La administración municipal de Tuluá inauguró el 3 de agosto del 2018 un moderno centro comercial en donde fueron reubicados algunos de los vendedores informales de la calle Sarmiento de Tuluá. Sin embargo, esto ha ocasionado varias problemáticas para los comerciantes.
El Bicentenario Plaza por el momento tiene 295 locales en el primer piso, pero cuando esté terminado tendrá un total de 500. La idea de este proyecto es dejar desocupado el espacio público de las calles céntricas de la ciudad y reubicar a todos los vendedores que ocupaban estos espacios, para que los comerciantes y la clientela se sintieran en un lugar seguro, agradable y cómodo, libres del agua y el sol.
Aunque en principio todo pintaba bien, existe un grave problema en la ciudad: prohibieron a varios vendedores ambulantes ubicarse en las calles del centro. No obstante, teniendo en cuenta que estas personas no pudieron comprar local y todavía no han sido reubicadas, muchas están desempleadas y otras devengando menos que antes.
Cada local tiene un costo de 20 millones de pesos y el municipio dio 8 millones que fueron abonados a la deuda, de tal modo que quedó una deuda de 12 millones. Los comerciantes debieron cancelar un millón de pesos antes de la entrega de los locales para así asegurar los puestos de trabajo y en diciembre de este año deberán cumplir con una cuota de millón doscientos. De esta manera quedarán por financiar 9.8 millones de pesos, que comenzarán a pagar en enero del 2019 en cuotas de $172.997 pesos en un plazo de 7 años.
Ya pasaron tres meses desde que se abrió este centro comercial y la gran mayoría de los comerciantes ambulantes que se encuentran dentro de las instalaciones se han quejado, ya que el centro comercial no está terminado y esto ha ocasionado que las ventas no sean como esperaban, por tal razón se les dificulta responder económicamente en sus hogares y con la mercancía en los locales. Una gran parte de los vendedores del Bicentenario Plaza coinciden con las quejas, dicen que las ventas disminuyeron un 50%.
Diana López, trabajadora independiente, dueña de uno de los locales, vende maquillaje, dulces y accesorios para mujer y hombre, dice: “no me va tan bien como antes, pueden pasar uno, dos, tres días y yo no he vendido nada. Yo vivo sola con mis dos hijos, ambos son menores de edad por lo tanto no puedo estar en el local tiempo completo, en ocasiones el local permanece cerrado porque tengo que despachar a mis hijos para el colegio, llevarlos y recogerlos y si no me alcanza para los gastos de la casa ahora menos para un trabajador, así que estoy pensando en vender el local”.
Así mismo, Luis Alfonso González, dueño de uno de los locales, señala: “los ciudadanos estaban acostumbrados a encontrar todo en las calles del centro sin tener que bajarse de sus vehículos, todo era más fácil y ahora tienen que pagar parqueadero que vale 800 la hora y empezar a buscar por los corredores el centro comercial. Por ahora no estamos ganando buen dinero y solo alcanza para los gastos de la casa, sin embargo tengo fe que en el mes de diciembre las ventas aumenten. No estoy de acuerdo con que cobren parqueadero ya que debería ser gratis”.
A pesar de que los comerciantes ya no venden como antes, se sienten protegidos ya que se encuentran en un lugar seguro, libres del agua, cambios climáticos, inseguridad, riesgos viales, contaminación auditiva y otros inconvenientes que se presentan en la calle.
Por ahora solo está en uso el primer piso. Cuando la segunda planta esté terminada se establecerán bancos, un puesto de la Registraduría y puestos de comidas. Los comerciantes creen que esto ayudará a subir las ventas un 90%, teniendo en cuenta que se acerca el mes de diciembre.
Las opiniones están divididas, ya que la otra parte de los vendedores está satisfecha porque tiene local propio, contando con clientes fijos que los buscan exclusivamente a ellos.
Ahora bien, ya que algunos de los que están en el Bicentenario dieron su opinión, es necesario entender el por qué la otra parte de vendedores ambulantes que no compraron local por el tema de la economía y no los están dejando trabajar en las calles de la ciudad. De hecho, no es un secreto que gran parte de estas personas son perseguidas como delincuentes y en varias ocasiones han sido víctimas de malos tratos por parte de la policía.
Las ventas de este grupo de personas también han disminuido, ya que están más pendientes de la policía que de vender, además les prohibieron carretas, carretillas y otros vehículos utilizados para la venta de artículos. Ellos consideran que no les deben quitar los puestos de trabajo con fruta incluida y que la respuesta que les da el alcalde no es la más correcta. Según los manifestantes, el alcalde aplicó la norma dejando sin sustento a más de cien familias, por lo que estas personas se sienten desesperadas, ya que no pueden trabajar con serenidad, sintiéndose así vulneradas en sus derechos y excluidas: no pueden estar en el Bicentenario porque trabajan con alimentos o dulces y principalmente no les alcanza el dinero para dar la cuota inicial o alquilar uno de estos locales.
La policía informa que solo son perseguidos los vendedores ambulantes que vienen de otras ciudades a querer reubicarse en la ciudad y no llevan el tiempo establecido para poder estar en las calles céntricas de Tuluá. También queda claro que todos los que trabajen con alimentos deben cumplir con los requisitos sanitarios y de higiene, como los lugares de manipulación donde preparan o sirven los alimentos y la ropa que deben usar.
Por el momento, el alcalde ubicó una pequeña parte de vendedores (los que llevan más de tres años en el área) al frente de la terminal, mientras se busca establecimiento para este grupo de personas que están en la espera de lo prometido.
La mayoría de los que se encuentran trabajando en las calles no pueden tener un local por el tema de la economía, así que prefieren estar por fuera ya que este proyecto lo ven más como un gasto y no tanto como un beneficio.
Los que están ubicados cerca de la terminal aseguran que no han hecho nada por construir el lugar que el alcalde les prometió, tienen en cuenta que en la ciudad ya han dado por terminados varios proyectos y el de ellos sigue en espera.
“La respuesta que el alcalde da es que todavía no han encontrado lote para tantas personas, así que estamos esperando un buen establecimiento. Este hecho ha afectado la economía y tranquilidad para varios de nosotros” aclara Orlando Castaño, de 72 años, vendedor de cholados.
En este caso, existe una abogada que defiende los derechos de estas personas, ayudando a los que tienen el permiso y a los que no para que puedan ejercer su actividad en las vías públicas, ya que es cierto que la ley protege el espacio público, pero no así de esta manera como lo hace el alcalde. "La Corte Constitucional en su Sentencia C-211 de 2017 de manera expresa protege la dignidad humana y el derecho al trabajo, aclarando que el alcalde está violando una orden constitucional porque no está protegiendo los derechos de los menos favorecidos y no le da importancia la debilidad de este grupo de personas así como tampoco le interesa la protección que la corte ordena de darle derecho con programas de reubicación” dijo la abogada.
En definitiva, parece que no hay otra solución para los vendedores ambulantes que no llevan el tiempo establecido, solo retirarlos de las calles.
Los vendedores tulueños que llevan laborando tres años o más serán reubicados en un comercio formal, sin embargo la falta de capacitaciones es la que ocasiona el bajo nivel de ventas y aparente falta de progreso, por lo tanto los comerciantes ambulantes todavía no ven una solución cercana en el horizonte.
