En medio de la barahúnda y el estropicio carnavalero en que se mueven las actuales campañas electorales, se acaba de conocer un documento de Human Rights Watch, cuyo director es el chileno José Miguel Vivanco Inostroza, que recoge las secuelas y las atrocidades de una guerra no declarada de un grupo variopinto de gente armada y violenta, a quienes las autoridades, en vista de que no han podido detenerlos, les han dado nombres como gaos, pelusos, caparros, elenos, disidencias, golfos, y un largo etcétera que no le dicen nada a los ciudadanos de a pie, pero que actúan con plena libertad y matan sobre seguro bajo los ojos asombrados de un Estado que nunca ha hecho presencia en estos ni en otros territorios que viven iguales circunstancias a lo largo y ancho del país. El título del informe lo dice todo: La Guerra en el Catatumbo.
Lo que llama la atención del texto, que apenas le mereció una declaración superficial de parte del gobierno de Iván Duque Márquez, es que más de un analista coincide en hablar sobre las semejanzas de lo que ocurre en esa zona con lo que acontece en los últimos meses en el Bajo Cauca antioqueño, donde sus protagonistas, que son los mismos, parecen calcar esa manera violenta y desalmada de actuar en contra de los civiles que nada tienen que ver con su absurda guerra, quienes han ocupado el vacío que debe llenar la institucionalidad, que allá se muestra débil cuando se tienen autoridades proclives a la corrupción, tanto que de los seis alcaldes que deberían entregar su mandato en menos de cinco meses, tres no lo podrán hacer por la sencilla razón de que están encarcelados.
En los seis municipios que conforman el Bajo Cauca antioqueño el pan de cada día son los asesinatos, la extorsión, las desapariciones, el reclutamiento infantil y el desplazamiento forzado, todo ello bajo el argumento de que se disputan entre ellos el control del territorio, cuando en realidad lo deberían disputar contra las autoridades, que poco o nada han hecho a pesar de que desde comienzos del año se instaló la operación Aquiles, que si bien ha servido para algunas cosas, no ha logrado ejercer el verdadero poder para el que fueron investidos sus integrantes. Allá también han plantado minas antipersonales e intentado controlar a la población por medio de amenazas, incluso contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, en donde algunos de ellos han sido asesinados por oponerse a sus bárbaros métodos.
Ahora bien, cuando uno busca que los llamados líderes digan algo para cerrar este círculo, se encuentra con declaraciones como las del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, que por fortuna ya va de salida cuando dijo hace poco: “Encerrados en el miedo, sin autoridad para contar ni confiar, así se encontraban los habitantes del municipio de El Bagre. En las calles según denuncias ciudadanas tanto el comandante de la Policía como los integrantes de la estación encargada de velar por la seguridad del municipio estarían permeados por la delincuencia. Las quejas permanentes era que los microtraficantes estaban dando beneficios a los policías “afirmó Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia.
Todos empezando por el comandante, según el gobernador Luis Pérez fueron relevados. “No tiene sentido que estemos todos arriesgando la vida para que algunos estén recibiendo dinero o haciendo ellos mismos las extorsiones”, aseguró el mandatario. Y a renglón seguido dijo: “A partir de la próxima semana en esta subregión las autoridades harán un nuevo consejo de seguridad para analizar las medidas adoptadas para contrarrestar la violencia”.
De manera que ese tipo de remedios nunca nos darán resultados, porque es como cuando al paciente le aplican sin misericordia inyecciones de ampicilina mientras el pobre no cuenta con alimentos para recuperarse; es que esas son las soluciones que quieren aplicarnos incluso quienes buscan llegar a la Gobernación de Antioquia: un señor con un sombrero que no sabe qué hacer con los tallos de guayacanes; otro que dice que el tres de enero llegará montado en un helicóptero para acabar con todo y un Aníbal que todavía no dice nada para el Bajo Cauca.
A quienes les toca por la fuerza recorrer esa vía que de Medellín conduce a Caucasia, saben que lo hacen montados en una hebra de hilo a punto de romperse, ya sea porque los califican como objetivos militares o porque la banca de la carretera esté por caerse. No hay ninguna excusa para aquellos que hablan de una Antioquia Grande y pujante, cuando al Bajo Cauca y otras regiones las tratan de esa manera.
Esto no es de bala ni de glifosato, como dicen desde un centro político, y menos como cuando Iván Duque Márquez dijo: “Aquí estamos en el terreno para reafirmar la presencia del Estado; aquí estamos con los generales, y vamos a seguir enfrentando a estos bandidos con toda la contundencia”. Hechos, no palabras, señor presidente, señor gobernador.
