Por su pésimo esquema de aseo y recolección de basuras, el que Bogotá se haya vuelto un cochinero salta a la vista de todos… o de casi todos.
No, así a los ojos de la Procuraduría General de la Nación, que ni siquiera ha iniciado una investigación para deslindar responsabilidades entre los funcionarios negligentes o abiertamente inescrupulosos que diseñaron y favorecieron la concesión vigente, otorgada en tiempos del entonces alcalde Enrique Peñalosa.
Un principio básico para la adecuada gestión de residuos es la llamada jerarquía de gestión de residuos, que consiste en evitar, reducir y reutilizar antes que reciclar o desechar, pero el actual esquema de recolección lo viola flagrantemente.
El hecho de que el contrato de concesión estableciera que debían usarse bolsas plásticas para las labores de aseo y recolección era ya un error técnico garrafal, que ha llevado, por ejemplo, a desperdiciar millones de esas bolsas cada mes.
Y por si fuera poco, la instalación de miles de canecas en las calles de Bogotá se volvió una invitación a botar basura en la calle que antes se entregaba correctamente a los camiones de recolección, con doble detrimento para las arcas del distrito tanto por las canecas mismas (que sólo se han vandalizado) como por lo que se deja de facturar en aseo.
Si la gestión pública es deficiente por negligencia o abierta complicidad con malas prácticas, pero se visibiliza y se castiga de manera ejemplarizante, los errores se pueden corregir o al menos se puede evitar que se repitan en el futuro.
De lo contrario, ante la inacción de los organismos de control, sólo se perpetúan en el tiempo, con el consecuente deterioro, en este caso, de la ciudad y un desperdicio ingente de recursos.
Para abordar el tema, se buscó una entrevista con el actual procurador Gregorio Eljach o con quien él tuviera a bien delegar, pero pese a la gravedad del asunto, las preguntas sólo fueron respondidas por la oficina de prensa.
Y en esas respuestas, evasivas y tangenciales, no hay el menor inicio de que la Procuraduría al menos tenga intención de abrir una investigación de oficio, como el lector podrá constatar a continuación:
Dado que la actual concesión del servicio de aseo en Bogotá carece de fundamentos técnicos, pues obvia los más básicos principios de la buena gestión de residuos, quienes la diseñaron y avalaron ¿no deberían ser incluso inhabilitados para ejercer cargos públicos como sanción ejemplarizante?
Las decisiones en la gestión pública deben ser evaluadas a través de procesos de auditoría y análisis exhaustivo, los cuales permiten determinar si se cumplió con los principios fundamentales de eficiencia, transparencia y sostenibilidad en la implementación de políticas públicas.
En este caso, cualquier sanción debe basarse en evidencias claras de incumplimiento de normativas o negligencia en el ejercicio de la función pública, conforme a la normativa vigente.
En gestión de residuos hay un principio básico que se llama la "jerarquía de gestión de residuos", que consiste en evitar, reducir y reutilizar antes que reciclar o desechar. ¿Conocían ustedes este principio básico?
Sí, el principio de la jerarquía de gestión de residuos es un pilar fundamental en la gestión ambiental y es reconocido por las políticas públicas de muchos países, incluidas las de Colombia.
Con base en este principio, en la actual concesión del servicio de aseo y recolección en Bogotá es notorio el desperdicio de bolsas grises. ¿No era ya ese un primer indicio de que algo mal en el actual esquema de recolección?
El uso excesivo de bolsas grises, especialmente cuando no se alinean con los principios de segregación de residuos, puede ser un indicio de la necesidad de revisar y ajustar las estrategias en la gestión del servicio.
La instalación multimillonaria de un sinnúmero de canecas en la ciudad se convirtió en una invitación a la ciudadanía a botar en la calle basura que antes se entregaba a los camiones, canecas que además se han ido robando. ¿No debería también investigarse a quienes otorgaron estos contratos por detrimento patrimonial?
En cualquier proceso de contratación pública, es esencial que se garantice la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos. Las autoridades competentes deben velar por el cumplimiento de los contratos y asegurarse de que los bienes adquiridos sean utilizados de manera efectiva y se tomen las medidas legales necesarias para garantizar la protección del patrimonio público.
La actual concesión del servicio de aseo y recolección se otorgó durante la administración de Beatriz Elena Cárdenas como directora de la Uaesp y Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá. ¿No deberían ser investigados y sancionados por avalar una licitación que ha resultado desastrosa para la capital colombiana en el tema de las basuras?
No se encuentran procesos investigativos abiertos en contra de la señora Beatriz Cárdenas, dado que su deceso ha suspendido cualquier diligencia relacionada. Sobre Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá, no hay procesos activos en el momento.
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