A propósito del “Blindaje Jurídico” de los acuerdos en La Habana, es tan improcedente pero cierto que la mesa de negociaciones se está convirtiendo en una Asamblea Constituyente. En un abrir y cerrar de ojos el pueblo ya no es el soberano, sino unos cuantos representantes del gobierno y de las FARC que procuran que todo lo firmado entre el presidente y el grupo terrorista adquiriría automáticamente rango constitucional.
Aceptar que los acuerdos en La Habana hagan parte del Bloque Constitucional es convertir lo firmado en verdadera fuente de derecho, obligando al Estado colombiano a adecuar las normas de inferior jerarquía a los desaciertos del Gobierno-FARC.
En medio de una crisis de representatividad, con una imagen desfavorable del 84%, las FARC no representan a nadie. Nadie representa el interés general de los colombianos en la mesa de La Habana. Y sin embargo, el Presidente de la República, con una imagen favorable tan solo del 21%, pretende proporcionarles a los acuerdos de La Habana rango constitucional.
Sin duda el golpe más grande de la era Santos a la democracia. Incorporar los acuerdos de La Habana en el Bloque de Constitucionalidad implica reconocer que los acuerdos Gobierno - FARC son un tratado internacional, imposibilitando al Constituyente primario de derogar mediante referendo la ley aprobatoria del acuerdo final, poniendo en cuidados intensivos el Estado Participativo reconocido en la Constitución de 1991.
Un retroceso al Estado Social de Derecho y un Golpe del Estado al Ordenamiento Jurídico, que pone en Jaque Mate la democracia e imposibilita a los colombianos aprobar o desaprobar los acuerdos de La Habana.
Cualquier mecanismo de refrendación es innocuo ante la posibilidad de incluir los acuerdos en el bloque de constitucionalidad, el hecho de ostentar la misma jerarquía de la Constitución, convierte a las normas del bloque en “eje y factor de unidad y cohesión de la sociedad”.
Como es común en el gobierno Santos, ganaron las FARC, grupo terrorista que desde inicio de los diálogos han propuesto una Asamblea Constituyente. El uso de “acuerdos especiales” es sin duda una buena excusa para derogar la refrendación democrática de los acuerdos finales. Es evidente que en la Habana los acuerdos pueden tomar cualquier curso, menos el de fortalecer a democracia.
Una Asamblea Constituyente disfrazada, que pone en riesgo la Constitución de 1991 y que seguramente una vez convocada, se transformara en soberana. Conejo nos hicieron a los colombianos con la refrendación de los acuerdos de la Habana. Una vez más la derrocada fue la democracia. Blindaje contra la participación ciudadana.
@natiibedoya
