Estaba leyendo esta semana con entusiasmo la reciente, y sorprendente, columna de la exministra de Comercio, María Claudia Lacouture, en la que llamó a “valorar mejor cualquier oficio y reinventar los códigos sobre el respeto y la dignidad”. Que lo diga tan digna representante de la dirigencia nacional no dejó de ilusionarme con lograr relaciones laborales más democráticas en la “Colombia Amarga”, pero ahí mismo otro golpe nos tiró a la realidad: María Alejandra Silva, copropietaria de la feria Buró 2021 estaba protagonizando otro escándalo de discriminación en el mundo del trabajo.
La señora Silva le negó, a la media noche de un arduo día de trabajo, un trozo de pizza a uno de tantos vigilantes a su servicio en la instalación de los stands de la tal feria, y que con su trabajo, estaba contribuyendo a los fines de su empresa. Otro escándalo de gente “bien” del norte de la capital, un hecho de una inhumanidad suprema que merece el mayor reproche social, y una investigación del Ministerio de Trabajo, pero después me acordé que esa vaina que dirige Ángel Custodio ya no existe.
Lo triste es que la señora se enredaba más cada hora porque no se daba cuenta que era la victimaria y no la víctima de un ruido mediático. Difícil porque ella parece sentirse en un altar. La señora Silva se siente o mejor, se vende, como mecenas, como la gran dama benefactora del emprendimiento nacional, apenas por debajo del presidente Duque. Entre más explicaciones daba la señora, más la embarraba, y además fue incapaz al menos de disculparse.
Lo triste es que este episodio es solo la punta del iceberg de la discriminación sistemática en el trabajo que se vive cotidianamente en nuestro país y a todos los niveles. “Gente de bien” en las esferas directivas de compañías creyéndose con el derecho “divino” de humillar y maltratar a otros trabajadores y trabajadoras. Ya me había referido en este mismo espacio, hace casi un año, al caso de un vigilante acosado en un edificio de “gente de bien” del norte de Barranquilla, que tuvo que acudir a la justicia constitucional para que se le reparara y se le pidiera perdón por todas las humillaciones de las que había sido víctima. Quisiera saber si se cumplió la sentencia.
El caso de “un trozo de pizza” hizo público de nuevo lo que muchos quieren mantener en privado, la cultura de abuso del poder en las esferas del trabajo, casi siempre invisible, imperceptible, un drama que se vive en silencio, al interior de los muros de las entidades o las fábricas. Los empresarios y las empresarias creen que la Constitución no opera en los sitios de trabajo y los ayuda mucho la ineptitud de la inspección del trabajo, solo les queda a los trabajadores la autotutela de sus derechos. Por cosas como estas han nacido muchos sindicatos en el país.
________________________________________________________________________________
Los casos de acoso, maltrato y discriminación laboral no se dan solo en trabajos tercerizados y en el marco de relaciones asimétricas
________________________________________________________________________________
Pero la historia que les quiero contar a continuación demuestra que estos casos de acoso, maltrato y discriminación laboral no se dan solo en estos trabajos tercerizados y en el marco de relaciones asimétricas. Recientemente la Corte Suprema de Justicia amparó los derechos de una mujer, presidenta y representante legal de la Fiduciaria Petrolera, Fidupetrol, que fue objeto de malos tratos a través de injurias y calumnias, por parte de miembros de la junta directiva de la citada empresa, que en una de sus sesiones trataron de “bandida y mentirosa” a la demandante, alta ejecutiva, pero también trabajadora asalariada a fin de cuentas. Dijo la Corte: “también en los escenarios de poder es factible advertir la discriminación contra la mujer trabajadora, evidenciada en la violencia que, unas veces subrepticia, y otras en forma manifiesta, se escala por medio del uso de un lenguaje que históricamente las ha marginado”.
A María Alejandra Silva, se le olvida que es trabajadora también, que es persona y que, como ese humilde vigilante que cuida sus propiedades durante la feria, tiene derechos que le pueden ser vulnerados. Deberíamos un poco aplicar la consigna de no tratar a los demás como no nos gustaría ser tratados, de ser capaces de ponernos los zapatos del otro.
Hasta en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid, ya estamos viendo discriminación y con los más pobres. Rappi, la neoesclavista tecnológica anunció con bombos que compró 2.000 vacunas para sus “trabajadores más productivos”, 43.000 de sus trabajadores quedaron por fuera, al menos la mitad migrantes venezolanos. Ecopetrol hizo lo propio: solo compró vacunas para algunos trabajadores directos, mientras sus más de 25.000 trabajadores tercerizados siguen esperando turno y produciendo los billones de pesos en utilidades de “la primera empresa del país”.
Todos los días recibo, en el anonimato y por el miedo a ser vetados, decenas de denuncias de este tipo. Trato de canalizarlas y que se atiendan, casos como los de droguerías Farmanorte que recién llegan a Barrancabermeja y abusan de sus trabajadores. “Gestionar bienestar” una empresa tercerizadora de servicios de salud en la ciudad, también ha sido denunciada porque sus trabajadores para poder descansar tienen que incapacitarse por fatiga laboral. Cuando los trabajadores están cansados y decididos les ofrezco la creación o vinculación a un sindicato y el ejercicio de la libertad sindical como herramienta equilibradora y democratizadora de las relaciones laborales. Y es que compañeros y compañeras, el camino es cooperar, sindicalizarse.
Vuelvo a la columna de la exministra que leí con algo de esperanza: “reconocer la dignidad de cualquier actividad, enaltecer todos los esfuerzos en las actividades humanas, ojalá primero las de los más humildes que trabajan en aquellas labores necesarias para todos, pero que ganan menos y sufren más”. Porque el odio de clase lo promueven muchos empresarios con sus prácticas todavía feudales.
