Como ampliamente ha informado la prensa, los escándalos de corrupción que en las últimas semanas han estallado en el país han puesto en la agenda pública la financiación de las campañas. Existe la sensación que jamás en la historia de Colombia ha habido tanta corrupción como la que existe hoy en día. Por esta razón el presidente Santos le solicitó a los seis miembros de Misión Electoral Especial estudiar la posibilidad de que la financiación de las campañas políticas sea 100 % estatal, con el fin de evitar que se sigan presentando casos de corrupción. “A estas alturas, con lo que estamos viendo, hay que ser prácticos y oportunos. Por eso les sugiero que piensen en este momento si no sería conveniente una financiación 100 % estatal para dejar a un lado todas esas injerencias de contratistas y de intereses económicos sobre nuestra democracia y después veremos si ese método funciona o no”, manifestó Santos.
Albergo la impresión de que el presidente Santos solo tiene razón en parte, porque el meollo del asunto no está en los aportantes a las campañas, que por lo general lo hacen de forma lícita, sino en los créditos a los candidatos para financiar sus campañas, y en la manera como estos ‘Banqueros en la Sombra’ recobran sus préstamos.
Además del presidente, hace unos meses el nuevo procurador, Fernando Carrillo, en una entrevista con Yamid Amat (El Tiempo, octubre 30/16), empezó por su lado a acercarse al meollo de la corrupción en el país que es el ¿cómo se financian las campañas políticas en Colombia? y ¿cómo se repaga ese financiamiento por parte de los funcionarios elegidos que tiene capacidad decisoria de disponer del erario público por medio de contratos?
No es un secreto para nadie que el costo de ser elegido en Colombia es alto, demasiado alto. Y dependiendo del cargo y de los recursos que éste u otro funcionario puedan llegar a manejar, o como mínimo influenciar, va a depender en buena parte el costo de la campaña. Como es obvio, el monto que hay que invertir para ser senador es bastante superior al de salir de concejal; y el de alcalde de un municipio que recibe cuantiosas regalías puede ser bastante más alto que el de un gobernador de un departamento pobre y aislado. Pero todo puesto público tiene su precio y hay una serie de ‘banqueros en la sombra’ que están dispuestos a financiar las campañas de aquéllos que tienen una posibilidad de triunfar, mediante un ‘arreglo’ que implica el repago de la deuda a través de adjudicar los contratos por medio de asignar a dedo a ‘contratistas’ que los financiadores señalan. Estos ‘contratistas’ a su vez se comprometen a devolverle al ‘financiador’ una suma que cubre el principal del dinero adelantado y unos intereses, que si no son de usura, por lo menos son leoninos. La razón por la cual es tan sencillo que funcione la corrupción, es que no existen mecanismos para controlar las fuentes de financiación de las campañas y, según recientes informes, cerca del ochenta por ciento de los contratos públicos se adjudican a dedo. Es decir, los funcionarios tienen el campo abierto para devolver los favores que les han prestado.
En esta ‘cadena de la felicidad’ el primer eslabón es el mismo Estado
que ha diseñado y tolera, por no decir promueve,
las condiciones para que esta corrupción florezca
En lo que el Dr. Carrillo se equivoca es en señalar al sector privado como prácticamente el único responsable de esta corrupción. Se equivoca porque en esta ‘cadena de la felicidad’ obviamente el primer eslabón es el mismo Estado el que ha diseñado y el que tolera, por no decir promueve, las condiciones para que esta corrupción florezca; y es el mismo Estado, con su generoso y casi ilimitado reparto de ‘mermelada’, el que aporta el lubricante para que esa inmensa maquinaria de la corrupción funcione de maravilla. La participación del sector privado en este engranaje, se limita a un puñado de ‘banqueros en la sombra’ y a un pequeño grupo de contratistas del sector privado que se presta a estas vagabunderías.
