El presidente Álvaro Uribe estaba en el top de su prestigio de su segundo gobierno en el 2007, con una popularidad por encima del 70 %. Los precios del petrolero continuaban en ascenso desde el 2003 hasta alcanzar su precio máximo de USD 147 en julio de 2008. En su propósito de estimular la producción agroindustrial, el gobierno Uribe estableció el cronograma para incrementar el componente de alcohol carburante en la gasolina (pasó de 8 % al 10 %) como mecanismo para bajar su costo e impulsar el sector agrícola.
Henry Echeverri, exfuncionario y consultor de Ecopetrol en asocio con otros inversionistas, aprovecharon la coyuntura. Le llegaron a la Junta de Ecopetrol, presidida por Fabio Echeverri, un mega proyecto para producir etanol carburante en los Llanos Orientales a partir del bagazo de la caña. Se trataba de la mayor planta de biocombustibles en el país: Bioenergy.
La idea calaba dentro de la estrategia de desarrollo de altillanura basada en proyectos agroindustriales en tierras áridas y difíciles, pero baratas, similares a las del Cerrado brasilero donde se cultiva caña de azúcar de baja productividad, sin riego, aptas para ser transformadas en etanol. Para la estructuración financiera del mega proyecto en 2008, el presidente de Ecopetrol Javier Gutiérrez contrató por $ 2.400 millones a la firma Visión de Valores de Carlos Gustavo Arrieta y Gustavo Gaviria Ángel, este último había sido miembro de la junta de Ecopetrol hasta setiembre del 2007 y participó en algunas de las discusiones sobre la viabilidad del proyecto. Gaviria Ángel está siendo investigado por un posible conflicto de intereses.
En 2008 la junta directiva aprobó la compra del 98% de las acciones de Bionergy (hoy Ecopetrol posee el 95% y Mitsubishi un 5%), pero las cosas no empezaron bien. Mientras Ecopetrol analizaba la propuesta, los promotores adquirieron unas tierras para levantar la planta (555 hectáreas, conocidas como La Esperanza) que no se pudieron aprovechar por el pasado de ilegalidad en manos de los herederos del esmeraldero Víctor Carranza. Sin embargo, estas extensiones inútiles entraron como activo de Bioenergy cuando Ecopetrol la adquirió. Aunque los valores no están sobre la mesa, se dice que el precio de venta fue 7 veces mayor que su compra. El negocio se realizó a través de empresas creadas en Panamá, circunstancia que también es objeto de investigación.
El 6 de junio de 2008, en el acta de la Junta Directiva de Ecopetrol se aprobó el inicio del proyecto por un valor de USD 140 millones, este incluía una capacidad de procesamiento de 2,1 millones de toneladas de caña por año, más una planta de cogeneración eléctrica de 40 megavatios a partir de bagazo o residuo de caña de azúcar entre los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán. Al año siguiente se abrió el proceso de selección para la construcción de la planta industrial. En diciembre de ese mismo año se invitaron a nueve firmas a participar, de las cuales tres enviaron ofertas, siendo Isolux Corsán de España la seleccionada para su construcción bajo la modalidad llave en mano (ingeniería, procura y construcción), el contrato se firmó en julio de 2010.
Isolux Corsán, había construido varias plantas de biodiesel en España, pero este era su primer proyecto de biocombustibles fuera de Europa. El primer incumplimiento se dio debido a fallas en el proceso de pilotaje por un deficiente estudio de suelos en 2011. Posteriormente, en 2012 y 2013, se presentaron retrasos en ingeniería y compras, pero los retrasos más significativos se generaron por paros laborales generados por incumplimientos en los pagos a los empleados locales. El periódico “El Confidencial” de España, indicó que el problema radicó en que Isolux Corsán habría utilizado los anticipos para dotar liquidez a la matriz en España, en lugar de atender los compromisos que tenía contraídas con los subcontratistas locales.
Con la mitad de la obra por concluir Bionergy da por concluido el contrato con Isolux Corsan en abril de 2014, teniendo que asumir el pago de más de $7.000 millones con trabajadores y contratistas. Ecopetrol reclamó entonces el “pago de la cláusula penal pecuniaria por la suma de 20.99 millones de dólares y la devolución de los anticipos no amortizados”. Isolux presentó una demanda de reconvención en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Houston, Texas (Estados Unidos), solicitando que se declarará el incumplimiento por parte de Bioenergy, en una reclamación por valor de USD 36,72 millones. En mayo 12 de este año, el fallo de la Corte obligó a que ambas partes acordaran pagar y devolver dineros, quedando un saldo en contra para Ecopetrol por un valor superior a 1,2 millones de euros. Ecopetrol había advertido que recuperaría parte del dinero con esta demanda, pero los españoles la ganaron.
Isolux Corsan en España atraviesa dificultades financieras, postrada por un altísimo endeudamiento. Los incumplimientos son mayúsculos: en Chile cuatro de sus siete licitaciones fueron caducadas. Según denuncias del periódico “El Mundo” de España, Isolux Corsán urdió durante años una trama para conseguir adjudicaciones públicas en diversos países de África y Sudamérica a cambio de sobornos a cargos públicos locales, normalmente del 10 %. Otro Oderbrecht que está en la lupa de los investigadores.
La empresa española fue reemplazada a finales de 2014 por el Consorcio Menegua, formado por dos empresas de construcción local: Ismocol, con sede en Bucaramanga, y Morelco, en el Valle de Cauca, ambas contratistas de Ecopetrol. El presidente y accionista de Ismocol es Álvaro Escobar, quién ha sido a su vez presidente de Asocebú; Morelco pertenece en un 70% a la constructora Graña y Montero empresa peruana involucrada en el pago de USD 20 millones en sobornos al ex presidente peruano Alejandro Toledo.
Bioenergy contemplaba la siembra totalmente mecanizada de 14.000 hectáreas (originalmente eran 17.000) de caña; 12.000 de éstas en tierras que son alquiladas no tienen tradición ni vocación agrícola. A pesar del costo de alquiler ser muy inferior al del Valle del Cauca, los problemas no han faltado, incluida una agresiva plaga que finalmente se controló con control biológico a través de dos especies de avispas.
Bioenergy se asoció con el ingenio Riopaila Castilla en búsqueda de experiencia en el manejo de su único insumo, pero en siete años solo han molido una vez, con lo cual no se sabe aún el costo que tendrá la producción de caña. Aunque la petrolera, aspira a producir allí 504.000 litros diarios de carburante, más del 25 % de la demanda nacional, existen serias dudas sobre la rentabilidad del sector de biocombustibles en esta época de precios de etanol a la baja, y de un barril de petróleo por debajo de USD 50.
Finalmente, en diciembre de 2016, Bioenergy informó que después de casi 10 años al fin se había producido el primer litro de etanol. El proyecto es un descalabro financiero, con un valor final de USD 750 millones, tuvo un sobrecosto de USD 610 millones con respecto a lo aprobado en 2008. Bionergy tiene una deuda de $ 480.000 millones que sobre la cual debe pagar semestralmente USD 1 millón en intereses con recursos de la propia operación que todavía no se generan. Se estima que la recuperación de la inversión tomará más de 20 años.
El análisis de la Contraloría General de la República es catastrófico. Su retrasó de 48 meses dejó unas pérdidas que se estiman en USD 168 millones. La Fiscalía y la Procuraduría han vinculado en sus investigaciones a los gerentes del proyecto Jaime Flórez y Aleck Santamaría de la Cruz; al ex presidente de la petrolera Javier Gutiérrez; a los miembros de las juntas directivas de Ecopetrol que tomaron decisiones al respecto como son entre otros Fabio Echeverri Correa, Hernán Martinez Torres, Mauricio Cárdenas y Omar A. Baquero Soler, y demás funcionarios y particulares vinculados durante casi una década de cuestionables inversiones en un momento en el que el precio del petróleo era una garantía para asegurar un buen negocio.
