En menos de dos semanas el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ha despedido o encartado penalmente a tres funcionarios judiciales que estuvieron a cargo de procesos que en su momento tuvieron especial relevancia y atizaron la polarización política en el país.
El primero de ellos, Carlos Iván Mejía, fue el fiscal delegado ante la Corte Suprema que llevó a juicio y pidió una condena contra Santiago Uribe; hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, como presunto líder de una estructura paramilitar conocida como “los doce apóstoles”.
Los otros dos, Álvaro Betancur y Daniel Hernández, fueron acusados por el presidente Gustavo Petro -basado en publicaciones de prensa- de haber constreñido al abogado Álex Vernot para obligarlo a hacer declaraciones en contra suya, a cambio de beneficios judiciales.
Betancur fue declarado insubsistente y debió dejar su cargo. Mientras tanto, Hernández, que en tiempos de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira era considerado el fiscal estrella del caso Odebrecht, está llamado a audiencia de imputación de cargos por un presunto prevaricato. La Fiscalía lo acusará con base en evidencias según la cual no tramitó las órdenes de captura contra directivos de la multinacional brasilera comprometidos en una trama de sobornos.
Barbosa, sin embargo, no ha motivado los retiros y se ha apoyado en su facultad de libre nombramiento y remoción, con lo cual se pone a salvo de posibles demandas contra la Nación para puedan llegar a afectarlo a él.
El fiscal Mejía se mantenía en su cargo, pese a que su decisión contra Uribe contrastaba con la posición que sobre el mismo Caso tenía su jefe inmediato, el coordinador de la Unidad de Fiscales ante la Corte, Gabriel Ramón Jaimes Durán.
El nombre de Jaimes cobró notoriedad cuando pidió la preclusión (archivo definitivo) en el proceso seguido al expresidente Uribe por una posible manipulación de testigos judiciales.
El mismo día en que firmó la resolución de declaró insubsistente a Mejía, el fiscal general hizo un elogio a la tarea de Gabriel Jaimes y de los demás fiscales delegados ante la Corte que siguen bajo su coordinación.
El relevo de fiscales, que tiene el carácter de una purga velada, tiene connotaciones todavía más profundas, ya que los tres fiscales despedidos tenían a cargo procesos relacionados con vínculos de funcionarios judiciales con mafias del narcotráfico y también con complejas tramas de corrupción como la de Odebrecht.
Mejía era el responsable de sustentar ante la Corte cargos que le fueron imputados al exmagistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, quien cuando estuvo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resultó sospechoso de buscar lucro con la negociación de fallos.
El saliente fiscal Álvaro Betancur condujo procesos que llevaron a la cárcel al empresario Carlos Mattos, cuyas condiciones en prisión fueron endurecidas después de que una cámara de televisión mostró que salía a hurtadillas de la cárcel con la complicidad de funcionarios del Inpec y pasaba horas enteras en su oficina del norte de Bogotá.
El fiscal Betancur investigaba a colegas suyos de Cali, los también fiscales Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto, contra quienes obran evidencias según las cuales torcían procesos para beneficiar a narcotraficantes.
El fiscal Daniel Hernández, llamado a juicio por presunto prevaricato, fue considerado uno de los fiscales estrellas del caso Odebrecht durante la administración de Néstor Humberto Martínez Neira.
Hasta antes de ser procesado, Hernández venía recibiendo altas calificaciones y gozaba de un reconocimiento similar al que en su momento tuvo su hermano Virgilio, creador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía durante la administración de Alfonso Gómez Méndez.
Los hermanos Hernández son hijos del juez de la República Virgilio Hernández, una de las víctimas de la masacre de La Rochela, ocurrida en 1985 en el Magdalena Medio.
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