El artículo 64 de la constitución nacional reza, es deber del estado promocionar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, , vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.
Según el artículo, nada de lo estipulado en pro de las comunidades campesinas se ha hecho efectivo en Colombia, porque los hechos actuales demuestran que el Estado no ha cumplido con su deber de preservar la función social y ambiental de la tierra que ha dado en concesiones, arrendamientos o en venta.
Nada de lo que se infiere en ítem se ha logrado con este gobierno y los anteriores ni mucho menos con los que sigan ocupando la casa de Nariño. Todos han pasado y pisoteado las normas que el constituyente del 91 firmó como carta de navegación para controlar éste barco que cada día se hunde en la miseria para el 95 por ciento de los trabajadores, y que engrandece auspiciado por los gobiernos al 14 por ciento de propietarios que son dueños del 80 por ciento de las tierras colombianas, definiéndose así, que el territorio colombiano en más del 40 por ciento se encuentra con algún programa dado a multinacionales para: biocombustibles, agricultura, explotación forestal o minera, afectando de ésta manera al campo colombiano en especial, al pequeño agricultor que es desalojado de sus tierras.
En un informe de “oxfam” muy reciente, visibilizó que el reparto de la tierra en Colombia es extremadamente desigual. La tasa de concentración es de las más altas del “mundo” y segunda en América Latina después, de Paraguay. Ligando la pobreza rural con la guerra de cincuenta años que sume a la nación en procesos de paz que no conllevan a cambiar en nada el sistema capitalista de hegemonía política que maneja los destinos de Colombia.
El gobierno los (nos) con el “gran pacto social agrario” modalidad de victimizar más al campo y concentrar altamente la propiedad en manos de inversionistas, se ha dado por esquematizar a los pequeños agricultores: primero les promete créditos fáciles, les brinda tarjetas de crédito agrario, al tiempo que los manda asociarse con grandes empresas agrícolas, que con sus cultivos dañan el medio ambiente y contaminan las aguas del sector.
Es más, la “Onu y oxfam” en estudios llevados a cabo en Nicaragua, Salvador y países como el Congo y Marruecos difundió una propuesta: “la agricultura en pequeña escala es clave para mantener y preservar la asistencia alimentaria del mundo futuro en riesgos” Propuesta divulgada en foro mundial de líderes concentrados en Panamá abril del 2014.
Las élites del capitalismo se dividen el poder diseñando programas para su beneficio a costa de miles de comunidades trabajadoras. Colocando en los distintos gobiernos personas claves para sus propósitos. Un ejemplo claro está en nuestro gobierno colombiano con el ministro de agricultura Rizaralde, ministro de finanzas Mauricio Càrdenas, ministro de salud Alejandro Gaviria etc. y el propio presidente. Esto cuando la desigualad crece geométricamente en el mundo, 113 personas multimillonarias en América Latina sacarían de la pobreza a 25 millones de personas pobres y de extrema pobreza. Oxfam 2 de abril de 2014.
La desigualdad es tal en América Latina, que mientras los multimillonarios se llevan el 50 por ciento de los ingresos totales, los pobres clase obrera y campesina solo reciben el 5 por ciento de esos ingresos. Entonces de que nos quejamos; paro agrario en cocimiento, paro de educadores, paro camionero, paro de comunidades étnicas e indígenas y paro en todos los estamentos comunales del país.
¡Todo esto porqué se presenta! Porque la flor y nata del capital tiene al gobierno acaparado colocando fichas que cuiden y legislen normas, leyes y decretos, y así protegerse en derecho propio, para seguir incrementando la desigualdad y promocionar más sus rentas. Pero hay una circunstancia propia de esta selección que la saben interpretar los gobernantes y entes de control: Hacen que generen por intermedio de brazos en el poder, reformas fiscales injustas, fomentando entre sus allegados prácticas de corrupción, desviación de recursos que pertenecen a la nación y promoción de paraísos fiscales.
En conclusión: Brasil según la “Onu y oxfam” tiene 66 multimillonarios, México 16, Chile 12, Perú 8, Argentina 5, COLOMBIA 4 y Venezuela 3. Y es fácil de dimensionar el problema social en Colombia, cuando en Buenaventura se sigue cometiendo crímenes frente a fuerzas armadas. Cuando la solución no es incrementar la fuerza pública ni prometer lo que no se va a cumplir, cuando la desesperanza de sus habitantes está en la falta de recursos, educación, vivienda, servicios públicos y de financiación para construir escaños de paz.
Mientras, que la infraestructura del puerto es cada vez mayor en inversiones directas del estado. El puerto tiene luz las 24 horas del día, entretanto la ciudad carece de energía y si la hay es por horas. Durante las 24 horas el puerto usa al cien por ciento los servicios públicos, la ciudad carece en su totalidad de agua, alcantarillado, telefonía, salud. La única Eps existente es discriminatoria, y el barco hospital promovido por fundación Italiana y una colombiana con personas de distintas profesiones médicas que recibían un apoyo económico del gobierno, quedó encallada porque quitó las ayudas que venía haciendo.
Entonces estimados lectores; Una paz gobiernista manejada por élites que tiene el poderío absoluto sobre los ministros, alcaldes, asambleas, congreso, autoridades municipales y demás, ¡tendrá fortaleza de cambio social sobre las distintas comunidades y culturas de la región, las negociaciones en Habana con un frente que en sí no es el promotor de 500 años de pobreza y concentración de la tierra, cuando el mismo gobierno no cumple con los mandatos constitucionales…! ¡Qué se negocia en la Isla! ¡Por favor…!
