base. Las negociaciones las escuchaban en las calles como si fuera un partido de fútbol. Los curas que encabezaban las protestas, representados por Jhon Reina y monseñor Epalza, lograron un hito histórico en Colombia: el compromiso puntual de un gobierno.
El gobierno de Santos no había querido pararle muchas bolas: solo estaba negociando el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Pero la última semana llegó el Estado encabezado por Rivera y el Procurador Fernando Carillo, que se convirtió en un garante junto con Todd Howland, el delegado de la ONU en Colombia.
El principal punto de discordia había sido el fondo autónomo para manejar los dineros del puerto que buscaba sacar del proceso a los políticos. Y lo lograron. Se creó un fondo, similar al modelo del FOREC, que tiene regulación de fondo privado pero es dependiente de Presidencia. Acá se depositará el 50 por ciento del impuesto de renta del Distrito de Buenaventura, y además recibirá 76 millones de dólares. Es un golpe a la politiquería histórica del puerto.
Pero aun así los mismos que se cansaron de escuchar sus nombres gritados en las marchas, se pararon erguidos frente a las cámaras. Sin muy buena cara estuvieron Dillian Francisca Toro, gobernadora del Valle, y el alcalde de Buenaventura Jorge Eliécer Arboleda. Nadie quería perderse la foto. La sala de negociación se llenó a la madrugada con los delegados de cada bando. El Gobierno de Santos, Dillian y Arboleda de un lado, y al otro los líderes del paro cívico reunidos alrededor del padre Jhon Reina. En la mitad Procuraduría y ONU.
Hace tres días llegó la Procuraduría con sus delegados regionales y desde entonces todo fluyó. Se reunieron 40 horas y hoy publicaron el documento. Se logró una suspensión del paro por tres meses, mientras el pueblo de Buenaventura evalúa el cumplimiento del gobierno, y si no avanzan en la consecución, saldrán otra vez a la calle.
El logró más grande es que el Gobierno se comprometió a entregar $1 billón de pesos al año por 10 años. Pero ambas partes saben que no es una promesa, pues la plata depende de préstamos internacionales. Por eso Buenaventura dio tres meses antes de sentarse a evaluar el nivel de cumplimiento del gobierno. El Ministerio de Hacienda protestó durante todas las negociaciones diciendo que solo podían comprometerse con $900 mil millones, pero tuvo que aceptar lo acordado con los líderes del paro cívico, quienes además exigieron que fuera hecho decreto ley.
La gente de a pie salió porque en su día a día no tenían agua potable, estando en una de las regiones con mayor accesibilidad a este líquido. También los impulsó que los niños se murieran por enfermedades de las que solo se mueren en Buenaventura y La Guajira. Por eso estos son los puntos dos y tres tratados en el documento, en los que el gobierno se compromete a lograr cobertura del 100% de la población en agua, alcantarillado y población, así como poder atender a enfermos críticos en la ciudad que antes tenían que ser enviados a Cali. Pero faltan las fechas y los actos concretos.
Buenaventura siempre ha estado olvidada. Cuando se pronunciaba, les prometían algo pero ahí mismo los gobiernos lo olvidaban. Para que no pase esto la Procuraduría juega un papel vital. Hace cuatro días citó a una delegación de manifestantes a Bogotá, discutieron las peticiones y un día después llegó a Buenaventura a sentarse en la mesa como garante. También blinda el acuerdo la presencia de la ONU.
Reunión en Bogotá
Estos 22 días de paro tenían a los puertos, y a sus dueños, nerviosos. 500 mil toneladas reposan en los muelles y las pérdidas se estiman en $300,000 millones de pesos. Los empresarios veían venir su peor pesadilla: que los muleros se unieran al paro, lo que habría paralizado el puerto. Para este sector no es fácil unirse, mucho menos los que trabajan en Buenaventura, pues tienen contratos a largo plazo con las empresas que no les permiten manifestarse ni entrar en paro. Pero ya se escuchaban voces de aliento, y olvidadas las imágenes de algunas tractomulas recibiendo piedras en los parabrisas cuando salían y entraban al puerto.
Los manifestantes no iban a regalar el paro. Tenían al principal puerto de Colombia cerrado casi por completo, y los principales afectados eran los empresarios dueños de los muelles y el Gobierno, que dejaba de recibir $15 mil millones diarios en impuestos. Esta posición de poder los llevó a lograr un acuerdo histórico, que sin embargo sigue siendo débil y que ambas partes saben que tendrán que hacer un seguimiento día a día para que el acuerdo no se caiga. Los grandes ganadores sin embargo no son solo los habitantes del puerto: en una semana Guillermo Rivera logró destrabar su primer gran reto como Ministro de Interior, algo que Juan Fernando Cristo no quiso hacer en 15 días, y el ministro Murillo simplemente no pudo.
