Lo que acontece en Colombia es de una dimensión y una complejidad asombrosa, que para ser comprendida hay que acudir al espíritu del realismo mágico y al estudio de lo no-evidente, a fin de desentrañar la oscura cadena de hechos, intereses y actores, identificar conexiones y desconexiones, heterogeneidades y multiplicidades, significados y significantes, y poder así captar el movimiento real que fluye en los límites e intersticios de nuestra sociedad.
El último suceso tiene que ver con el entramado de corrupción de Odebrecht que compromete al Fiscal General. El ingrediente explosivo es la desaparición súbita e inesperada del testigo clave de la investigación, el envenenamiento de uno de sus hijos, el extraño accidente en Chile de la fiscal del caso (que la tiene al borde de la muerte) y la difusión en medios de comunicación de pruebas póstumas que confirman las denuncias de periodistas y políticos de oposición.
Hechos puntuales sobre el “caso Odebrecht” y el Fiscal General
- El caso de corrupción de Odebrecht compromete en Colombia a los expresidentes Uribe y Santos, al actual presidente Duque, a varios candidatos presidenciales de períodos precedentes (Santos, Zuluaga, Duque), al poderoso potentado empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo (Grupo Aval y Corficolombiana) y a muchos funcionarios, intermediarios y políticos corruptos.
- Néstor Humberto Martínez Neira fue elegido Fiscal General de la Nación hace 2 años. Además de haber sido ministro del interior y de justicia de gobiernos anteriores fue ministro de la presidencia en el último período de Santos, y asesor jurídico de empresarios colombianos y extranjeros, entre ellos el Grupo Aval, que está comprometido en el caso Odebrecht.
- Fue un nombramiento hecho a dedo. Esa decisión política es camuflada en Colombia con la elección en la Corte Suprema de Justicia de una terna presentada por el presidente de la República. Martínez Neira contó con el apoyo de todos los partidos políticos del establecimiento oligárquico y de los gremios empresariales.
- Jorge Robledo y Claudia López, senadores del Polo Democrático y Alianza Verde, cuestionaron esa designación. A la cabeza de sus partidos y de amplios sectores de opinión denunciaron por conflicto de intereses al Fiscal General y solicitaron con vehemencia su marginación de la investigación por corrupción de Odebrecht y el nombramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de un fiscal Ad-hoc independiente de la Fiscalía para garantizar imparcialidad y transparencia en esa acción judicial. En su momento, no lograron mayor resultado.
- Hasta la fecha esa investigación ha comprometido a funcionarios y políticos de segundo nivel o rango, y a diferencia de lo ocurrido en otros países de América Latina en donde presidentes, altos funcionarios del Estado y grandes empresarios han terminado en la cárcel, en Colombia esa investigación no avanza y se ha visto entorpecida por los mismos funcionarios judiciales.
- Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d.), auditor del consorcio creado por Corficolombiana y Odebrecht en Colombia, identificó desde 2013 actuaciones sospechosas que violaban la normatividad y la ética profesional; en 2015 presentó indicios y pruebas a Néstor Humberto Martínez, por ese entonces asesor jurídico del Grupo Aval, para que la empresa iniciara una investigación interna. Pocos días después Martínez Neira fue elegido Fiscal General de la Nación y, en vez de profundizar la investigación, acorraló al denunciante y obstaculizó el avance de la misma.
- Las declaraciones concedidas por Jorge Enrique Pizano y los audios de entrevistas con Néstor Humberto Martínez entregados al Canal 1 de televisión y a otros periodistas, que fueron difundidos parcialmente en forma póstuma el pasado 12 de noviembre por voluntad del denunciante, sacaron a relucir un entramado criminal de altos quilates, donde el Fiscal General es protagonista pero hay otros comprometidos con mayor y gran poder. De acuerdo a lo conocido, Pizano creía que su vida estaba en peligro y autorizó a los comunicadores a hacer público su contenido si algo ocurría contra su integridad. Para agravar los hechos, su hijo Alejandro murió envenenado tres días después del deceso de su progenitor cuando consumió un líquido que estaba en el escritorio de su padre. Todo apunta a que Pizano no murió de un ataque cardíaco como inicialmente se dijo sino que fue asesinado. Las aguas turbias se agitan pero ocultan la verdad.
Primera conclusión: El actual Fiscal General debió ser nombrado por Santos, Uribe, Sarmiento Angulo y todas las mafias que nos gobiernan para proteger sus negocios y encubrir grandes crímenes.
La evolución de la política colombiana y los intereses en juego
Colombia es el único país de Latinoamérica donde las fuerzas democráticas desarrollaron una amplia lucha contra la corrupción político-administrativa, involucrando a la ciudadanía en actividades de denuncia, recolección de firmas, consulta popular, iniciativas legislativas contra la actividad corruptora y vigilancia activa de hechos punibles que comprometen a funcionarios del poder ejecutivo, legislativo, judicial y contratistas privados. En los demás países la lucha contra la corrupción se usó por las clases dominantes para contrarrestar a las fuerzas del cambio como ocurrió con los procesos contra Lula (Brasil), Cristina Kirchner (Argentina) y Correa (Ecuador), aprovechando debilidades ideológicas y graves errores cometidos en su gestión de gobierno.
Tales acciones anticorrupción incidieron positivamente en la pasada campaña electoral y consiguieron que hasta los partidos políticos tradicionales, incluyendo a su candidato Iván Duque, hoy presidente en ejercicio, se comprometieran a impulsar en el Congreso los 7 puntos de la consulta anticorrupción respaldada por 12 millones de personas. Además, ese espíritu de ética pública ha obligado al gobierno a desechar —así sea en apariencia— el uso de canonjías (“mermelada”) para obtener el apoyo político de los congresistas para sus iniciativas legislativas.
No obstante, la casta dominante colombiana ha intentado arrebatar la iniciativa de la lucha contra la corrupción a la oposición. Para eso nombraron al fiscal Martínez y al procurador Carrillo. Santos en medio de las afujías del “proceso de paz” logró ese consenso en el seno del establecimiento oficial. Esos altos funcionarios tienen la función de legitimar la institucionalidad en crisis. Para tal fin el fiscal lanzó una especie de “justicia mediática” usando una serie de casos judiciales (cartel de la “Toga”, supuestos testaferros de las Farc, etc.) para tapar asuntos gruesos que comprometen a sus multimillonarios patrones. Igual, intentan debilitarla jurisdicción especial de paz (JEP) en favor de intereses de políticos, empresarios y militares que quieren enterrar la verdad que está en el trasfondo del conflicto armado.
Para entender la situación actual hay que retrotraerse a lo ocurrido en la campaña electoral. Todo estaba a favor de que un candidato de los partidos democráticos “anticorruptos” (Polo-Verde-Compromiso Ciudadano-Colombia Humana) fuera electo. Sin embargo, algunas incoherencias y desaciertos de sus candidatos facilitaron a las derechas corruptas el triunfo electoral de su aspirante (Duque) que posó de “anticorrupto” y se comprometió a “no hacer trizas” los acuerdos con las Farc. Es en ese contexto que Uribe diseñó su estrategia para negociar desde el gobierno su impunidad frente a las investigaciones que le respiraban en la nuca. Una vez posesionado Duque, el expresidente forcejeó con la Corte Suprema de Justicia y consiguió que su caso de manipulación de testigos pasara a manos de una magistrada formada en las filas del ejército. Es un hecho a tener en cuenta.
Segunda conclusión: Uribe usa a Duque porque era la única carta para lograr el gobierno y garantizar su impunidad y la de sus cómplices. No obstante, la coalición de gobierno es débil e incoherente.
El gobierno Duque y su impotente demagogia
Iván Duque heredó del gobierno Santos la aceptación de Colombia en la OCDE que acaba de ser sancionada por el Congreso colombiano como si fuera una decisión soberana y autónoma. Esa coalición económica de poderosos Estados que representan a la oligarquía financiera global está interesada en invertir grandes capitales en nuestro país e impone condiciones básicas y mínimas para asegurar sus objetivos. Entre ellas está la continuidad del proceso de paz y la adecuación de la normatividad tributaria, fiscal y salarial a fin de garantizar la obtención de pingües ganancias de los negocios proyectados. Es un compromiso que Uribe y Duque conocían de antemano.
Solo teniendo en cuenta esa circunstancia se pueden entender los actos de este gobierno. Ellos son conscientes que si no hubiera sido por la aureola de miedo que generaban las Farc, Petro los habría derrotado en las elecciones como lo hizo AMLO en México. Pero no tienen claro el panorama ni la estrategia a seguir. Están obligados a mantener el proceso de paz pero lo que realmente les preocupa es cómo aplicar el paquete neoliberal impuesto por la oligarquía financiera global sin generar un estallido popular. Saben que si no fuera por los recursos que irriga la industria del narcotráfico en la economía legal, la conflictividad social pondría en jaque su institucionalidad, y por ello tienen que jugar con mucho tacto y demagogia para engañar.
Por ello juegan al reformismo en el Congreso para distraer a la opinión pública. Miden el aceite con la llamada “ley de financiamiento” para subir impuestos a las clases medias y bajar tributos a los ricos como lo ordenó la OCDE, pero son conscientes del limitado margen de maniobra que tienen. Además, Duque no tiene el talante para lidiar con los graves problemas represados y heredados de administraciones anteriores, y ellos lo saben. Él es un pobre reflejo de la forma como ganó las elecciones, usando el miedo y las mentiras para llegar sin tener claro cómo van a sobreaguar una situación económica y fiscal que los obligará a recortar el gasto social porque son incapaces de afectar a los poderes financieros y mafias de todo tipo, que son sus patrocinadores.
El fenómeno que se avizora en el próximo futuro es la quiebra interna del uribismo (como ya se observa) y la desbandada general de políticos corruptos que buscarán camuflarse de demócratas y hasta de “izquierdistas” para tratar de mantener su control en los gobiernos locales y regionales. La movilización social iniciada por el paro nacional universitario y el rechazo popular a las intenciones de gravar con IVA la canasta familiar (comida), son solo antecedentes de las movilizaciones que vendrán: contra el alza de los precios de los combustibles, la persecución de la economía informal (Sanandresitos y ventas ambulantes), y los incrementos en impuestos prediales y recortes de los subsidios a los servicios públicos que inevitablemente el gobierno aplicará para balancear sus gastos. Además de los incumplimientos a cocaleros y a otros sectores sociales involucrados en el posconflicto o que tienen acuerdos incumplidos.
Las fuerzas democráticas y los movimientos sociales tendrán que unificar fuerzas y enfoques para ponerse a la cabeza de la movilización social de cara a las elecciones regionales y locales. La lucha contra la corrupción debe profundizarse y algunos aspectos programáticos que se convirtieron en ejes de la pasada campaña electoral tendrán que aterrizarse frente a la realidad de municipios y departamentos. Se trata de impulsar un salto cualitativo de las fuerzas políticas del cambio, la defensa de la vida y la esperanza de un mundo mejor. En Colombia como en México las fuerzas democráticas pueden pasar a la ofensiva pero deberán tener cuidado frente a temas difíciles que pueden ser explotados por las derechas ultraconservadoras si no se manejan con criterio democrático e incluyente (diferencias étnicas, de género, religiosos, inmigrantes, etc.).
Tercera conclusión: Los Bolsonaros en Colombia están a la defensiva, solo les interesa su impunidad. Hay que confiar y apoyarse en la gente. La movilización social está a la orden del día.
