Las dinámicas de las movilizaciones que se han adelantado en territorio boyacense durante el estallido social que tuvo inicio el 28 de abril de 2021 han desembocado en la caída de una narrativa que define al departamento como "tierra de paz", dando cuenta de que este sufre una guerra silenciosa donde la paz se ve más como una promoción electoral que como una política del gobierno local.
Jugar con la paz como estrategia electoral lamentablemente da votos. Esto es algo que han entendido quienes desde hace años han estado a cargo de la política del departamento y que a su vez se han encargado de desconocer y negar una serie de conflictos que tienen y han tenido secuelas en la estructura de la cotidianidad de aquella comunidad que ha tenido que vivenciarlos. Lo anterior dando cuenta de que los más favorecidos han sido un pequeño grupo político que busca ser corriente política a nivel nacional. Para muchos, la paz se implementó desde la firma de los acuerdos de La Habana con la antigua guerrilla Farc-Ep, pero al ver la realidad es difícil creer en tal afirmación, menos cuando en este territorio no ha habido el reconocimiento como primer paso para materializar la paz.
Esta discursiva de negación y de no reconocimiento de esta guerra silenciosa y sus secuelas tiene repercusiones tanto en el presente más cercano (Paro Nacional 28A) como en futuro no muy lejano (comicios electorales). Y es que no es descabellado pensar que las necesidades de la sociedad civil —entre ellas la educación y la paz— serán usadas para alimentar propuestas populistas y demagógicas que simplemente perpetuarán —aún más— el proselitismo político en Boyacá.
Y aunque las distintas jornadas de movilización convocadas en el marco del paro en el departamento se caracterizaron por su apuesta pacífica —desde el arte, la cultura, las consignas, las ollas comunitarias, los bloqueos y las tomas se buscó reivindicar las banderas de lucha que el movimiento social izó sobre la palestra pública—, cabe resaltar que estas no han sido del todo pacíficas, pues tanto manifestantes como sociedad civil han sufrido una guerra silenciosa que se ha caracterizado por perfilar, señalar, estigmatizar e incluso individualizar a las y los manifestantes; además de desconocer a quienes ejercen su derecho a proteger derechos, como es el caso que sucede con las y los defensores de derechos humanos de las diferentes organizaciones sociales que conforman la comisión de verificación de Boyacá; otro de los elementos que causa impacto es el caso de las distintas amenazas que se han presentado en los puntos de bloqueos, donde nace el siguiente interrogante: ¿En serio Boyacá es tierra de paz?
Para dar respuesta a este interrogante, debemos tener claro que la no presencia de actores armados al margen de la ley no garantiza que un territorio esté en paz, así como la fuerte presencia militar en los territorios no es sinónimo de seguridad. Cuestionar qué es la paz y cuáles son los mínimos de justicia social que la acompañan nos hace pensarnos en dar solución a las problemáticas estructurales presentes en la actualidad y a reconocer aquel conflicto que azota al territorio, para que haya una reparación real y de reivindicación, que a su vez sea un ejercicio de reconocimiento, memoria y compromiso de no repetición para con aquellos y aquellas que han caído a manos de la guerra.
