Hoy en medio de la implementación de un proceso de paz en Colombia, reciben una vez más amenazas de muerte líderes sociales y defensores de derechos humanos. Denuncio públicamente la grave amenaza de muerte dirigida hacía tres miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos de la ciudad de Armenia (Quindío), los cuales han sido objeto de intimidación y amenaza de muerte.
Un funcionario de la Defensoría del Pueblo, el abogado César Ramírez, y dos defensoras de derechos humanos Marleny Zabala y Nhora Vélez, quienes luchan día a día por los desaparecidos en el Quindío con verdadera ética y valor, están gravemente amenazados.
El paramilitarismo sigue operando y aunque sea obtusamente invisibilizado, y siga siendo negado por el Estado colombiano, es importante decirle al mundo que Colombia está atrapada por un Estado mafioso, corrupto y paramilitar. El gobierno de Juan Manuel Santos y el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, acordonados en su institucionalidad, se empeñan en negar, refutar la evidencia de que los paramilitares existen, amenazan y entran en el modus operandi de destinar su brazo operativo de corte selectivo y fascista. El gobierno de Santos asegura que no hay “ sistematicidad”, pero las amenazas de muerte, los asesinatos dirigidos hacia dirigentes sociales, populares, rulares, comunitarios, defensores de los derechos humanos van en avance, como hacia los militantes de izquierda, miembros de las familias de exguerrilleros quienes entraron en el proceso de paz y algunos exguerrilleros. Me pregunto: ¿esto es una odisea o una horda maquiavelista de que sectores?
En este ángulo obtuso, la institucionalidad no quiere desestructurar el paramilitarismo local y regional. El fiscal Humberto Martínez no hace alusión a las amenazas o asesinatos, donde asépticamente, sin el menor recato y dolor de las víctimas, expresa que es un asunto de “bandas criminales” generando una desviación del tema, y sobre lo que verdaderamente debe ocuparse su organismo: la protección a los ciudadanos como política de Estado y desestructurar estas organizaciones para-estatales. ¡Cómo si el derecho a la vida fuera un tema de delito menor en manos de agentes externos¡ No, señor presidente y señor fiscal, esto es un asunto de Estado. ¡El derecho la vida es un tema de Estado!
