La actividad y la política del Presidente Santos se han desarrollado principalmente en el campo de las relaciones internacionales.
El enfoque de la economía ha dependido de la inversión extranjera y de las ventas de materias primas al exterior. Básicamente esto responde al modelo de globalización neoliberal y por eso el énfasis en los TLC con todos los países posibles.
Los resultados hasta el momento no parecen tan satisfactorios: el principal tratado, el suscrito con EE.UU., es considerado por consenso como desfavorable hasta ahora; es verdad que los defensores aún sostienen que lo mejor vendrá en un futuro, pero el hecho es que hasta hoy no ha resultado lo esperado. Y el famoso 'blindado', inventado no se sabe por quien pero repetido por quienes respaldan las medidas del gobierno, resultó poco eficaz: hoy todas las explicaciones de la situación por la que pasa el país son atribuidas a factores externos: si el FED emite, hay revaluación en Colombia y es la mayor de Latinoamérica; nuestra 'desaceleración' se debe a la disminución del crecimiento del PIB de China; los ingresos del petróleo se vuelven inciertos por las nuevas tecnologías de fraccionamiemto; la recesión de Europa disminuye la inversión extranjera más que a cualquiera de los vecinos; sufrimos la mayor devaluación del continente por las declaraciones del señor Bernanke; y en lo que sí no cambiamos es en ser el país con mayor desempleo y desigualdad del continente.
El otro frente donde el Presidente ha concentrado su política y su gestión en el extranjero ha sido en el tema de la paz.
En todos sus periplos ha solicitado a sus interlocutores que den declaraciones de apoyo a la búsqueda de acuerdos con las Farc. Por supuesto no hay ninguno que se niegue a ello, aun sin saber ni en que van ni de que se trata.
Pero también aquí vale hacer una evaluación interna.
El propósito de las negociaciones supone ser decisiones sobre políticas futuras. Por ejemplo, el primer punto —en principio ya acordado— debe ser entre otros según la agenda pactada:
'Acceso y uso de la tierra; formalización de la propiedad; programas de desarrollo con enfoque territorial; desarrollo social, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza; estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa; sistema de seguridad alimentaria.' etc...
No debe ser exceso de escepticismo pensar que muy poco se puede haber adelantado en cuanto a programas concretos al respecto; difícil imaginar cómo sin presupuesto, sin análisis técnicos, sin organigramas que definan ejecutores y funciones, se adquieren compromisos al respecto o se haya avanzado en términos reales.
Por otro lado, la oposición uribista no se ha interesado en esos temas —que suponen ser el objetivo final de las conversaciones, en la medida que se refieren a acabar con las causas que llevaron a la insurgencia y a lo que se plantea y espera para el futuro—. El único tema que la ocupa es el castigo o el nivel de impunidad para los guerrilleros (lo que fue de menor importancia en el trato al paramilitarismo), y la posible legalización de su participación en política (como si no fuera eso lo que supone el 'cambiar las armas por los votos').
El otro elemento es que en cada una de las partes sentadas en La Habana existe la voluntad de un acuerdo independientemente del contenido: la guerrilla porque ya no puede soñar con tomar el poder por las armas; y Santos porque lograrlo significa el cumplimiento de su ambición de pasar a la historia mientras lo contrario le pondría a su gobierno el sello de un fracaso.
La dificultad reside en la forma de trato que el gobierno dé a su contraparte, puesto que no es lo mismo una rendición como delincuentes que un tratado de paz con una insurgencia a la cual se le reconoce legitimidad. Y, como era de esperarse, el diferir el contenido de los temas conflictivos solo puede llevar a controversias sobre cuándo, dónde y cómo se trataran; o sea al debate sobre la Constituyente que intentan forzar los delegatarios de las Farc. En relación a esto último es bueno precisar que cualquiera que sea el camino que se desee acoger en La Habana deberá contar con el respaldo de la mayoría calificada del Congreso que es quien tiene la función exclusiva de determinar los caminos que pueden concretar reformas constitucionales (sean Actos Legislativos, Referendos o Asambleas Constituyentes).
Para contribuir constructivamente a respaldar el proceso de paz es necesario tener claro que cualquier avance depende de las anteriores consideraciones. Por un lado, no caer en la tentación del debate que plantea la ultraderecha; por otro, no esperar grandes conclusiones en los temas que se suponen se tratan; tampoco engañarse o dejarse engañar respecto a lo que pesa o significa la solidaridad internacional; no creer que basta la capacidad y voluntad de los negociadores; pero sobre todo tomar posición respecto a qué cuenta más, si el pasado o el futuro.
Bastante ayudaría que los analistas y columnistas se empaparan mejor del texto del 'Acuerdo General' y de la visión de la guerrilla en relación a este, y dieran más importancia a informar al respecto que a calificar o descalificar lo que allá pasa según coincida o no con sus deseos o con sus gustos.
