Cuando se habla de seguridad, se hace referencia a un valor democrático que nos permite, como ciudadanos, ejercer plenamente nuestros derechos a la vida, la libertad y la propiedad privada. Por ello, el Estado debe garantizar la seguridad de todos sus habitantes. Sin embargo, debemos entender que no es una responsabilidad exclusiva, porque finalmente los ciudadanos somos parte del Estado y es importante que todos participemos activamente en hacerle frente a la delincuencia y el terrorismo.
Ahora bien, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y como parte de su exitosa política de Seguridad Democrática, se llevó a cabo el plan de Redes de Cooperantes, en el cual los ciudadanos se agrupaban en zonas rurales y urbanas para cooperar de manera voluntaria y desinteresada con las autoridades en la persecución del delito en todas sus formas. El fin de estas redes era aumentar la capacidad de vigilancia de las autoridades, de la mano con las comunidades, para hacer frente al delito.
Esta política fue exitosa desde el comienzo, pues fortaleció el triángulo entre la ciudadanía, la fuerza pública y la justicia para contrarrestar el delito en todas sus modalidades. Según cifras de la época, entre 2002 y 2003 esta política logró disminuir las acciones terroristas en un 27%, el homicidio en un 26% y las masacres en un 58%. Solo en Bogotá se redujo en un 80% el índice de atracos callejeros, riñas en lugares públicos y robos en viviendas.
Con eso en mente, vale decir que estas redes de cooperantes tienen una justificación muy simple: el principio de solidaridad para alcanzar un bien común, nuestro bienestar. Los ciudadanos debemos escoger entre ser solidarios o encubridores, entre la cultura de la pasividad con el crimen o la cultura de compromiso contra el crimen.
Siempre cabe el riesgo de que se cometan abusos, y así como hay policías y militares corruptos, o jueces y magistrados que venden sus fallos, y no podemos entrar a juzgar a toda la Fuerza Pública o la justicia por ello, no se puede juzgar una política que claramente fue exitosa por un par de hechos puntuales que intentaron empañarla.
Esta es una cooperación ciudadana que no se hace a través de las armas, sino a través de la información y las comunicaciones. Las personas, organizaciones, gremios e instituciones tienen como único instrumento para combatir la criminalidad, celulares, radios y líneas Avantel que les permiten tener comunicación directa con las autoridades.
El gobierno de Juan Manuel Santos dejó morir estas redes de cooperantes. Quizás esa fue una de las razones por las cuales la inseguridad se incrementó de manera exponencial en sus ocho años de mandato. Qué bueno que el presidente Iván Duque reviva estas redes bajo el nombre de redes de participación cívica, como parte de su plan de gobierno “El que la hace la paga”. Se espera que finalizando 2019, estas redes cuenten con 1 millón de personas, pero a la fecha se han inscrito más de 700.000. Esto demuestra que los ciudadanos tienen claro que la seguridad es un tema que nos compete a todos.
