Los chilenos ayer domingo rechazaron los intentos de imponerles una constitución amorfa que en esencia era una lista interminable de deseos, casi todos ellos fiscalmente irresponsables, impulsados por una izquierda tan utópica como recalcitrante. Dentro de los puntos más controvertidos no cabe duda que estaba, argumentando la plurinacionalidad, la creación de un grupo privilegiado: los pueblos originarios. Esta peregrina pretención muy seguramente fue la principal razón por lo que los chilenos rechazaron la nueva constitución.
Para la prestigiosa revista The Economist, en general, el proyecto era un embrollo confuso, lleno de un lenguaje vago que garantizaba más o menos décadas de disputas sobre lo que realmente significa: “La “naturaleza” tendría derechos. El proyecto mencionaba el “género” 39 veces. Las sentencias judiciales, la policía y el sistema nacional de salud tendrían que funcionar con una “perspectiva de género”, que no definía. El documento era mucho menos favorable a las empresas o al crecimiento que la Constitución actual. Daba a los sindicatos el derecho exclusivo a representar a los trabajadores, les garantizaba la participación en la toma de decisiones de las empresas y les permitía hacer huelga por cualquier motivo, no sólo los relacionados con el trabajo. Decía que todo el mundo tiene “derecho al trabajo” y que “se prohíbe toda forma de precariedad laboral”. Esto habría hecho casi imposible el despido. Los propietarios de tierras, como los agricultores, podrían perder los derechos de propiedad del agua en sus tierras. La compensación por las tierras expropiadas no sería a precio de mercado, sino a lo que el Congreso considere “justo”. El proyecto creaba una cartera de derechos socioeconómicos que podría disparar el presupuesto. Exigía la creación de varios organismos nuevos, como un sistema nacional de salud integrado, y la atención de la cuna a la tumba, sin pensar demasiado en cómo se financiarían. El Estado supervisaría la provisión de vivienda, a la que dice que toda persona tiene derecho. Se prohibiría la especulación inmobiliaria. También la educación con fines de lucro. Los controles legales del gobierno se diluirían. Un nuevo consejo tendría poder sobre todos los nombramientos judiciales; anteriormente el Tribunal Supremo, el presidente, el tribunal de apelaciones y el Senado tenían un papel. El proyecto modificaba el proceso presupuestario al otorgar al Congreso nuevos poderes para proponer proyectos de ley de gastos, aunque el presidente pueda vetarlos.”
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El gobierno de Boric se debe esforzar en presentarle al electorado chileno una nueva carta magna que no debilite la separación de los poderes del Estado ni los balances y controles necesarios de una democracia
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Una vez rechazada la propuesta de la nueva Constitución, el gobierno de Boric se debe esforzar en presentarle al electorado chileno una nueva carta magna que no debilite la separación de los poderes del Estado ni los balances y controles necesarios de una democracia. El nuevo documento debe ser mucho más amigable al crecimiento económico que en últimas, es el que permite crear un estado de bienestar social. Tambien debería evita tonterías como el que el Estado debía “promover el patrimonio culinario y gastronómico” de Chile y reconocer “la espiritualidad como elemento esencial del ser humano”. El poner que todo chileno tiene “derecho al deporte”, es de una simpleza tan grande como el afirmar que todo chileno tiene “derecho a la completa satisfacción sexual”.
