El conflicto de límites entre Antioquia y Chocó es el primero que resuelve el Instituto Geográfico Agustín Codazzi desde su creación en 1950. La administración de Juan Antonio Nieto Escalante está a punto de resolver varios conflictos de los 20 que existen entre los departamentos. La llegada de este abogado nortesantandereano, egresado de la Universidad Libre de Bogotá, con Magister en Política Económica Internacional de la Universidad de Belgrano, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, a la administración del Igac le ha dado un giro a las paquidérmicas decisiones en torno a las resoluciones de los conflictos de límites regionales.
Un instituto que en el pasado por la politiquería a veces elabora mapas colocando de un lado u otro los territorios en disputas. Por eso existen disputas que llevan más de 50 sin ser resueltas, pero actualmente los casos más adelantados son entre César y Guajira; Antioquia y Córdoba; Norte de Santander y Santander; Norte de Santander y Cesar; Santander y Boyacá; Boyacá y Cundinamarca; Huila y Cauca; Cauca y Putumayo; Atlántico y Bolívar; Boyacá y Casanare; Boyacá y Norte de Santander.
Antioquia es uno de departamentos que históricamente más conflictos de límites ha tenido con sus vecinos: Cundinamarca, Chocó, Córdoba y Caldas. La gran mayoría de los líos fronterizos con sus vecinos se originan en la política expansionista que han enarbolado desde el siglo XIX. En el caso del Chocó, por el interés que han tenido las élites antioqueñas de controlar de la estrategias región del Darién con el fin de tener salida a los dos mares. De allí que ancestralmente han alegado que los límites con los chocoanos en aquella zona son dudosos.
Del período colonial se heredaron una serie de líos fronterizos entre las provincias que no se resolvieron en las guerras y en las modificaciones de linderos el siglo XIX, ni con la desintegración las antiguas divisiones políticas de los Estados Soberanos desaparecidos en la Constitución de 1886, y el nacimiento de los departamentos. Tampoco con el nacimiento de nuevos departamentos en el Siglo XX, dado que la mayoría fueron creados con criterios políticos para fortalecer los feudos de los gamonales políticos regionales donde se obviaron los criterios técnicos. En Gran parte se desconocieron aspectos geográficos y culturales claves en los trazados de las fronteras y por eso con el paso del tiempo se han convertido en canteras de discordias entre los departamentos.
El Antioquia y Chocó, el primer conflicto que resuelve el Igac
Antioquia y Chocó desde el siglo XIX han afrontado arduas disputas de límites en el Darién, las cuales han tenido múltiples etapas, la última por Belén de Bajirá, un territorio de 2.015 km², una área más extensa que el departamento del Quindío, pero esta vez, el Chocó le ganó el pulso político y jurídico a Antioquia.
Todas las demandas presentadas por Antioquia las ha perdido en los tribunales y ahora acaba de recibir otro revés, un fallo de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido este 20 de febrero del 2018, ordenó al registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vicha, para que en el término de tres días realice las actuaciones administrativas para el censo electoral de las poblaciones de Belén de Bajirá, Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente, se traslade de los municipios antioqueños de Mutatá y Turbo al municipio chocoano de Riosucio.
El Alto Tribunal decidió amparar los derechos fundamentales a la personalidad jurídica, debido proceso y participación ciudadana del alcalde de Riosucio, Luis Enrique Mena Rentería. De hecho, revocó la sentencia proferida en primera instancia, el 19 de diciembre del 2017 por el Juzgado 59 Administrativo del Circuito de Bogotá, que le negó aquellos derechos al alcalde Mena.
En consecuencia, se le dio a la Registraduría un plazo de 72 horas para que los 5.673 ciudadanos aptos pueden votar en el proceso electoral por la circunscripción electoral del Chocó, porque aquellas poblaciones están dentro del territorio chocoano. En efecto, ya todo está en orden para que aquellos ciudadanos ejerzan sus derecho al voto después de 42 años dentro de la jurisdicción electoral del Chocó.
Un conflicto de límites que ha dado para toda clase de salidas populistas: chantajes políticos, trifulcas y agarrones entre antioqueños y chocoanos, amenazas del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, de dejar sin pupitres a 1.750 estudiantes, sin energías y agua a las instituciones educativas y al Centro de Salud pagados por Antioquia. Declaración de persona no grata por la Asamblea de Antioquia al Director del Igac, Juan Antonio Nieto Escalante, recolecciones de firmas para forzar una consulta popular que no procede en las definiciones de límites. Mapas y cartografías fraudulentas, danzas de tutelas, demandas que no han prosperado y por último una petición del gobernador Pérez al registrador Nacional para que desacate una orden judicial.
17 años de disputas
Después de 17 años de disputa y de zozobra para los 16.000 mil habitantes de este contorno geográfico, el 14 de diciembre de 2016, en una sesión conjunta de las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, se aprobó una proposición sustitutiva que resolvió la disputa de límites, entre los dos departamentos de Antioquia y Chocó, en el sector de Belén de Bajirá. En la proposición los congresistas decidieron devolver al Igac el expediente del deslinde de límites por no cumplir con los elementos esenciales de límites dudosos, establecido en el artículo 8 de la ley 1447 del 2011. Dichas Comisiones en nombre del Congreso de la República, resolvieron la disputa limítrofe al no existir dudas en la línea fronteriza trazada en la ley 13 de 1947, que creó el departamento del Chocó. Porque en las diligencias de campo en el proceso de deslinde los expertos del Igac con los representantes de los dos departamentos, identificaron técnicamente los puntos geográficos descritos en dicha norma.
De manera que al comprobar que los hitos geográficos que definieron la línea fronteriza fueron hallados, verificados y no han tenido alteraciones. Se concluyó que no existen límites dudosos entre los dos departamentos en la zona. Por consiguiente, no se pueden aplicar el concepto de límites dudosos, ni de límites tradicionales que se consagran en la ley 1447 del 2011. Por supuesto, que al no existir límites dudosos, tampoco se podía aplicar los procedimientos para el trámite de límites dudosos que habla el numeral 3 del artículo 9 de la misma norma, porque se comprobó técnicamente que no existen dudas, ni alteraciones en los hitos fronterizos definidos hace siete decenios.
Así lo demuestran los informes técnicos de deslinde del 2007 y el 2015. Igualmente que un informe de la Comisión Accidental Demarcadora del Senado de la República del año 2007. Los conceptos de límites dudoso y límite tradicional, tampoco se pueden aplicar en este conflicto, porque la ley que trazó los límites entre Antioquia y Chocó no ha sido modificada, ni derogada y está vigente.
El Igac se había podido amparar en el artículo quinto de la ley 1447 de 2011, que dice: "cuando el límite examinado en terreno corresponda fielmente al contenido de la normatividad o sea objeto de aclaraciones o precisiones que no generen modificación territorial se dejará constancia de tal circunstancia en el acta de la diligencia de deslinde, que se tendrá como una certificación del límite y no requerirá ratificación posterior". De suerte que había podido aplicar este artículo y expedir una certificación de límites y haber terminado el conflicto, sin tener que enviar el expediente al Senado de la República. La expedición de una certificación de límites había sido suficiente para terminar la disputa entre los dos departamentos.
El Igac, el 24 de enero de 2017, recibió del Secretario General del Senado, un oficio donde expresó que la devolución del informe del deslinde, obedeció que “por no cumplir con los elementos esenciales de límites dudosos establecido en el artículo 8 de la ley 1447 del 2011”. De manera que el Igac al recibir la devolución del expediente “inició las diligencias internas para la publicación de los mapas del Chocó y Antioquía, con base en los límites dispuestos en la ley 13 de 1947”.
Entonces, fue así como el 6 de septiembre del 2017, el director Nieto Escalante, notificó a los gobernadores de Antioquia y Chocó, “que se había culminado el proceso de deslinde y actualización de la cartografía de límites de Antioquia y Chocó, el cual refleja con precisión la realidad geográfica de la descripción de los límites definidos en la ley 13 de 1947”.
De esta manera el Igac notificó a las gobernaciones del fin del litigio con las publicaciones de los mapas oficiales de los departamentos, donde la cuatro poblaciones figuran dentro del Chocó. Posteriormente el Igac, amparado en la resolución 1069 del 2017, inició proceso de amojonamiento que demarcan los límites de acuerdo con los nuevos mapas oficiales de ambos departamentos.
La fallida tutelatón
La publicación del nuevo mapa del Chocó, generó reacciones inmediatas de los líderes políticos antioqueños. El primero en reaccionar fue el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien calificó el mapa como “un mapa chimbo”. El expresidente Álvaro Uribe, calificó el hecho como un despojo a Antioquia, propiciado por el presidente Santos, pero se olvidó que, él mismo había aprobado, en el 2002, un mapa del Igac que establecía la soberanía chocoana del territorio en litigio. De paso el gobernador Pérez y el expresidente Uribe, lideraron una campaña mediática de desacreditación del Igac y una estrategia jurídica desde la gobernación paisa, ordenando a los alcaldes antioqueños para que buscaran ciudadanos para que presentaran tutelas contra del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Igac para impedir la publicación del mapa del Chocó. Fueron 45 acciones de tutelas que se presentaron en varios juzgados de Antioquia, pero en un fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín, las considero todas improcedentes “cuando la acción de tutela se instrumentaliza como mecanismo para atacar actos de carácter general, impersonal y abstracto”.
Después de este revés, el gobernador Pérez, continúa sin aceptar la realidad geográfica que Belén de Bajirá está dentro del territorio chocoano. Entonces, armo otra treta política con el entonces presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, quien en una carta le aseguró que "el Congreso de la República debe continuar con el trámite de límite dudoso y hasta tanto no exista un pronunciamiento de la plenaria del Senado de la República, los límites de los departamentos de Antioquia y Chocó están en proceso de definición”.
Carta que se constituyó en elemento clave de una nueva movida política para seguir entorpeciendo el cumplimiento de la decisión tomada por el Congreso de la República y el Igac. Fue así como iniciaron en la plazoleta de la sede del gobierno de Antioquia, la recolección de firmas en un acto al mejor estilo del chavismo venezolano para impedir el proceso de traspaso institucional del territorio.
El argumento del gobernador Pérez fue “si no respetan lo que dicen las normas, tienen que respetar la voz del pueblo, la expresión colectiva de la gente”. Recolectaron un total de 1’014.881 firmas que fueron entregadas al presidente del Congreso Lizcano en un escándalo mediático, rodeado de cámaras de televisión en la entrada del Capitolio Nacional, para presionar al gobierno de Santos para que echara para atrás la publicación oficial del mapa que ubica a Bajirá en el Chocó. En cambio, su homólogo del Chocó, Jhoany Carlos Palacios Mosquera, calificó ese acto como otra salida en falso del gobernador de Antioquia.
Lo curioso fue que entre el listado de las empresas recolectoras de firmas, apareció la multinacional minera Anglo Gold Ashanti Colombia con el aporte de 6.120 firmas, empresa que tiene como filial y concesionaria del expediente GLL-15T a Exploraciones Chocó Colombia S.A.S., con permisos para la búsqueda de mineral de zinc, cobre, platino, oro, plata y molibdeno en Belén de Bajirá y en Carmen del Darién. Se sabe que la empresa Exploraciones Chocó, recibió los títulos cedidos por su casa matriz, Anglo Gold Ashanti, el 11 de octubre de 2013. Antioquia, Bolívar y Caldas son los únicos departamentos en el país, que tienen por delegaciones del ministerio de Minas, la potestad para otorgar títulos mineros en sus territorios.
De allí gran el interés para la administración de gobernador Pérez que este territorio continuará bajo el radar de los antioqueños. Además, del tema minero se esconden otros intereses económicos, políticos y estratégicos de grupos de empresarios ligados a la tierra y que están íntimamente ligado a los conflictos que originaron los desplazamientos, el despojo de tierras, las violaciones de los derechos humanos y los asesinatos de campesinos por sus tierras en los territorios colectivos de Curvaradó y Juguiamiendó para las extensiones de los cultivos de palma de aceites.
Finalmente, las firmas no fueron vinculantes para dirimir el conflicto de límites y terminó el Senado encartado con ellas, inicialmente fueron enviadas la oficina de correspondencia de donde pasaron a la secretaría general. Allí las reenviaron a la Comisión de Ordenamiento Territorial. Ahora se observan apiladas como basuras, devoradas por la humedad y las polillas en la oficina de correspondencia. Un detrimento patrimonial que debe ser investigado por la Contraloría.
La Registraduría detrás de una jugada política
Cuando se pensaba que las aguas se habían calmado, el 28 de octubre del año pasado, el entonces, registrador Delegado de lo Electoral, Carlos Antonio Coronel, envió un oficio al Igac y a las Comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y la Cámara para que certificaran que el conflicto de límites había terminado. El Igac le reitero que las poblaciones son parte del Chocó, y a su turno, el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de la Cámara Representantes, expresó que “ceñido a las disposiciones legales vigente es del caso precisar que tanto Belén de Bajirá, como Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente, corresponden al departamento del Chocó”. El Departamento Nacional de Estadística (Dane), también certificó que dichas poblaciones son parte del municipio de Riosucio.
Entonces, obrando dentro de los parámetros de la ley, el 13 de noviembre del 2017, el director de gestión electoral de la Registraduría, Germán Enrique Guevara, informó a los Delegados de la Registraduría en el Chocó, José Antonio Ayala y Héctor Ariel López, el traslado de las mesas de votaciones de aquellas poblaciones de los municipios antioqueños de Mutatá y Turbo al municipio chocoano de Riosucio. Pero 9 días después, desconociendo los antecedentes administrativas y de manera arbitraria, el nuevo registrador Delegado de lo Electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona, en una comunicación a los Delegados de la Registraduría en Medellín, Ruth María Escobar de Reyes y Daniel Eduardo Molano Piamba, revocó la decisión del registrador para la Gestión electoral, decidió suspender el traslado de las mesas al Chocó, con el argumento que “existen nuevas evidencias que el trámite de límites dudoso entre los departamentos de Antioquia y Chocó, por los corregimientos antes mencionados aún no ha finalizado”.
Suárez Bayona, torció los procedimientos con el argumento que “el censo electoral de aquellas poblaciones (...) deben seguir en Antioquia y no serán trasladado al Chocó hasta que no sea modificada por el Senado de la República la resolución final del expediente de límite dudoso”. Sustentó su decisión en que” desde 1976 de manera ininterrumpida, el puesto de votación del municipio de Mutatá cuenta con el corregimiento de Bajirá”.
Lo que desconoció el registrador Suárez fue la historia de aquella decisión, la cual fue tomada por un pacto electoral que suscribieron unos políticos conservadores antioqueños y chocoanos, que hicieron que la Registraduría trasladará el censo electoral en mención del municipio chocoano de Riosucio al antioqueño de Mutatá.
Igualmente desconoció que la realidad política actualmente es otra debido a que con la resolución del conflicto de límites por parte de las entidades competentes, dicho territorio oficialmente queda dentro del Chocó. Para torcer la norma, el registrador Suárez, sostuvo que, “el trámite para la definición de límites dudosos, es complejo en la medida en que deben intervenir varias autoridades tales como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) las entidades involucradas y finalmente quien tiene la competencia para tomar una decisión definitiva, es la plenaria del Senado de la República”.
Una tesis que desconoció las actuaciones de las Comisiones del Congreso y del Igac, dado que los trámites que enumero para no acatar un decisión ya habían sido resueltos por aquellas instituciones de conformidad con los parámetros reglados en la normatividad vigente. Fue un hecho bastante insólito la postura del registrador Suárez, debido a que la Registraduría no es un ente competente para dirimir las controversias limítrofes entre entes territoriales, sino para acatar las decisiones de las instituciones competentes en la materia.
Fue por eso que el tribunal de Cundinamarca, en el fallo dice, que “la Registraduría no solo desconoció el principio de legalidad y con ellos los mandatos superiores de la Constitución por cuanto decide el traslado de los corregimiento a Antioquia, sin que intermediara una orden judicial, desconoció el deber legal de dar cumplimiento al acto administrativa como pertenecientes al municipio de Riosucio en el departamento del Chocó”.
