En el marco del debate sobre la adición de $ 8.3 billones al presupuesto el Senador Iván Duque puso sobre el tapete la inconveniencia de enterrar 1.2 billones en la capitalización de Colombia Telecomunicaciones que piden los españoles de Telefónica que la controla con un 67%.
La empresa Colombia Telecomunicaciones –Coltel- se formó en 2006, con los activos, pasivos y contratos de la estatal Telecom. En ese momento la participación del accionista privado era cincuenta por ciento más una acción. Desde entonces la participación del gobierno ha bajado a 32.5%, por la dificultad que ha encontrado el gobierno para invertir en el negocio. La Viceministra de Hacienda, María Ximena Cadena, ha dicho que si no se hace la capitalización el nivel de deuda financiera, que ya es elevado, desbordará lo sostenible en relación con la capacidad de generación de efectivo de la empresa. Eso es cierto, pero no aborda los asuntos de fondo.
El Presidente de Telefónica en Colombia es el señor Alfonso Gómez, quien era en 2002 el Secretario de Telecom, y fue promovido a Presidente de la firma estatal en ese momento porque ninguno de los ejecutivos a los que la Ministra de Comunicaciones, Martha Pinto de Hart, invitó a liderarla, aceptó el encargo. Era evidente la insostenibilidad de esa empresa, abrumada por la improductividad, el rezago tecnológico y los altos costos laborales, y solo quien no tuviera nada por perder estaría en disposición de asumir la tarea evidente de liquidarla a través de alguna figura ingeniosa. En ese momento el pasivo pensional era del orden de cinco billones de pesos, cuando los ingresos totales de la empresa no excedían el billón y medio anuales, y las pérdidas eran del orden de medio billón. El costo laboral por persona era del orden de seis millones de pesos mensuales, según la estimación de la administración. Como suele suceder en el sector público, no se habían segregado recursos para el pago de las pensiones, a pesar de que la empresa enfrentaba el riesgo de obsolescencia.
El proceso fue traumático, y puso de presente la debilidad de las instituciones públicas del país: incluso se recuerda cómo en 2003 personas aparentemente vinculadas al Sindicato de Trabajadores de Telecom penetraron en forma irregular en las oficinas del Presidente, para lo cual se descolgaron del piso superior, cuando se encontraba reunido con representantes de NEC, empresa japonesa con la cual la empresa tenía un acuerdo de asociación calificable como asimétrico; la policía se tomó el edificio con despliegue insólito de eficiencia, y el episodio no pasó a mayores.
La tarea tomó cuatro años, pero al fin se culminó: Telefónica inyectó capital fresco a la nueva sociedad, y asumió la responsabilidad gerencial de producir utilidades, cuya distribución eventualmente ayudaría al gobierno nacional a pagar el enorme pasivo pensional de Telecom. La verdad es que eso no ha ocurrido, pues Coltel no produce mayores utilidades. Es curioso que el señor Gómez haya pasado de liderar el proceso de venta de los activos, pasivos y contratos de Telecom a asumir el papel de Presidente de Coltel. No hay evidencia de que haya sesgado el proceso a favor de los compradores y en contra de los intereses de la Nación, pero no deja de ser bochornosa esa transición.
Lo cierto es que los inversionistas españoles han invertido desde entonces más que el gobierno para evitar el colapso de Coltel, con la consiguiente reducción en la participación de la Nación, y ahora han indicado que no tienen disposición a seguir haciendo solos el esfuerzo, pero el Ministerio de Hacienda no ha podido explicar en forma clara el beneficio para el interés general de que la empresa siga en funcionamiento. Es probable que el temor a las confrontaciones con el Gobierno de España, tras lo sucedido con motivo de la intervención de Electrificadora del Caribe y la terminación poco fluida del negocio de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado de Santa Marta por parte de Metroagua, filial de Canal Isabel II, sea el móvil dominante.
No parece haber perspectiva de que Coltel justifique la inversión adicional de 1.2 billones de pesos, cuyo costo sería dejar de impulsar gasto social, tras haberse hecho otra, igualmente discutible, de 3.6 billones en 2012. Es cierto que al menos desde 2015 tiene patrimonio positivo, en contraste con la situación de 2013 y 2014, pero la distribución de dividendos parece lejana, y la situación fiscal no es apropiada para especular con los dineros públicos. El costo de oportunidad de los recursos estatales puede ser enorme si se deja de invertir en salud o educación para apostar como inversionista en una empresa de mayoría privada con futuro incierto.
El gobierno entendió con mucho atraso la necesidad de resolver en forma ordenada el pasivo pensional de Telecom y sus quince Teleasociadas. Para ello expidió en 2015 el Decreto 2090, que contiene pautas claras y coherentes para enfrentar el problema. La novela del pasivo pensional de Telecom tiene, al fin, atención apropiada con muchos años de dilación, pero no deja de ser curioso que sean los congresistas del Centro Democrático quienes enjuicien al gobierno por proponer una inversión discutible cuando lo ocurrido es consecuencia de la solución inadecuada al problema de Telecom en la administración de Uribe
