El expresidente ultraderechista de Brasil Jair Bolsonaro llegó este miércoles por la mañana a la sede de la Policía Federal (PF) de Brasilia para declarar, por orden de un juez, por presuntamente incitar a sus partidarios radicales a invadir violentamente las sedes de los tres poderes el pasado 8 de enero.

Según informó la prensa local, el exmandatario llegó acompañado de sus abogados pocos minutos antes de las 9:00 locales (12H00 GMT).

También se espera que este miércoles el Congreso instale una comisión de investigación sobre los ataques.

El polémico exmandatario comenzó a ser investigado a instancias del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, quien la semana pasada ordenó que fuera interrogado por la PF en un plazo de diez días.

"Medida indispensable"

"La declaración de Jair Messias Bolsonaro, en los términos señalados por el Ministerio Público, es una medida indispensable para el completo esclarecimiento de los hechos investigados", escribió el juez.

Bolsonaro es uno de los más de 1.300 denunciados por la Fiscalía, que dividió sus acusaciones en cuatro categorías: los instigadores, los ejecutores, los financiadores y los agentes públicos que con su omisión facilitaron la invasión.

En el caso del excapitán del Ejército, el ente acusador dijo "habría supuestamente incitado la perpetración de crímenes contra el Estado de Derecho" el 8 de enero, una semana después de la asunción de su rival político, Luiz Inácio Lula da Silva, a la presidencia.

Ese día, cientos de partidarios descontentos con el regreso del izquierdista al poder invadieron y destrozaron furiosamente los icónicos edificios del presidencial del Palacio de Planalto, el Congreso y el STF.

Lula, así como muchos políticos y analistas, responsabilizó al exmandatario, que en ese entonces se encontraba en EE.UU., adonde había viajado antes participar en la ceremonia de traspaso de poder.

"Jamás pasó por nuestra cabeza"

Durante años, el excapitán del Ejército se dedicó a sembrar dudas sobre la fiabilidad del sistema electrónico de voto, a arengar a sus partidarios en contra de los jueces del STF y, tras los resultados de las elecciones de octubre, se negó a reconocer su derrota de manera explícita.

Todo ello explica que muchos le acusen por el peor ataque a la democracia en la historia reciente de Brasil. Pero él lo niega.

Antes de su retorno a Brasil, Bolsonaro rebatió las acusaciones durante una entrevista concedida a la cadena Jovem Pan, desde EE.UU., donde permaneció hasta el pasado 30 de marzo.

"Si quisiera dar un golpe, lo hubiera dado mientras era presidente, pero jamás pasó por nuestra cabeza", declaró.

La CPMI "de los actos golpistas"

Si es imputado y juzgado, Bolsonaro pasaría a responder por varios delitos, entre ellos de incitación al crimen, que conlleva en caso de condena penas de cárcel. Sea cual sea el desenlace, lo que está claro es que será un proceso largo.

"Al ordenar a la PF que escuche al expresidente, el juez Alexandre de Moraes señaló que es necesario responsabilizar a los autores intelectuales del ataque a la democracia. Y los investigadores ya saben que el golpe tuvo un jefe", escribió en el diario O Globo el periodista Bernardo Mello Franco.

Pero a la vía judicial se la añadirá probablemente este miércoles la parlamentaria, cuando quede instalada una comisión de investigación de los ataques, formada legisladores de la Cámara y el Senado para determinar las responsabilidades.

Bautizada por la prensa como "CPMI de los Actos Golpistas", la comisión promete semanas de acalorados enfrentamientos entre diputados oficialistas y opositores con sus distintas versiones sobre los hechos.

Incierto futuro

Para el exmandatario los ataques de Brasilia, que ya han dejado 100 imputados, es uno más de los enredos que tiene en la justicia y que ensombrecen mucho su futuro político y personal.

En el STF, tiene abiertos varios procesos que podrían conllevar penas de cárcel u otras medidas, entre ellos uno que investiga los ataques y noticias falsas sobre a los jueces de la máximo corte. Al perder Bolsonaro su inmunidad tras dejar el cargo, esos procesos podrían pasar a la justicia común, más expedita.

Además, tiene una quincena de causas en la justicia electoral, entre ellas por difundir noticias falsas sobre las elecciones, con consecuencias imprevisibles para el mandatario, que según él mismo y los expertos, tiene muchas opciones de ser impedido de presentarse a las próximas elecciones.

A principios de abril, ya tuvo que acudir a la PF para declarar por el polémico caso de los tres paquetes de lujosas joyas que la monarquía de Arabia Saudita le regaló durante su mandato a él y a su mujer, uno de los cuales fue incautado al intentarlo entrar ilegalmente en Brasil.

El asunto podría ser encuadrado en un crimen de corrupción.

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