A horas o tal vez días de que se lleve a cabo la elección de la nueva fiscal general de la Nación en la Corte Suprema de Justicia, todo depende de la grandeza e independencia de la Corte para no dejar la Fiscalía en interinidad; resulta pertinente hablar sobre la gerencia desarrollada por el fiscal Barbosa, autodenominado como el segundo funcionario más importante del estado.
Si bien aquel servidor se consideró como el segundo más importante durante el mandato de su amigo de pupitre y jefe, Iván Duque, tiempo después, cuando el primer funcionario del estado engendrado en Gustavo Petro le requirió informaciones sobre conductas punibles y hechos de orden público, de tajo, Barbosa se comió de un solo bocado aquel viejo parlamento de la época Duque y de la noche a la mañana, se convirtió en un mesiánico opositor politiquero, a sabiendas de que, como fiscal general, ha dejado más dudas que certezas en la lucha contra el crimen.
No obstante, los verdaderos dueños de la Fiscalía somos los colombianos y como tal, tenemos derecho a conocer cómo se desarrolla la administración de una las entidades más importantes del país. Por eso, en adelante, pretendo brindarles algunas cifras y datos sobre la gestión o administración del Dr. Francisco Barbosa, para que tengamos un punto de comparación desde ahora y ojalá, en esta columna, nos volvamos a encontrar en unos años y podamos confrontar las administraciones y sus resultados.
Iniciemos por la parte financiera, pues es obvio, cualquier accionista de una empresa para revisar la gestión del gerente solicitaría algunos documentos básicos sobre la situación bancaria y contable de la compañía y al respecto, debo informar con sorpresa que, la entidad que persigue el lavado de activos, los delitos financieros, el peculado, la captación ilegal de dinero, la estafa y el levantamiento de bienes entre otros, tiene todas sus cuentas bancarias embargadas.
Si la Fiscalía como empresa tuviera que pedir un préstamo al sector financiero: ¿acaso la banca se atrevería a prestarle viendo sus cuentas embargadas?, la verdad es que no, aunque todos sabemos que el órgano persecutor no necesita pedir préstamos, no obstante y sin lugar a duda, esos malos manejos de las cuentas, hacen de la Fiscalía una entidad riesgosa financieramente hablando.
¿Por qué el señor gerente general de nuestra institución mantiene todas las cuentas sin dinero y embargadas?: la razón es porque desde la administración de Néstor Humberto Martinez inclusive, se han duplicado las condenas en contra de la Fiscalía, así que, maquiavélicamente, la administración prefiere mantener las cuentas embargadas y no pagar como debería a sus víctimas y acreedores, ¿paradójico no?, ¿no es esto una especie de alzamiento de bienes para defraudar a sus víctimas evitando u obstruyendo el pago efectivo y rápido de condenas judiciales de reparación?
Desde la administración de Néstor Humberto Martinez inclusive, se han duplicado las condenas en contra de la Fiscalía
Eso sí, el fiscal general gastó a manos llenas en Cartagena los recursos que podían ayudar a pagar las deudas de la entidad, y lo hizo para llevar a cabo y como anfitrión, la reunión panamericana de fiscales en la que lo elegirían presidente de tan importante organismo, que valga la oportunidad, no nos sirve para nada en Colombia, es decir que ahí, con ese gasto hubo una mala administración financiera.
Si hablamos de la riqueza humana de la Fiscalía, de la administración de recursos humanos, encontraran que durante el régimen de nuestro gerente Barbosa, se usó el traslado de fiscales indomables, a los confines de Colombia o a zonas muy riesgosas para castigar a servidores que osaron perseguir el delito con independencia o sencillamente, enfrentaron al administrador despiadado, como fue el caso del Dr. Daniel Cardona, a quien sin compasión, el fiscal Barbosa decidió enviarlo al Chocó cuando sus hijos recién nacidos estaban en una Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica de Bogotá. Esa decisión de Barbosa, sirvió a la corrupción, porque Cardona renunció y las investigaciones que dirigía por actos de corrupción judicial y administrativa, dejaron de producir los resultados que estaba obteniendo. Es decir que, como líder de equipos de trabajo de alto rendimiento, deja clara la falta de capacidad el señor gerente.
En el tema de personal, hay que mencionarlo, existen muchos fiscales que no tienen asistente ni policía judicial para atender los más de 2000 casos asignados de forma inhumana y volviendo un poco el tema de las finanzas, la planta y equipo para apoyar la labor de los fiscales es cada día más obsoleta. Al respecto, la Fiscalía, por ejemplo, ha invertido millones en software distintos para administrar bases de datos y cada software o solución informática contratada con nuestros recursos, resulta que no son compatibles con otras soluciones informáticas, por lo que, ahora se tiene un desorden con más de 67 sistemas de información incompatibles, mala gestión.
La fiscalía de Barbosa tenía que haber nombrado una nómina de 27.000 personas para mantener su planta de personal al 100 %, sin embargo, solo nombró 22.500 empleados a pesar de la enorme carga de trabajo y la crisis por la que atraviesa la fiscalía. De 22.500 empleados solo hay 4.585 servidores en carrera administrativa dentro de los cuales, solo 884 fiscales están en carrera, es decir, que el fiscal Barbosa a dedo y bajo sus criterios pudo nombrar en provisionalidad al menos 16.684 funcionarios, dentro de los cuales, hay con cargo y sueldo de fiscal, personal de apoyo administrativo que nada tiene que ver con la persecución del crimen.
Desde que llegó el Fiscal Barbosa al cargo han ingresado a la Fiscalía o se han radicado 4´237.139 denuncias, según SPOA, pero ya venían en curso más de 2´763.587 denuncias y procesos de los cuales, a la fecha la tasa de impunidad ronda el 97 % de los casos y estos datos no son más que el fruto de varios derechos de petición en los que la fiscalía se vio obligada a contestar informando:
Es decir, que, si el producto que debe comercializarse en una empresa, tratando de hacer un parangón con la Fiscalía y haciendo de cuenta que encontrar justicia o llegar a una sentencia es el producto o la oferta de valor de la organización, se puede pensar que la Fiscalía a pesar de tener más de cinco billones de presupuesto, desatiende entre el 94 y el 97 % de los pedidos de los clientes, si entendiéramos que cada denuncia de un ciudadano corresponde a un cliente con pedido de producto.
La Fiscalía ha tenido una pésima administración financiera y operativa pues frente al acceso a la administración de justicia, las victimas son atendidas de forma selectiva, solo se atienden grandes casos mediáticos o aquellos en los que “un amigo de la Fiscalía ayude”, de resto, todos los clientes o ciudadanos deben esperar que llegue su oportunidad de demandar a la Fiscalía por falta de gestión, por eso es que el fiscal Barbosa mantiene todas las cuentas de la entidad embargadas.
Solo se atienden grandes casos mediáticos o aquellos en los que “un amigo de la Fiscalía ayude”
Cuando le preguntamos a la Fiscalía sobre los procesos terminados por atipicidad, que ha sido una marca de esta administración saliente, casi todo lo archivan, para no alterar más las estadísticas; nos contestaron:
Es decir, que la Fiscalía bajo la administración de Francisco Barbosa ha permitido que se pierdan más de diecinueve mil casos por falta de diligencia, les prescribió la acción penal para perseguir el delito, y por atipicidad, es decir porque los hechos no existieron o no los cometió el investigado, hubo casi catorce mil sentencias que perdió la fiscalía, pero, en la gran mayoría de archivos de las investigaciones, estén seguros, no se desplegaron técnicas investigativas para asegurar una debida diligencia.
Cuando les preguntamos a la Fiscalía cuántos casos han ganado dentro del periodo de nuestro gerente Barbosa, frente a esos más de cuatro millones de denuncias que ingresaron para ser solucionadas dentro de su administración, la Fiscalía decidió ser evasiva y no contestaron la pregunta y entendemos por qué, pues el numero es tan bajo, que solo revela las razones por las que en Colombia crece exponencialmente la inseguridad.
Según el mapa de impunidad revelado por el secretario de la transparencia de la Presidencia de la República, las condenas por delitos de corrupción se encuentran en un estado de casi estancamiento, se tiene una disminución histórica, pues este año, llegaran a condena solo el 0,25 % de las denuncias por corrupción, después de que, en el año 2022, se obtenía un 0,96 % de condenas, frente a un 2021 en el que se lograron condenas del 1,52 % de los procesos.
San Andrés, por ejemplo, el sitio predilecto del fiscal para ser visitado con su familia, la impunidad es del 99 %, es decir que de cada 100 ciudadanos que buscan justicia en la Isla, solo hay atención efectiva o acceso a la justicia para un ciudadano de esos 100.
Así recibirán la Fiscalía cualquiera de las tres candidatas que termine electa por la Corte, una institución embargada, dilapidada, sin su planta de personal al 100%, sin atención efectiva a más del 95% de los ciudadanos y con una desmoralización del personal por falta de liderazgo. Ojalá que no solo nos llegue una profesional del derecho, ojalá nos llegue una gerente, que ame la justicia y que administre bien porque si la fiscalía cumple con su deber, Colombia cambiará y mejorará para siempre y de inmediato.
@hombreJurista
