En Colombia, millones de personas requieren cuidado, y otras tantas asumen estas labores de cuidar en condiciones precarias y desiguales. Tradicionalmente, las mujeres han cargado con la mayor parte de estas responsabilidades, perpetuando una brecha de género que afecta especialmente a poblaciones vulnerables, como los adultos mayores en comunidades étnicas, rurales y sectores populares urbanos. La desigualdad y la exclusión están estrechamente vinculadas a la falta de acciones cuidadoras en diversos sectores de la sociedad que históricamente han demandado respuestas de protección del buen vivir. Desde una perspectiva más amplia, el cuidado no solo debe centrarse en el ser humano, sino también en la protección de los ecosistemas y la vida humana y no humana en los territorios, reconociendo su interdependencia.
Esta demanda ha sido una reivindicación creciente de movimientos sociales globales y de sus expresiones regionales y nacionales, que buscan alternativas de justicia tanto simbólica como material y ambiental. Garantizar la reproducción de la vida no debe reducirse a subsidios o transferencias individualizadas, sino a fortalecer las estructuras comunitarias y territoriales de protección y subsistencia digna. En ese sentido, es fundamental superar las políticas sociales economicistas que se limitan a monetarizar la pobreza y promover una verdadera sociedad del cuidado. Esta apuesta no debe enfocarse únicamente en la prestación de servicios asistenciales o en la discriminación positiva en algunas comunidades, sino en la realización integral del derecho colectivo a la vida en los territorios comunes, especialmente en los más afectados por violencias, despojos y exclusiones.
Garantizar la reproducción de la vida no debe reducirse a subsidios o transferencias individualizadas, sino a fortalecer las estructuras comunitarias y territoriales de protección y subsistencia digna
En este contexto, el Conpes 4143, del 14 de febrero de 2025, que define el plan decenal de política del Sistema Nacional de Cuidado, es un paso importante. Aunque su anuncio puede parecer tardío, dado el impacto de la pandemia de covid-19 y el estallido social de 2021, su relevancia hace válido el dicho: "más vale tarde que nunca". El documento presentado propone democratizar el cuidado, fortalecer el cuidado comunitario y mejorar las condiciones de quienes lo ejercen. En este sentido, se busca articular las respuestas institucionales del Estado con las iniciativas comunitarias para fortalecer el tejido social y los bienes comunes como mecanismos de protección. Si bien estos enfoques no son excluyentes en teoría, en la práctica suelen priorizarse los centralismos institucionales en detrimento de las agendas territoriales.
La implementación de esta política enfrenta el reto de superar la resistencia de sectores que buscan mantener privilegios, en contraste con la construcción de una nueva sociedad basada en el reconocimiento de derechos y el compromiso con los deberes de vida colectiva. Este anuncio fija una ruta fundamental para evitar que el Estado y las instituciones sigan manteniendo una visión meramente distante, asistencialista o paternalista de la vida social. En los próximos años, el país tiene la oportunidad de transformar sus concepciones y prácticas hacia un enfoque de cuidado basado en la solidaridad, la igualdad y el respeto por la diversidad, promoviendo formas fraternales de ser y habitar el mundo.
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