Ya era hora que llegar la nacionalización a la Universidad de La Guajira, lograda por gestiones de los representantes a la Cámara por el departamento de La Guajira, Antenor Duran Carrillo, Alfredo Deluque Zuleta y Gustavo Rosado. Esto es un alivio a la administración departamental, que se quita el peso o la carga de forzosa obligación de financiar la matrícula de por lo menos 15 mil estudiantes que cursan sus estudios de manera gratuita. Lo anterior, patrocinado y financiado por la gobernación de La Guajira, que se ahoga en déficit presupuestal.
La nacionalización de Uniguajira permitiría estabilizar las relaciones laborales de los docentes catedráticos contratados, cuyos salarios u honorarios dependían de las transferencias que por obligación debería girar la gobernación. Cuando esta no cumplía, porque se dejaban de recibir los ingresos por concepto de regalías, con que se respaldaba económicamente la gratuidad, comenzaban a ejercer protestas, motines y hasta enfrentamientos con la fuerza pública.
El gobierno departamental abonaba pago de las deudas con recursos destinados de funcionamiento y servicios operativos administrativos; pero como no era suficiente, los pagos parciales, únicamente servían para paliar y mitigar las deudas acumuladas. Entonces, la universidad ordenaba embargar todas las cuentas del departamento, incluido recursos que no correspondían a la entidad departamental relacionados con cuentas en las que se depositaban recursos de las retenciones de la Dian, transferencias para el deporte, ancianos, cultura, turismo y retenciones del Ica y vehículos, destinados a los municipios. De no nacionalizarse la Universidad de La Guajira, a la gobernación no le hubiera quedado otro camino que acogerse a la ley 550/99 si no quería padecer ahogada y asfixiada por obligaciones de la de la gratuidad universitaria.
La Universidad de La Guajira fue creada mediante ordenanza 011 y 012 de 1976, reglamentada por el decreto 523, del mes de diciembre de 1976, expedido por el gobernador Cristobal Fonseca Siosis, quien designó como primer rector al abogado, doctor Alvaro Romero Efer, para que iniciara la apertura operativa, del establecimiento universitario, con dos programas para las carreras de Administración de Empresa e Ingeniería Industrial.
En los cuarenta años de funcionamiento se ha sobrado en carreras profesionales, pero se ha quedado en la implementación de operaciones de instituciones tecnológicas en: minería, biología, cultivos de frutos marinos, agronomía, generación de energía naturales, eólicas, solar y todos aquellos que sean necesarios en el territorio peninsular. Lo anterior, para que técnicos y profesionales de la referida universidad tengan facilidades de labores mediatas en el desarrollo departamental y este no nos agarre dormidos o con los calzones abajo.
La Universidad de La Guajira debe proporcionar nuevos convenios públicos y con entidades privadas. Estos relacionadas con industriales y prestaciones de servicios que quieran radicarse en el territorio guajiro para ejercer o explotar actividades económicas; financiando y patrocinando los estudios de formaciones y preparaciones técnicas que se requieran en los distintos servicios, entrelazados mancomunadamente con los programa del Sena que deben coordinarse y ofrecerse indiscriminadamente.
La ley de nacionalización de la Universidad de La Guajira será sancionada el año entrante y podrá entrar en vigencia entre los años 2018 y 2019, por cuanto deben incorporarse los recursos que demandan el funcionamiento, las operaciones académicas y administrativas en el presupuesto nacional.
La Universidad de La Guajira ha sido de gran utilidad en la formación de tantas personas, que gracias al estamento universitario lograron humildemente coronar una profesión. Muchos no tuvieron la misma suerte en el pasado, cuando los estudios superiores tenían que ser cursados fuera del departamento y algunas veces no se disponía de los medios económicos para pagar los estudios.
Por la universidad han pasado al menos unos nueve rectores por periodos de elección y encargos ocasionales. El último, Carlos Robles Julio, ha sido el de mayor duración. Ha sido elegido durante tres periodos consecutivos por su desempeño y el apoyo de los estamentos universitarios, estudiantes, profesores, egresados y personal administrativo.
