Uno de los mayores problemas que aquejan a América Latina es la impunidad (con un aparato de justicia desbordado e ineficiente), que a su vez incentiva el crimen, la inseguridad y la corrupción.
Por ello los gobiernos de la región están en mora, desde hace varios años, de crear en sus respectivos países programas masivos de becas y estímulos para formar jueces y fiscales íntegros que contribuyan a descongestionar la justicia, volverla más efectiva y eficiente, y con ello desincentivar el crimen y la corrupción, al mostrar a los delincuentes de manera ejemplarizante que el que la hace la paga.
Estas becas además brindarían educación superior a estudiantes destacados de escasos recursos que muchas veces no pueden continuar una carrera, lo que contribuiría también a cerrar brechas sociales.
Uno de los grandes logros de países como Estados Unidos (independientemente de que su electorado miope haya elegido al pelmazo de Trump) es lo que en inglés llaman the rule of law (el imperio de la ley), por el cual quienes cometen un crimen saben que pagarán las consecuencias en una prisión o incluso con su vida (ahí más bien restringir la venta de armas y crear un programa masivo de asistencia sicológica ayudaría a que hubiera menos tiroteos a manos de personas por lo general desequilibradas).
Y mientras en los países de América Latina el potencial delincuente o corrupto no se vea desalentado a cometer un crimen ante el temor de que todo el peso de la ley recaerá sobre él, la inseguridad y la corrupción seguirán rampantes.
Más allá de las promesas vacías que los caracterizan, los políticos mediocres que por lo general tenemos como mandatarios en América Latina deberían hacer caso inmediato de este consejo, pues con nuevas y abundantes generaciones de jueces y fiscales íntegros (en cuya formación se ponga énfasis en la ética y en lo crucial de su labor para que una sociedad funcione mejor), flagelos como la inseguridad y la corrupción empezarían a disminuir en una región tan golpeada y estigmatizada por ello.
