Colombia vive un proceso de desindustrialización, resultado de la orientación económica hacia la extracción de recursos naturales y la creciente participación de la especulación financiera, en reemplazo de actividades productivas. Un nuevo capítulo de esta política oficial se ha comenzado a escribir con el azúcar.
Este producto agroindustrial hace parte de la dieta básica, como una importante fuente de energía para los humanos. Esto explica por qué el 67 % del azúcar que se produce en el mundo lo hace la Unión Europea y 8 países más del G20, las 20 economías más poderosas, entre las cuales el mayor productor es Brasil. Según la FAO, para 2017 se espera que Europa sea autosuficiente en su producción azucarera.
En contravía a esta realidad mundial, en Colombia viene cobrando fuerza la falsa idea de que el azúcar nacional afecta la competitividad de la industria de alimentos, confitería y chocolatería, por lo tanto es mejor importarla que producirla. El presidente Juan Manuel Santos ha reforzado esta creencia, al afirmar: “Si Colombia es el país supuestamente más eficiente como productor de azúcar en el mundo, (…) ¿por qué los industriales, y no solamente los industriales sino las amas de casa, acaban pagando por cada libra de azúcar un precio mayor al resto del mundo?”. Aunque fuera cierto, que no lo es, estas palabras entrañan un claro sesgo en contra de la producción. ¿En dónde está escrito que el manejo económico del país implica acabar con una industria para salvar a otra? ¿Quién y cómo deciden los sobrevivientes y los que se arruinan en Colombia? Ejemplos recientes, como el cierre de la Compañía Colombiana Automotriz, prueban el desinterés oficial por la producción nacional.
El cuento de la liberación comercial ha sido el caballito de batalla para hacer creer a la población que la mejor forma de beneficiar al consumidor es arruinar al productor y los empleos que él genera. Sin embargo, la actual crisis económica del país demuestra que la teoría de producir todo afuera y financiarlo con petróleo, fracasó.
En el caso del azúcar, los hechos prueban que el precio para los hogares colombianos es dos veces menor que en Estados Unidos y Australia, quienes son importantes productores. De hecho el precio de venta en Colombia es solo 0,16 centavos de dólar más caro que en Brasil. Así mismo, la industria de alimentos tiene la posibilidad de comprar azúcar a precios internacionales, sin aranceles, gracias al Plan Vallejo, lo que desestima por completo la acusación del presidente de precios más altos que en el resto del mundo.
En Estados Unidos y en Europa los aranceles al azúcar son de 103 % y el 132 % respectivamente. Además tienen cuotas de importación, salvaguardias, precios de garantía, exenciones a insumos, seguros a las cosechas y no liberan el azúcar en ningún acuerdo comercial. El gobierno colombiano esconde deliberadamente la información de esta excesiva protección, para justificar el desmonte de los únicos mecanismos para defender a la industria local: el Sistema Andino de Franja de Precios y el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar. Estos garantizan la existencia de un sector que genera 188.000 empleos, más 350.000 de la producción panelera, un eslabón de la cadena del dulce. El azúcar significa la estabilidad económica de decenas de municipios del valle geográfico del río Cauca y el suministro de este producto para millones de hogares del país.
A este ritmo el presidente Santos será recordado como el superintendente liquidador de la industria nacional.
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