Por el puerto de Buenaventura, se mueve el 60 % del comercio exterior de país, que genera recaudos tributarios por más de $2 billones anuales al Estado. Sin embargo, esas cifras contrastan con los niveles de pobreza e ingreso de sus habitantes, el 95% viven en la pobreza.
Es una ciudad sitiada por grupos ilegales: narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares. Buenaventura es una ciudad parcelada, controlada y asolada por el crimen organizado y la delincuencia. Por un lado, la guerrilla de las Farc controla una extensa área rural. Por el otro, los paramilitares y narcotraficantes, también controlan su buen pedazo de la zona rural, y en el área urbana, con cuatro bandas, se disputan el control de la ciudad: La Empresa, Los Urabeños, Los Rastrojos y Los Machos.
De acuerdo con las estadísticas de la última década, Buenaventura ha sido una ciudad secuestrada por la delincuencia y por eso tiene una de las tasas de criminalidad más altas del país. Pese a que el gobierno ha extremado los niveles de seguridad y la tasa de homicidios ha disminuido, siguen los desplazamientos forzados, tanto en el área rural como en la urbana y las denuncias sobre desapariciones y descuartizamientos.
En el caso de las casas de pique, el Gobierno ha intentado maquillar las cifras y minimizar el fenómeno, pero los descuartizamientos han seguido ocurriendo. Buenaventura sufre un endémico problema de orden público, debido al incremento de la violencia por parte de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Su drama se sinteriza en cuatros aspectos graves: narcotráfico, corrupción, mafias y miseria.
La ciudad es el centro de operaciones del narcotráfico que se mueve en todo el andén del Pacífico, desde allí se controla todo el mundo criminal del narcotráfico que se mueve en los cuatros departamentos costaneros hacia el mercado exterior. De allí se controlan las mafias del paramilitarismo que se mueve en el corredor del Pacífico y en las cuencas de los valles de los ríos San Juan, Baudó, Mira y Patía. Lo polémico es que, por décadas, el Estado dejó que se incubará y creciera el polvorín de la violencia en el Puerto y ahora esa violencia se está replicando en otras ciudades de la región como Tumaco, Quibdó, López de Micay, Timbiquí e Istmina y en menor encala en otros municipios de manera alarmantes, donde los niveles de inseguridad y desplazamientos están creciendo desmesuradamente por la negligencia y las complicidades de las autoridades locales.
El poder político en Buenaventura ha sido secuestrado por las mafias y una endémica corrupción de una camarilla de políticos que siguen al servicio de fuerzas oscuras. De allí que una minoría de su élite política vive en la opulencia, en medio de la miseria y la desesperanza del 95 % de la población de la ciudad.
Quibdó, la segunda ciudad del Pacífico, vive una situación de orden público dramática, similar a la que se sufre en Buenaventura. Lo polémico es que las noticias poco trascienden en los medios de comunicación de circulación nacional. Es evidente que si las autoridades no toman medidas urgentes va camino a convertirse en otra Buenaventura. Varias bandas de paramilitares y delincuentes se han tomado el control de la ciudad con la benevolencia de las autoridades locales y paso a paso han convertido a la ciudad en escenario de homicidios, violaciones, amenazas, atracos y cobros de vacunas. Los niveles de inseguridad han crecido desmesuradamente, Quibdó es una ciudad dominada por la delincuencia y el crimen organizado, el miedo ronda a sus habitantes que se sienten desprotegidos, aterrorizados y a merced de los grupos violentos. Es impresionante el desgobierno en materia de seguridad ciudadana, da la impresión que existiera entre sus autoridades una especie de “pacto del silencio” con los delincuentes y criminales.
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