La Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), realizará una auditoría a la compra de acciones de la CFI en Eco Oro Minerals (antes Greystar Resources Ltd.) por US$18.2 millones. Dicha empresa canadiense pretende ejecutar un proyecto minero de oro llamado Angostura en el páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos colombianos de Santander y Norte de Santander.
La decisión responde a la queja presentada en junio de 2012 por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán con apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y MiningWatch Canadá. Los peticionarios argumentaron que la inversión no cumplió con las políticas de sostenibilidad social y ambiental de la CFI, entidad parte del Grupo del Banco Mundial.
“Celebramos la decisión de la CAO de avanzar la queja a una auditoría. Esto se suma a nuestros argumentos sobre la inviabilidad de la mina Angostura en Santurbán”, sostuvo Miguel Ramos, abogado miembro del Comité. “Si la CAO concluye que el proyecto no está cumpliendo y no va a cumplir con sus estándares, la CFI debería vender sus acciones”.
Los páramos, humedales de gran altitud, son fuente de agua dulce y refugio para especies endémicas y amenazadas como el oso de anteojos y el cóndor andino. Así lo reconoce incluso la CFI. Además son ecosistemas esenciales para la mitigación del cambio climático. Las normas colombianas e internacionales prohíben la minería en páramos. Por ello, en mayo de 2011, el Ministerio de Ambiente de ese país negó la licencia ambiental al proyecto, propuesto inicialmente como mina a cielo abierto y ahora como mina subterránea.
“Consideramos que una mina a cielo abierto o subterránea causaría daños irremediables a un ecosistema esencial para Colombia y para la región por su alta biodiversidad, su importancia para mitigar el cambio climático y por ser fuente de agua dulce para dos millones de personas. Por lo tanto y en cumplimiento de las normas, no debería implementarse”, indicó Astrid Puentes, co-directora ejecutiva de AIDA.
La investigación de la CAO se enfocará en conocer si la evaluación de los riesgos sociales y ambientales se realizó de manera adecuada, en especial de aquellos acumulativos y de largo plazo.
“La CFI invirtió para impulsar el sector minero en Colombia sin tener la información necesaria de los impactos, tanto del proyecto como del posible desarrollo de un distrito minero en la zona de Santurbán, una región que ha sido afectada por el conflicto armado y donde 70,000 hectáreas han sido concesionadas a varias empresas desde que Eco Oro llegó”, afirmó Jennifer Moore, coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canadá. “Esto demuestra que es una política irresponsable e inmanejable".
La decisión de la CAO llega dos semanas después de otra similar, la de hacer una auditoría a una mina de cobre en Perú. En ese caso, la CFI compró acciones en un proyecto en etapa preliminar sin evaluar los impactos.
“Desde nuestra perspectiva, de continuar aceptando este tipo de inversiones, la CFI podría incumplir con sus estándares. Es un patrón sumamente preocupante”, manifestó Kristen Genovese, abogada de CIEL.
Las organizaciones que presentaron la queja esperan que el resultado de la investigación que realizará la CAO sea comprehensivo y que cuestione en profundidad la política actual de la CFI de impulsar la minería a gran escala a través de la compra de acciones en empresas mineras de exploración llamadas "junior".
