Entre asuntos que dan lugar a la profunda crisis de las democracias contemporáneas, principalmente en América Latina en donde las estratificaciones sociales marcan la cotidianidad, es evidente el de la distancia simbólica entre los poderes públicos representados en los funcionarios, en comparación simple con la ciudadanía.
Dicho de otro modo, aquella brecha que se hace insalvable entre el universo burocrático con sus investiduras, sus títulos, las reverencias, los escudos de protección y los privilegios, respecto de aquellos denominados siempre ciudadanos de a pie con sus diarios corrientazos, el largo trayecto en el bus, el rebusque y el colegio público para los hijos.
En el tiempo del gobierno del cambio, algunas cosas podrían cambiar, ciertos pedestales podrían desvanecerse, empezando por casa.
Se plantea, entre otras cosas, la reforma general a la educación, una reforma que, según dice un poco atemporalmente la ministra de educación, “cambiaría el futuro”, algo incluso metafísicamente imposible, pero algo viable en el presente, pues como bien dice René – Calle 13 en una bella canción, nuestra revolución es la educación.
Qué tal, entonces, demoler pedestales y edificar símbolos desde un comienzo.
Una instrucción presidencial podría conseguir, por ejemplo, que altos funcionarios del gobierno matriculen sus hijos en la educación pública, en colegios y universidades públicas
Una instrucción presidencial podría conseguir, por ejemplo, que altos funcionarios del gobierno matriculen sus hijos en la educación pública, en colegios y universidades públicas; el ejemplo vivo empezando por casa, la teoría y la práctica en aplicación.
No sería esta la revolución en la educación, pero implicaría con alto efecto simbólico un germen del revolcón, un acercamiento, un derribamiento de muros divisorios trazados en la historia de una sociedad estratificada que desde la infancia, en lo más esencial que es la escuela, encasilla personas y las pone a transitar por caminos diferentes.
Sería prácticamente imposible en un caso así que alguien con mínima razonabilidad se opusiera a la reforma de la educación, una que quizá con prototipos vivos empezara a “cambiar el futuro”.
Un escueto llamado que podría extenderse a otras esferas: funcionarios moviéndose entre gente, en el transporte público, entre gente de carne y hueso, por un tiempo, al menos; ver y sentir lo que viven a diario ciudadanos que quieren y necesitan ver cómo es que el cambio anda.
Congresistas que siguieran la idea, que se quitaran sus montones de blindados y escoltas; congresistas que pasaran tiempos distintos a esos tiempos muertos en los que degluten bizcochos en largas sesiones de carretas interminables y lugares comunes en el Capitolio; congresistas que dedicaran dos o tres de esos meses remunerados en los que no vienen a Bogotá, para instalarse en Timbiquí o en Palenque, comiendo lo que da el diario, fuera de sus casonas protegidas en las capitales, palpando un poco el pulso del país que los elige. Legislar desde eso que eufemísticamente llaman “los territorios”.
No es una inocentada de diciembre. Solo una idea, una idea fácil, incluso ingenua.
