Estos días la realidad colombiana se ha visto inmersa en un episodio de recordación generalizado, cuando por una denuncia del senador Iván Cepeda, se dio a conocer que nuevamente en el marco de un bombardeo contra un jefe del ELN han fenecido cuatro menores de edad en circunstancias atroces.
Por estas acciones bélicas, el ministro de Defensa Diego Molano fue citado a debate de control político en el Congreso, ante el cual se defendió diciendo que se trataba de una operación totalmente legítima.
Sin embargo, es de atisbo que la conversación va más allá de decir si fue o no legítimo un bombardeo; en el entendido de que ya se lleva cometiendo el mismo error en varias ocasiones. El más reciente fue la metida de pata del ministro de Defensa Botero, quien también adelantó una operación de bombardeo que se llevó la vida de menores. Por tanto, es hora de preguntarse: ¿qué pasa con la labor de inteligencia?
En un país como Colombia, que ha estado inmerso en una guerra con distintos grupos subversivos, se ha de entender que tendría los mejores servicios de inteligencia en el ámbito Latinoamérica, por lo menos; pero estos se ven opacados cuando acaecen sucesos como el ocurrido. Resulta fantasioso pensar en cómo el servicio de inteligencia tuvo el tacto para saber la ubicación del ataque, pero no para saber si había menores o no, o en qué momento dar la orden de ejecución.
Sabemos que las estructuras criminales utilizan menores de edad como refugio, pues saben que están amparados en varias convenciones y tratados internacionales, que impiden la ejecución de actividades bélicas por parte del Estado contra esos objetivos. Tampoco, para nadie es un secreto que un menor de edad con un rifle en la mano y con el adoctrinamiento necesario se puede convertir en un arma de guerra.
Empero, las cosas se deben hacerse bien o no se hacen. Se debe ir tras el dueño del circo y no de los payasos; vamos por el cabecilla, más no por los menores dentro del campamento.
Así pues, se ha de decir que en esta operación militar hubo errores de parte y parte, tanto del gobierno como de la inteligencia. Por un lado, el servicio de inteligencia resultó díscolo a la hora de dar los datos para la ejecución de la operación en términos del tiempo y las personas que se encontraban en el campamento. Por el otro lado, tenemos la actividad ocultista del gobierno, que pese a haber realizado la operación y saber que hubo bajas de menores de edad no dijo nada a la opinión pública, actuación que deja muchas dudas.
Si la operación fue legítima como dijo el ministro Diego Molano, ¿por qué ocultarla? ¿Por qué esperar a que sea un congresista quien denuncie los hechos? Si el Estado actúo dentro de las potestades que le confiere la ley, lo mejor es informarle al pueblo el porqué de la operación y el para qué de la operación, además de informar con amplitud todo el procedimiento, para que después no queden ciertos vacíos como este, en el que la población se vino a enterar que menores murieron casi un mes después de los acontecimientos.
Y al gobierno le digo: no se tomen tan enserio a Maquiavelo, que a veces el fin no justifica los medios.
