Recientemente, el Bajo Cauca Antioqueño se despertó en otro día de paro minero. Durante lo que va de este mes, los bloqueos en las vías, los toques de queda, la violencia e incluso la quema de ambulancias han hecho que más de 250.000 personas, que habitan la zona más pobre de nuestro departamento y una de las más azotadas por la violencia, estén encerradas en sus casas, por miedo a represalias del Clan del Golfo o de los mineros que están bloqueando las vías.
Los bloqueos, llevados a cabo por muchachos vulnerables a los que, según fuentes en territorio, les pagan 70.000 pesos diarios por instalar barricadas en las vías, además, han sumido al Bajo Cauca Antioqueño en una situación grave de desabastecimiento. Esto ha obligado a las autoridades, como hace 20 años, cuando la violencia estaba desbordada, a realizar caravanas armadas que permitan la circulación de pasajeros, alimentos y productos de primera necesidad.
A pesar de lo que intenta mostrar el gobierno nacional, este paro minero no es ningún hecho aislado, sino un problema que, desde que Petro asumió el poder, se viene complicando cada vez más. Desde el Pacto de la Picota en campaña, hasta el anuncio de avanzar en una política de supuesta paz total ya durante su mandato, el presidente Petro les ha endulzado el oído a los narcos con una zanahoria grande y jugosa: impunidad e incluso reconocimiento político a cambio de desistir de sus actividades de narcotráfico, minería ilegal y control militar de la población civil.
A esto, el Clan del Golfo ha respondido con un cálculo macabro, pero totalmente esperable: entre más presión armada ejerza, entre más infraestructuras destruya, entre más colombianos mate, más dulce y grande será la zanahoria.
Sin embargo, en esta estrategia falta el garrote, que es la acción determinada y contundente de la Fuerza Pública para obligar a los violentos a someterse a la justicia, sin chantajearla. Desafortunadamente, lo que el gobierno ha hecho sistemáticamente es desmoralizar a los soldados y policías de nuestra Fuerza Pública, al impedirles ejercer su mandato constitucional de proteger a los colombianos y al dejarlos a merced, como sucedió en Caquetá hace pocos días, de grupos supuestamente campesinos que dejan muchas dudas sobre su connivencia con actores ilegales en el territorio.
Este panorama es extremadamente grave, ya que, en pocas palabras, nos muestra que la estrategia del gobierno consiste en mucha zanahoria y nada de garrote. El desbalance en las acciones del gobierno lo único que logra es envalentonar a los delincuentes, debilitar la capacidad de anticipación y reacción del Estado y acercarnos cada vez más a los años más oscuros y violentos de nuestra historia reciente. ¿Cómo cree el gobierno que va a desactivar el accionar delictivo del Clan del Golfo y otros grupos armados ilegales, si todavía no tiene una política de seguridad clara? ¿Cómo puede sostener el gobierno que estamos avanzando en la paz total, si lo único que ha pasado en estos meses es que la violencia en los territorios se ha recrudecido y los grupos armados ilegales han aumentado su poder y su control territorial? ¿Cómo es que el gobierno sigue con su narrativa de paz total, cuando a todas luces lo que tenemos es una declaración de guerra total por parte del Clan del Golfo?
Yo estoy seguro de que la gran mayoría de los antioqueños estamos cansados de poner la sangre, mientras, desde Bogotá, el presidente se deja chantajear y asume una postura débil en contra de los violentos que tienen colapsados doce municipios. Ya va siendo hora de que el gobierno, en vez de esforzarse tanto en garantizarles impunidad a los narcotraficantes, se dé cuenta de que estos están buscando legitimarse regionalmente y comience a enfrentarlos de verdad. Nosotros, en Antioquia, no nos vamos a dejar chantajear más.
