Los debates alrededor de suspender las órdenes de captura de los lideres de las principales bandas que controlan la cadena del narcotráfico, dejan de lado el impacto de esta medida en la economía del negocio. ¿Favorece la oferta de coca, pasta y cocaína o la desfavorece? ¿Es un paso adecuado para forzar el fin del prohibicionismo, o al revés, lo consolida? ¿Cuál es el efecto de reducir las acciones represivas y la meta de erradicación de hectáreas cultivadas? Las medidas que forman parte de la búsqueda de una nueva política para reducir la violencia derivada del narcotráfico y sus efectos negativos en las sociedades ameritan revolver algunas ideas.
Como es natural, si las fuerzas que luchan para golpear la cadena de los narcóticos disminuye sus operativos y acciones, los efectos se van a sentir. Que la policía deje de buscar y destruir laboratorios, detectar rutas para interceptar cargamentos, deje de incautar precursores y erradicar cultivos, o de buscar capos para capturar, juzgar y extraditar, crea una nueva realidad. Las bandas van a requerir un menor uso de sus aparatos de seguridad, un menor uso de la violencia, pues no necesitarían defenderse o disuadir a la fuerza pública de perseguirlos. En consecuencia la violencia asociada a estas actividades debería disminuir.
Debe ocurrir lo contrario frente a la producción de coca y pasta. Cuando la policía fumigaba o erradicaba manualmente los cultivos, el que perdía la inversión y el trabajo era el campesino pues los capos no aseguran estas contingencias. Buscan otro proveedor y punto. Así que sin represión, debería sembrarse más coca pues se reducen los costos y riesgos asociados a la ilegalidad de la cocaína. Este es uno de los factores que encarece el producto y reduce la puerta de entrada al negocio. Sin represión campesinos y colonos pueden encontrar que cultivar coca sin tantos riesgos es atractivo y se pueden aventurar más fácil al cultivo, que ya supera las 200.000 hectáreas que le producen a los capos 800 toneladas de cocaína para los mercados globales.
Ahora ¿esa mayor coca tendría salida en el mercado? ¿Habría compradores? Es probable que sí, porque bajaría el precio por el exceso de oferta y el consumo global aumentaría con la progresiva apertura de mercados consumidores en Europa y Asia que ya emprendieron los carteles. En el transporte y la comercialización internacional es donde se concentra la utilidad y por supuesto, en la venta al menudeo donde intervienen miles de pequeñas bandas locales. Entonces los carteles que compran la cocaína local, que ya tienen sus rutas de transporte, sus mecanismos de corrupción en funcionamiento y sus clientes, pueden colocar el aumento del producto a un bajo costo y en consecuencia aumenta su utilidad sin mayores inconvenientes adicionales.
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La destrucción de las grandes estructuras narco colombianas que controlaban el negocio hasta Estados Unidos, facilitó la entrada de carteles extranjeros, en su mayoría mexicanos
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La destrucción de las grandes estructuras narco colombianas que controlaban el negocio hasta Estados Unidos, facilitó la entrada de carteles extranjeros, en su mayoría mexicanos. Ellos compran en puerto colombiano un kilo de cocaína por alrededor de USD 1.500 y lo venden a USD 30.000 en Estados Unidos. Es una economía similar a la del café en la forma, pero distinta en la utilidad y en la distribución de cargas y beneficios.
Un kilo en grano de café vale USD 2 dólares, pero en Starbucks es una taza la que vale esos dos dólares. De un kilo de café se obtienen entre 90 y 110 tazas, es decir al menudeo suman USD 200 por kilo para pagar todos los costos asociados desde el cultivo hasta el arriendo del local y la comercialización y propaganda. Semejante diferencia entre el precio local y del consumidor final se justifica por los procesos que se deben asumir para convertir el grano en un delicioso aroma bebible. Sin embargo, la diferencia es que el café está reglamentado, los campesinos cultivadores y los grandes hacendados generan riqueza y valor a miles de personas y pagan impuestos y cumplen sus obligaciones laborales y de prestaciones sociales. Mientras que al aumentar la oferta de coca y cocaína los beneficios derivados de la cadena no aumentan, no se redistribuyen como si ocurre en una cadena productiva agroindustrial legal.
En las regiones donde ya se encuentra establecida desde hace décadas la cadena productiva de la cocaína (créditos, semillas, asesoría, insumos para procesar, laboratorios, empaque, rutas de entrada y salida del producto, mecanismos de lavado y de protección) es fácil absorber la nueva oferta de coca y ampliar la capacidad de producción de cocaína. De la exportación se encargarán los carteles extranjeros. Cafeteros o bananeros cuando hay bonanza de producción hacen lo propio, nunca van a dejar que el producto se pudra en la planta. Tratan de vender todos los excedentes así baje el precio pues la infraestructura ya existe y absorberá todo lo que aguante.
Los productores de cocaína siguen el modelo agroindustrial, pero sin pagar impuestos ni salarios justos ni seguridad social para sus trabajadores. En regiones como Tumaco los dos modelos agroindustriales conviven y los contrastes no pueden ser más claros. Este es otro efecto colateral al disminuir la represión. Si con el mismo o menos trabajo un campesino cultiva coca y gana el doble o el triple que trabajando como asalariado para producir palma, el atractivo de entrar a la cadena de la cocaína aumenta. Quiere decir que disminuye la oferta de mano de obra para la agroindustria legal y que sus costos se elevan. Es decir la economía legal se afecta cuando se estimula la ilegal. De la misma manera pierde el estado que recibe menos impuestos y además debe asumir las cargas sociales de los trabajadores cocaleros que no contribuyen al sistema, ni ellos ni sus patrones.
Es lógico pensar que sin represión ni legalización habrá más hoja, más pasta y más cocaína a menor precio interno. Los carteles mexicanos, europeos y asiáticos buscarán cómo colocar los excedentes y el gran perdedor será el consumidor final que tendrá a su disposición el consumo de drogas a menores costos. El balance social global puede ser negativo porque habría más gente consumiendo cocaína sin una regulación de su calidad y las mafias seguirán reinando sin pagar impuestos ni contribuciones sociales. En este sentido sería apropiado avanzar en la legalización con reglamentación y pedagogía del consumo, si de verdad se quiere remplazar la fracasada política de la guerra a las drogas.
