El 16 de febrero de 2018, José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia, presentó la ponencia en la que exoneró al senador Iván Cepeda después de que en 2012 Uribe lo denunciara por la supuesta creación de una red de falsos testigos cuyo propósito final era vincularlo con el origen del Bloque Metro de las AUC en la hacienda Guacharacas, de la familia Uribe Vélez a finales de los años 90, cuando el expresidente era Gobernador de Antioquia. Sin embargo, el escenario judicial dio un giro radical y Barceló ordenó compulsarle copias: Uribe pasó de ser acusador a acusado.
Entre el 16 y el 23 de febrero la defensa de Uribe hizo todo lo posible para que Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave contra el expresidente, cambiara su versión, y estando en La Picota recibió al abogado Diego Cadena, quien tenía un poder de Uribe para recoger la retractación de Monsalve, aunque este nunca lo hizo.
Durante la recordada rueda de prensa que dio Uribe en su casa de Rionegro junto a sus dos abogados Jaime Lombana y Jaime Granados, además del representante Prada, el expresidente aseguró que nunca le informaron del proceso a pesar de que él le pidió a la Corte Suprema de Justicia, a través de un derecho de petición, que le informara de todas las investigaciones que se adelantaban en su contra. Efectivamente, la Corte le pasó un documento en el que le reportó los 32 procesos que existían, de los cuales 14 estaban activos, pero según Uribe, entre esos no había reportes del que surgió después de que se conocieran las denuncias que hizo el abogado Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, al asegurar que al testigo Monsalve lo estaban presionando dentro de la cárcel y había recibido varios mensajes de WhatsApp desde Neiva, al parecer, por orden de Prada.
Los señalamientos se hicieron más graves cuando el expresidente le pidió a la Corte el 25 de julio, un día después de que fuera publicado el radicado con el que se le llamó a indagatoria, la totalidad del proceso, pero se lo fueron entregando por partes.
Al despacho del canciller Carlos Holmes Trujillo llegó una carta de Diego García Sayán, relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, que advirtió la posible imparcialidad en el caso contra Uribe. García Sayán le puso la lupa al proceso después de que recibiera una demanda de la defensa del expresidente en el exterior, encabezada por el abogado Víctor Mosquera.
García Sayán cuestionó la competencia de la Corte para investigar a Uribe, pues desde el 18 de enero se había creado la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema, que es la nueva encargada de llevar los procesos contra los aforados. Aunque la realidad dista mucho del papel, pues dicha Sala Especial solo entró en funcionamiento hasta el mes de julio porque dentro de la Corte no se podían poner de acuerdo para elegir a los magistrados que la integrarían, y solo hasta hace una semana lograron seleccionar todos los nombres de la nueva sala. Según García Sayán, “la vulneración al principio de imparcialidad se manifestaría en el hecho que la Sala de Casación Penal mantuvo oculto el proceso ante el Sr. Álvaro Uribe Vélez y su defensa”.
El canciller Trujillo tiene 60 días para responderle a García Sayán y explicarle en detalle cuáles fueron las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar la imparcialidad de los jueces, que fue puesta en entre dicha desde que se conoció la investigación contra el expresidente Uribe y ahora tuvo eco en la ONU.
