Las noches del 2 y 3 de mayo los caleños las van a recordar por siempre: la policía, en colaboración con el Ejército Nacional, asesinó a veintidós jóvenes que participaron de las protestas que originó el paro nacional. Son muchas las sensaciones que esta tragedia ha generado en la opinión pública, pero lo único que está claro es que Jorge Iván Ospina, el burgomaestre local, tampoco va a olvidar (o no le van a ser olvidar) que pudo evitar el baño de sangre que todo el país logró presenciar. Al ver que no le podía garantizar el orden público a su ciudad, el alcalde no dudó en pedirle a Duque los refuerzos necesarios para neutralizar los conatos de violencia que estratégicamente se produjeron. Su nefasta decisión hoy tiene llorando a veintidós familias, e igualmente indignada a una ciudadanía que no le perdona su falta de liderazgo.
Se debe interpretar muy bien lo que pasó. Por eso hay que decir que lo que se vivió en Cali fue un estado de conmoción interior no declarado, así un alcalde, desesperado, claro está, haya pedido ayuda; que era una obligación tirar a matar sin importar quien protestara –al menos eso dan a entender los vídeos que se compartieron–; que la orden fue estimulada por Álvaro Uribe Vélez, que a través de las redes sociales manifestó un apoyo bélico ante lo que se está viviendo; y que los jóvenes asesinados, todos ellos oriundos de barrios humildes, fueron utilizados como idiotas útiles por los líderes del paro, los cuales, dicho sea de paso, no le han dado la cara al país como se debe. Sabiendo todo esto, amigo lector, se puede concluir que sí o sí era una prioridad demostrar que el gobierno Duque –porque no, el gobierno Uribe– manda como sea en el país, y que el paro era una estrategia para sacarlo del poder a través del clamor y la osadía popular. En otras palabras, los opositores de este nefasto mandato quisieron, sin acudir a otras formas de confrontación subversiva, que el derecho a la protesta genera las escenas de horror que Cali presenció.
También debe quedar claro que los jóvenes caídos no tenían más que piedras y unos cuantos explosivos para enfrentarse a la fuerza pública, por lo que era lógico que en Paso del Comercio, Siloé y las afueras de Palmira sufrieran lo que sufrieron. Aun así, como siempre pasa, nadie reconoce la gravedad de lo que pasó, justificando una acción que demuestra la cobardía de una sociedad que no sabe solucionar sus problemas por medio del diálogo. Sin embargo, son responsables todos los que fraguaron semejante limpieza, como también los que quisieron enfrentarse truculentamente a un gobierno acudiendo a un derecho constitucional. Hacia ellos debe ir nuestra sanción social, rechazando el poco compromiso de un Estado criminal que no valora a su juventud: la población que ha olvidado en el desempleo y, por ende, en la pobreza que cada día motiva inconformidad.
El mundo entero debe saber que el paro del 28 de abril tenía de antemano sus macabras intenciones. Me atrevo a decir que se quiso sacrificar a un pueblo famélico, cansado y atormentado por un país que no brinda ningún futuro. Por eso es importante que no se olvide lo que pasó, para que así se comprenda que esto es el comienzo de algo que realmente no tiene techo: la insatisfacción social va a seguir promoviendo una lucha que no va a parar hasta que Uribe desaparezca de la escena política. Por lo pronto, sobre mi amada tierra se siente una aparente calma, quedando claro que de ahora en adelante va a pasar a la historia por ser la ciudad más antiuribista, lo cual es un motivo para que se siga enfrentando a la tragedia social que nos afecta: la desigualdad que promueve un gobierno que únicamente trabaja para los bancos.
