Como el profesor que toma una lección a sus alumnos y los pasa a la pizarra, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, les pidió a todos sus compañeros de gabinete que le explicaran sus prioridades en materia de gasto público y que le contarán, con ejemplo concretos, en qué utilizarían los recursos que llegarán próximamente vía adición presupuestal.
La tarea -a la que nadie se resistió- se cumplió el jueves 11 de mayo en la Casa de Nariño ante el presidente Gustavo Petro atento, lápiz en mano.
Bonilla les pidió a sus colegas que haya absoluta certeza sobre el uso racional de los recursos para garantizar la eficacia del gasto, el respeto a la regla fiscal y para que las inversiones que se deriven de allí tengan un auténtico rostro social.
El proyecto de ley de adición presupuestal, radicado en la Cámara de Representantes en febrero pasado, contempla un monto de $25,4 billones. Los cálculos que le dejó hecho a Bonilla su antecesor, José Antonio Ocampo, contemplan que el 89,2% de la adición al gasto del gobierno se usarán para la ejecución de metas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo y el otro 10,8% para el cumplimiento de obligaciones legales.
La pasada al tablero sirvió, en principio, para aclarar metas, para hacer una exploración previa al proyecto y para mirar en perspectivas posibles ajustes. Al examen oral seguirá uno escrito con justificación estricta del gasto. El ejercicio también será útil para calcular el efecto de la ley de garantías que comenzará a regir en junio y cuyo propósito central es impedir que ese gasto público sea utilizado para lubricar la maquinaria de campañas electorales.
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