Qué ignominia jugar con la salud de una pequeña que apenas nace y desconoce las trampas de un Estado indolente que se le olvidó gobernar para la ciudadanía. Negarle un derecho a una niñita que espera que le solucionen un problema que le puede generar enormes tropiezos en su futuro es absurdo. Tal vez es más fácil invertirle dinero a Odebrecht, Navelena, Reficar, etc, que ordenar un examen en donde está implícita la vida misma de una persona.
Esto sucede cotidianamente con las EPS. Están recibiendo sagradamente los aportes de los usuarios, pero en los eventos en donde deben de cumplir con sus obligaciones de la salud, en asuntos médicos, medicamentos, exámenes, cirugías o pago de incapacidades, se niegan totalmente a prestar el servicio en forma eficiente y oportunamente. Todo frente a la mirada impasible de las Secretarias de salud, la Superintendencia, el Ministerio, los órganos de control y de la justicia.
No sabemos qué está sucediendo con estos procedimientos y la decidía aletargada de los organismos que ejercen la función de la vigilancia. Lo que sí sabemos con certeza es que se están embolsillando tranquilamente el dinero de los cotizantes. Además, se dan el lujo de aumentar los copagos, ordenar tratamiento o exámenes con IPS en donde no tienen convenios y no sucede absolutamente nada. Los pacientes están muriéndose lentamente o pagando sus servicios y medicamentos por fuera, sino quieren dejarse morir.
Da la sensación de que hubiera una confabulación para que el pueblo colombiano sufra estas iniquidades con fatales consecuencias. Desconocemos hasta cuándo sucederá esta terrible situación que está causando problemas graves en la población. Según parece estamos en un desgobierno absoluto y nadie se quiere comprometer en buscar una salida urgente a estas injusticias. Esta herencia se la debemos a la caótica e inoperante ley 100 de 1993, creada durante el gobierno Gaviria y reformada en reiteradas oportunidades por el señor Uribe.
La salud se convirtió en un negocio y como tal, dejó de ser un servicio social del Estado. La llevaron al extremo de ser el instrumento que genera ganancias para el gobierno, sus operadores, sus dueños y la clase dirigente política. Tal vez por esta razón, no les interesa darle solución a la actitud prepotente, prevaricadora y dominante de estas engañosas infraestructuras que están fomentando el interés indebido, el enriquecimiento de particulares y la corrupción.
