El 2 de mayo del 2002 el país se enteró de que existía en algún lugar de la selva chocoana, un municipio llamado Bojayá. Se supo algo de un cilindro, de una iglesia, de muchos muertos y de profunda tristeza. Mientras algunos se encargaron de utilizar este hecho para emprender campaña política contra las FARC, y justificar así la continuación de la guerra; en Bellavista, la cabecera municipal de Bojayá donde ocurrió la masacre, el río Atrato recibía las lágrimas, los cantos y la sangre de las 119 víctimas que dejó el hecho violento.
Aunque este hecho conmovió al país, no es de conocimiento general lo que pasó después. ¿Cómo las personas siguieron con su vida después de esto? ¿Qué tipo de acciones se tomaron para reparar a las víctimas? ¿Cómo viven hoy en día las personas de Bojayá? Las respuestas no son tan esperanzadoras como podrían serlo en un contexto de pos acuerdo donde se han creado tantas instituciones y programas cuya eterna promesa es la paz en Colombia.
Foto de: Viviana Murcia Castelblanco
Justo después de la masacre, el expresidente Andrés Pastrana visitó en julio la cabecera municipal de Bojayá. “Nunca pensamos tener un presidente por acá en esta zona, teníamos que poner los muertos para que eso pasara”, dice Boris, un líder y artista de Bellavista. Durante la visita de Pastrana, el río Atrato estaba bastante crecido, situación común durante el invierno, por lo que la mayoría de casas estaban inundadas. Para una persona como el expresidente, acomodado en la capital del país, este escenario era lo más parecido a la barbarie descrita por tantos autores latinoamericanos durante el siglo XIX. Por esto, se hizo la propuesta de reubicar al pueblo, a una loma donde no se inundaran y tuvieran una infraestructura moderna, un centro de la civilización en medio del Atrato.
Hoy, las 1.400 personas de Bellavista, en casas de cemento que se calientan bastante con el sol de mediodía, todas agrupadas en forma de condominio urbano, y evidentemente lejos del río para evitar las inundaciones llevan actualmente dos meses sin energía ni agua. “Tenemos que desde el mes de diciembre no hay modo de acceder a ningún tipo de alimento refrigerado y las tiendas que los ofrecen lo hacen porque tienen una planta de energía propia, pero los productos son muy costosos y la gente empobrecida no puede comprarlos. Los niños, para la escuela, les toca estudiar con vela y con muchos zancudos. ¿La paz donde está? La comunidad está pidiendo que se reactive el derecho a 24 horas de energía” (José de la Cruz Valencia Córdoba, miembro del comité de víctimas de Bojayá).
Foto de: Viviana Murcia Castelblanco
Además del problema de la energía está el del agua. “Antes nos inundábamos y hoy no tenemos agua” dice Domingo recordando con nostalgia la vida en el viejo Bellavista, donde en casas de madera en frente del río al menos no pasaban trabajo para acceder al agua. En el momento de la reubicación se instaló una planta eléctrica para el pueblo, esta solo funcionaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana, hasta hace dos meses que dejó de funcionar en absoluto. Cuando se dañaba la planta, porque no es la primera vez que pasa, mandaban un técnico de Medellín que se demoraba 5 días mínimo en llegar, porque en Bellavista no hay nadie capacitado en el manejo de la planta. Por el lado del agua, en los compromisos de la reubicación del pueblo estaba la construcción de un acueducto, el cual en este momento sigue en estudios exploratorios. Hasta ahora solo tienen un sistema de tanques que manda el agua por bombeo a las casas, pero no a todas, porque la fuerza del sistema no alcanza a llegar a las casas más lejanas de los barrios.
“Necesitamos soluciones definitivas, urgentes. No tenemos agua potable, a la comunidad le toca irse al río a bañarse, lavar y hasta tomar agua, pero el río está contaminado. Estamos a la espera que los entes responsables nos den alguna respuesta” explica Kevin Mena Álvarez, bocal de control social de los servicios públicos de Bojayá.
Foto de: Viviana Murcia Castelblanco
Es responsabilidad del alcalde y de la administración municipal dar una solución a los habitantes de Bellavista que llevan dos meses en “La edad de Piedra” como dice Edwin Allín, miembro del comité de víctimas. “Después de dos meses de ausencia de servicios, creemos que las entidades del ministerio publico, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del pueblo deberían mediar para garantizar los derechos de la población que se están poniendo en riesgo por la negligencia de los servidores públicos. Bojayá no aguanta más, necesitamos soluciones”.
