No se avizora una solución inmediata, en el corto plazo, salvo que las EPS paguen unos 18.000 millones de pesos que deben —siquiera la mitad—, dijo un trabajador que no admitió dar su nombre para no quedar en evidencia y ser despedido luego. Así está la crítica situación del Hospital La Misericordia de Calarcá, en la segunda ciudad del departamento del Quindío. Todos los calarqueños saben que está en la UCI; donde llegan todos los pacientes desesperanzados, algunos con posibilidades, pero el hospital, salvo la intención del alcalde Luis Alberto Balsero Contreras, va a cerrar en los próximos días, dicen en la plaza de Bolívar.
Hace un par de semanas despidieron ochenta y más trabajadores entre contratistas y personal especializado, entre otros. Les deben cuatro meses. Recibieron un email a la media noche del 30 de junio, cuyo remitente era Soluciones Efectivas Temporales SAS, e invitaba a los destinatarios que, entre lágrimas leían aterrados, a hacer los trámites de liquidación del contrato en cinco días hábiles. De lo contrario, les consignarían sus dineros en una cuenta del Banco Agrario sin posibilidad de revirar.
Hace tan solo una semana el hospital cerró el último centro de salud que operaba en el casco urbano del municipio. Balcones. Allí prestaban un servicio regular por falta de personal. También corrieron la misma suerte el ubicado en el barrio Gaitán abandonado hace varios años y el Simón Bolívar. En Calarcá los 80.000 habitantes no tienen servicio optimo de salud en plena pandemia.
Las IAS no intervienen de manera directa. Recitan extensas entrevistas y publican comunicados a la prensa; asisten a cuanta mesa de estudio y de supuesta conciliación, como queriendo salvar sus responsabilidades y lavarse las manos, ¿pero acaso han hecho un pedido directo a las EPS, las principales causantes de esta gravísima situación para que paguen? A la fecha ninguna EPS, ni siquiera Medimás dice que va a pagar.
Los trabajadores hacen todo, pero la situación es peor cuando se avecinan las elecciones. Además, ante esta crisis, en medio de un pico considerable de muertes por coronavirus, no ven sino palos en la rueda y caras de posibles candidatos, buscando votos en río revuelto. Un peatón cualquiera en Calarcá sabe que para estas elecciones que se avecinan se necesita aceitar la maquinaria y tener músculo financiero. La salud es un buen caballo de batalla.
El alcalde de Calarcá convocó a todas las autoridades en torno al centro asistencial que no solo recibe ochenta mil habitantes, los casos graves de accidentes en la línea; también a los viajeros y turistas que llegan del centro del país, por ser puerta de entrada al PCC.
“No podemos permitir que el hospital cierre y se convierta en un centro de salud”, ha dicho en tono angustioso. Se levanta de su silla, se frota la cara con las dos manos, dice “dios mío qué hago?” y le salen unas lágrimas. “No puede ser que la única opción sea que el hospital cierre”.
Desde la Gobernación del Quindío surgieron interrogantes sobre cómo el actual gerente Bernardo Gutiérrez Montoya gastó un presupuesto considerable en especialistas. El hombre está pensionado y debiera estar en uso de buen retiro, descansando, disfrutando de sus nietos, dicen muchos. Otros sentencian que es una pelea política en la que la salud es el botín. Al respecto, el galeno afirma que lo ha hecho todo, pero que la crisis tocó fondo.
Al hospital de Calarcá solo lo salva un milagro. Todos esperan que sea el gobierno el que le ponga el punto final a la crisis y el ministro de Salud obligue a las EPS a pagar o pagar. De lo contrario, definitivamente La Misericordia cerrará.
Este escrito lo hice la noche anterior a las 2:30 a.m. No podía dormir. Es increíble que esto ocurra. Es lo que pienso mientras tomo a sorbos un tinto frío. Recuerdo las marchas de los más de doscientos empleados. Pienso que si esto de verdad lo leen, podría ayudar. Alguno podría decirle al presidente, al ministro de Salud.
¡Ayúdenos, señor ministro de Salud! El Hospital La Misericordia de Calarcá está en estado crítico.
