El primer día que vinieron, nos hablaron de progreso.../midieron nuestras tierras y no dijimos nada...
El segundo día que vinieron, allanaron nuestras moradas/expulsaron a nuestros hijos
y no dijimos nada...
El tercer día estaba cubierto todo de agua/ y por no haber dicho nada
nunca podremos hacer algo
¿Vamos a dejar que esto ocurra otra vez?
(Parodia del reconocido poema de Martin Niemöller contra la indiferencia)
El nefasto expediente de dejar deteriorar edificios públicos, sitios históricos, escenarios deportivos y culturales, y más aún sectores enteros de las ciudades por parte de los administradores oficiales —que debieron haberle hecho mantenimiento adecuado y oportuno—, y que por encontrarse ubicados en zonas económicamente estratégicas que con el correr del tiempo se valorizan por el desarrollo urbano de la ciudad, producto de obras costosas, se ha convertido en una práctica casi universal.
Con el pretexto de dar paso al progreso —hacer obras no siempre necesarias, otras suntuarias vías, ampliar servicios, pagado casi todo con los impuestos de sus habitantes— se despierta la codicia de inversionistas inmobiliarios y es cuando con la justificación del estado de deterioro, afeamiento de la ciudad, mejoramiento de la sanidad del sector y embellecer el espacio se idean megaproyectos oficiales que cambian el uso del suelo, sin consultar con los afectados. A estos les inician un proceso de convencimiento con ofertas y contraofertas de reubicación o de compra de sus predios e inmuebles, generalmente a precios irrisorios con los que no comprarían nada parecido a lo que tenían, en sitios alejados del entorno de sus actividades cotidianas, para posteriormente aplicar medidas de desalojo, incluso con el uso de la fuerza y proceder a realizar las mencionadas obras de infraestructura y ofrecer en venta los predios a grandes firmas nacionales e internacionales que tienen alguna cercanía con el poder dominante, para ellos mismos, sus familias o sus alfiles.
Fórmula tan vieja como recurrente en muchas ciudades del mundo y común en las grandes ciudades latinoamericanas. Para mencionar solo unos pocos, en Colombia, entre otros, es icónica la erradicación de Chambacú y la gentrificación del Centro Histórico de Cartagena, el barrio Naranjal en Medellín; y a nivel latinoamericano es célebre el caso de Puerto Madero en Buenos Aires y Centro Histórico de Ciudad de Panamá, los cuales he conocido en mis viajes.
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Yo vivo en Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, que ha cambiado su lema por “Capital de Vida”, lo cual es incongruente con los desalojos y despojos de negocios, predios y viviendas que están a la orden del día. Dedicaremos varias crónicas a los últimos que se cocinan en barrios como Barlovento, Bendición de Dios, Brisas del Río, situados a orillas del caño y del río Magdalena, muy cerca de las obras que se hicieran con el impuesto de valorización por beneficio general —pagada por todos los barranquilleros—, las viviendas a lado y lado de La Vía de Cordialidad para su ampliación y la llamada Barranquillita, que alberga once plazas públicas de mercado, junto con varios asentamientos habitacionales desde hace más de 50 años, en donde pretenden cambiar el uso del suelo sin pensar en los derechos de pequeños y medianos comerciantes según explica el siguiente video:
Sin embargo, en este texto voy a referirme especialmente al caso de los mercados públicos de “Barranquillita”, dejando para después los despojos que se pretenden en Barlovento y en los asentamientos en toda Barranquillita a los comerciantes y habitantes. Pues bien, el señor Pedro Ramírez, directivo de Acubar (Asociación de Comerciantes Unidos de Barranquillita) y veedor ciudadano, describe gráficamente la situación de los que serían afectados por el destino que la administración de la ciudad tiene pensado para las plazas como La Magola y El Playón. Él, por ejemplo, que es usuario de dos estrechos locales por los que paga $100.000 mensuales al distrito de Barranquilla por concepto de administración, está en mora —como muchos otros— por cuanto se han disminuido ostensiblemente los clientes de los pequeños negocios que allí son fuente de trabajo y magros ingresos a más de 26.000 familias (según censo oficial de Acubar).
Además, cuenta el señor Ramírez que ninguna administración ha podido sanear las condiciones sanitarias: la suciedad de los pasillos, la cercanía al caño de la Ahuyama de aguas putrefactas, el aeropuerto de aves carroñeras. Por el contrario, en la última “canalización” le estrecharon el cauce para ampliar las plazas, lo cual origina que cuando caen los torrenciales aguaceros de la época de lluvias de cada año, en especial los de la ola invernal, se inundan los locales y se llenan de charcos las vías de acceso, causando pérdidas de haberes y mercaderías a los pequeños comerciantes, y deterioro de pisos, paredes, techos y redes de servicios públicos.
De hecho, a partir del 2012 se agravó la situación de los comerciantes ante la desidia de las autoridades administrativas y de sanidad para realizar las mejoras de las vías de acceso locativas y de instalaciones eléctricas, sanitarias y demás, lo cual trajo una abrupta disminución de clientes y por supuesto de ingresos de los comerciantes. Muchos de ellos optaron por hacer algunos arreglos de sus propios bolsillos, otros por cerrarlos, convirtiéndose los pasillos desolados en expendios de drogas, lugar de consumo de adictos y comercio sexual, con un aspecto parecido al Bronx de Bogotá.
Así mismo, me enumera Ramírez con propiedad las otras plazas públicas del distrito de Barranquilla que están en similares condiciones: la antigua EPM, Mercado de carnes, Plaza Ujueta, Mercado de granos, Mercado de mariscos, Galerías de Miami 1 y Miami 2, Mercado de pescado. Y recuerda que la mayoría de los adjudicatarios de las plazas públicas de Barranquillita cuentan que se han enterado de la suerte que se les avecina por noticias de prensa y radio, producto de los buenos oficios que realiza el Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla con el acompañamiento a Acubar a la convocatoria de ruedas de prensas e innumerables reuniones. Destacan las publicaciones de La Libertad como Lo que está detrás de la recuperación de Barranquillita y sus alrededores, las entrevistas al abogado Antonio Bohórquez, los informes radiales del programa Política Pública por radio Tropical (dirigido por el economista Jorge Vergara Carbó) y las explicación de los renders que circulan en YouTube de Wilmer Martínez y Salvador Ricardo, líderes cívicos.
Ahora bien, para este caso en particular se presume que los predios que se desalojen serán para construir un megacentro comercial para uso de grandes inversionistas, entre los cuales seguramente estará la familia del alcalde de la ciudad, para los cuales los comerciantes minoristas son una competencia. Acá cabe anotar que a estos mercados van generalmente los más pobres a abastecerse de alimentos por sus precios muy bajos, y allí también encuentran servicios de peluquería, venta de ropa usada y nueva, restaurantes populares donde un corrientazo se puede conseguir en $5.000 y un plato de sancocho con arroz en $3.000.
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Llegado el momento del despojo, hombres y mujeres que durante años trabajaron en el mercado, lentamente se cambiarán a nuevos sitios, no siempre al ofrecido por las autoridades, que generalmente son a precios inalcanzables para ellos, dejando tras de sí toda una vida de trabajo y sacrificio, de horas buenas y malas, con la necesidad de seguir luchando por la vida en nuevas condiciones a veces peores, porque mientras los usuarios de la primera se acomodan o llegan otros las perspectivas de mejorar ingresos en principios no son garantizables.
Mientras eso ocurre viven una permanente zozobra, por el temor a ser víctimas del nuevo despojo, así como al histórico uso de la violencia oficial para llevarlo a cabo. Ya revelan la ansiedad y la angustia previa al trauma particular y colectivo que se produce siempre ante los imponderables de la inestabilidad que generan medidas oficiales inconsultas y por demás lesivas a los derechos humanos y la dignidad de los afectados.
Tolerado en la mayoría de las sociedades y fomentado oficialmente en muchas el desalojo forzoso desmantela lo que la gente por años y hasta decenios ha construido, destruyendo en cada caso el sustento, la cultura, la comunidad, las familias y los hogares de millones de personas en todo el mundo, ante la mirada impávida del resto de habitantes, que si acaso se enteran por la prensa y pasan a creer en los cantos de sirena de un supuesto desarrollo que no tiene en cuenta la primordial que este debe traer: el mejor estar de los afectados. Sin promoción humana no hay progreso, porque lejos de solucionar los problemas de vivienda o las crisis urbanas, los desalojos forzosos destruyen negocios, moradas y asentamientos humanos que la gente considera como su hogar y tal vez sería más apropiado calificarlos de sistema de "privación del uso de espacios vitales" para el derecho al trabajo y a la subsistencia decorosa, como nos aseveró Salvador Ricardo, escultor, poeta y solidario con las causas de los desposeídos, que se ha apersonado del caso acompañando las reuniones que semanalmente realiza Acubar en los pasillos tristes de La Magola.
En conclusión, se está implementando un modelo asociado a la aplicación de un proyecto de desarrollo, que en la obra Capitalismo del Desastre (Klein, 2007) comienza por destruir para rehacer sobre los escombros una nueva sociedad a imagen y semejanza del deseado modelo, según lo indica el mercado global (Serna, 2012). Por lo pronto los adjudicatarios del Playón y la Magola están forjando formas de resistencia, organizarse, dejar de pagar una nula “administración”, como denuncias a la prensa y a las diversas organizaciones de derechos humanos, reuniones permanentes para organizar movilizaciones y visibilizar su problemática.
