El Centro Democrático se ha expresado en contra de la ley del borrón y cuenta nueva. Lo peor de todo es que debería ser exequible, considerando que en este errático país abundan los tachones de cada gobierno, y el borrón y cuenta nueva en los sucesivos.
Primero, es consabido el terrorismo impuesto por el sector financiero y la impunidad con la que explotan a los ciudadanos; de hecho, los integrantes del Consejo Gremial Nacional advirtieron al Congreso que esa iniciativa dañaría la calidad de la cartera y fomentaría la cultura del no pago. Como sea, el gobierno corporativo de Duque deberá acatar esta justicia especial para la paz financiera, que representa una amnistía, por única vez, para las personas reportadas en las centrales de riesgo, que paguen su deuda.
Acostumbrado a anunciar récords de utilidades, es normal que resienta un eventual reporte de ganancias multimillonarias; por otro lado, esos audaces oligopolios sabrán identificar la oportunidad, sea en que los millones de colombianos liberados reincidan, y soliciten de nuevo créditos. Además del Síndrome de "Esto-es el-colmo", también existe la posibilidad de "corregir" cualquier atisbo de pérdida, inflando los costos tal como ocurrió tras la Ley 2009/2019 (impulsada también por David Barguil).
Respecto a la cultura del no pago, estos embajadores del mercader de Venecia deberían dejar el teatro. La deuda fue concebida para compensar la insuficiente capacidad adquisitiva, y, aunque el Banco de la República baje las tasas de referencia, las entidades financieras cualquier señal de buena voluntad. Los intereses son impagables, pues su tendencia es el techo de usura; es como si existiera un acuerdo de precios con su competencia, el "gota a gota".
Segundo, desconozco si el ministro de Vivienda introdujo alguna "fe de erratas" al documento por el cual le otorgaron el crédito doctoral, pues violó la propiedad intelectual. Al margen de esto, conviene construir alguna "fe de errores" que aluda a las posverdades de la iniciativa que anunció la semana pasada, pues, además de copiar siempre de los mismos países, el gobierno insiste en hacer las cosas al revés, comprometiendo al ciudadano por una "inversión".
La denominada "hipoteca inversa" no garantiza ningún "derecho" fundamental, que es lo que debería promover cualquier gobierno decente, y cuya garantía debería asegurar la Corte Constitucional, si las cosas se hicieran al derecho. Hecha a la medida de una minoría, esa medida de "emergencia" es ridícula incluso en un país "emergente", donde antes de la pandemia el 52% de los ciudadanos llevaba desempleado más de 5 años; solo 18% de la población tenía empleo formal, y, de ese segmento, 83% recibía ingresos menores a 2 mínimos legales, cifra inferior al mínimo vital (¿Colombia Repunta?, Portafolio, 21/2/2017).
Es una pena que un egresado de la Universidad Nacional de Colombia finja ignorar esta realidad. Claro, seguramente es evidencia del arribismo que contagió a nuestra sociedad, donde rige el "sálvese quien pueda". Pues bien, anteriormente investigador de ANIF y vicepresidente técnico de Asobancaria, “encargado de los temas misionales del sector financiero”, es evidente su sesgo, que rentabiliza la vivienda como activo y no la socializa como derecho.
Al paso que va está haciendo méritos para que Duque lo nombre reemplazo de "Charrasquilla".
Este país tiene pobre capacidad adquisitiva y es de arrendatarios; de hecho, los costos de los alquileres resultan tan prohibitivos como los de la compra (Estudio sobre el mercado de arrendamiento de vivienda en Colombia - # IDB-TN-372. BID, 2012), y los Subsidios No VIS benefician a quienes tienen casa y poder adquisitivo, reforzando la elevada concentración de la propiedad en el país.
Reflejo de esa polarización, además de la erosión y marginación de la clase media, “los hogares propietarios […] presentan proporciones más altas de participación al interior del estrato más bajo (uno) y de los dos más altos (cinco y seis), que son los extremos de la escala” (ídem). Además de la cobertura, la calidad es un problema, pues 38% de los colombianos habita en viviendas en déficit cuantitativo y cualitativo (Déficit Habitacional. DANE, 2020); de ese segmento, 48,7% vive del rebusque y 23.8% está dedicada al hogar; 20.7% estudia, y sólo 1% tiene pensión o renta.
Las cuentas no dan, presidente y ministro. Vuélvanlas a hacer y de paso pídale a los ministros de Comercio y Hacienda que revisen las de los subsidios a la nómina, pues apenas el 53% de los recursos han beneficiado a las mipymes, que representan más del 90% del universo empresarial del país (Portafolio, Junio 11 de 2020).
Claro, esto no debería causar sorpresa, cuando es el 99% de la riqueza lo concentra el 1% de la población. Borrón y cuenta nueva, el país no solo no avanza, sino que sigue retrocediendo por la fuerza de la plutocracia y su oligopolio.
