El 7 de junio de 2013 se entregó a las autoridades el ganadero cordobés Benito Osorio Villadiego. Inmediatamente lo llevaron a la cárcel de Corozal, en Sucre. Estaba dispuesto a contarlo todo. Las rodillas le temblaban, el miedo se traducía en un rostro pálido como una hoja de papel. Su colaboración con la Fiscalía, que en ese momento estaba al mando de Eduardo Montealegre, le representaba toda una avalancha de amenazas. Pero quería encender el ventilador y contar hasta el último detalle sobre cómo las Autodefensas Unidas de Colombia habían logrado expandirse en el Urabá.
Su relación con los paramilitares arrancó en 1987, cuando Fidel Castaño era considerado en Córdoba y en algunos círculos de poder del país, como un poderoso terrateniente que hacía obras sociales, trataba mal a su esposa y coleccionaba arte con una extraña compulsión. En esa época era socio de Pablo Escobar y, debido a su convicción de aplastar cualquier vestigio de comunismo en Colombia, terminó distanciado con el capo del Cartel de Medellín hasta el punto de liderar, junto al Bloque de Búsqueda, la operación que terminaría matándolo encima de un tejado el 2 de diciembre de 1993.
Aunque nunca ocultó su amistad con Fidel Castaño, de quien dijo en declaraciones dadas al Meridiano de Córdoba en 1995 “es deber del gobierno departamental oír las sugerencias de la comunidad civil, la cual demuestra afecto y respeto por Fidel Castaño”, su verdadera amistad fue con Sor Teresa Gómez, esposa de Ramiro Castaño, perteneciente al clan y conocida como La Negra. Fue capturada hasta el 2013, cuando recibía ayuda directa de Otoniel, jefe del Clan del Golfo, y por quien se pagaba una recompensa de 200 millones de pesos. Sor Teresa fue condenada a 40 años de cárcel por el asesinato de Yolanda Izquierdo, una reclamante de tierras despojada por los paramilitares. Fueron los Castaño y Salvatore Mancuso quienes pusieron a Benito Osorio al frente del Fondo Ganadero de Córdoba en 1997, cargo en el que estaría 10 años, hasta el 2007.
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Poco después de posesionarse cumplió con una de las tareas que los paramilitares le habían asignado, facilitar el despojo de las Tulapas, 4.000 hectáreas de tierra fértil ubicadas en los municipios de Necoclí y San Pedro de Urabá. El argumento que dieron los paramilitares en declaraciones dadas en Justicia y Paz era que ellos se habían quedado con las tierras y las habían comprado debido a que estas quedaban solas por la huida de los campesinos de los combates que supuestamente sostenían los paramilitares y guerrilleros, algo que, en su testimonio a la JEP, sostenido en las 14 horas que van entre el 16 y el 17 de diciembre de 2020, desmiente Benito Osorio al afirmar que nunca hubo combates en la zona.
La compra por hectárea se hacía al ridículo precio de 350 mil pesos. El pago lo hacía Sor Teresa Gómez que, como sus cuñados, Vicente, Carlos y Fidel, también pertenecían al Fondo Ganadero. En 1997 la amalfitana Sor Teresa tenía mucha respetabilidad en todo Córdoba. Presidía, junto con los Castaño, sus cuñados, Funpazcor, la Fundación Paz para Córdoba, con la que los hermanos fundadores de las AUC despojaron a 117 familias. La oficina de Funpazcor estaba al frente de la plaza central de Montería, justo al frente de la estación de policía.
Una vez se compraban esos predios, Osorio, alguna gente del fondo ganadero y los paramilitares quemaban los ranchos para evitar que la gente volviera. “A mi me gustaba verlos arder, tenía como una fascinación pirómana”. Los paramilitares jamás devolvieron estas tierras. Lo que quedó fue una herida que no se cicatrizará jamás.
Todo esto venía respaldado por la Fuerza Pública. En declaraciones a la JEP, Osorio confesó que en las compras de estas tierras participaron los altos directivos del Fondo Ganadero: Luis Gallo Restrepo, el mexicano Benito Molina Laverde, Orlando Fuentes, Bernardo Vega y Carlos Sotomayor. Todo el aparataje de compras también tenía el respaldo de la Fuerza Pública, de altos oficiales del ejército como los generales Iván Ramirez y Rito Alejo del Río, quien según relató Osorio, quien además fue gobernador de Córdoba encargado, fueron quienes impulsaron la creación del Bloque Norte de la Autodefensas Unidas de Colombia.
Para 2008 su relación con las Autodefensas Unidas de Colombia y en especial con los Castaño y Mancuso era de conocimiento público. Sin embargo, el 1 de enero de 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe lo nombró gobernador encargado del departamento. Benito Osorio fue el primer sorprendido. Es más, se enteró por intermedio de Carlos Holguín Sardí, entonces Ministro de Interior de Uribe, quien le comunicó que su nombre aparecía como gobernador en la página oficial.
Sin embargo, en el cargo sólo duró 17 días, después de que la Revista Cambio publicara una serie de grabaciones que mostraban claramente su relación con Mancuso y los hermanos Castaño. Renunció a su cargo.
En 2010 un juez ordenó su captura, pero Osorio emprendió la huida y durante más de un año estuvo prófugo de la justicia. En 2011, en una diligencia sin muchos reflectores, se entregó a la Fiscalía, y desde aquel año comenzó su martirio. En 2015 fue condenado a 19 años de cárcel por despojo de tierras y concierto para delinquir. Pero Osorio no se quiso hundir solo y pidió un cupo en la JEP, que entendió que el testimonio del exgobernador podría ser clave para entender el entramado del paramilitarismo con el empresariado colombiano.
Prendió el ventilador y varios comenzaron a temblar. Sus declaraciones fueron valoradas y la JEP decidió otorgarle la libertad condicional hace dos semanas. Y es que señaló directamente a mandos altos del ejército, de la policía, y al viejo gremio aliado suyo: los ganaderos, y entre ellos, el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie.
Benito Osorio ahora es clave para despejar los mitos sobre los paramilitares y los ganaderos en el país. Incluso su testimonio podría abrir un capítulo aparte en la JEP, en donde Salvatore Mancuso también quiere hablar. Todavía falta mucho por saber.
