El 14 de noviembre del año 2019 el periodista Carlos Cortés, nos contaba desde su programa de política deportiva La mesa de centro para el medio de comunicación La silla vacía, que, «en octubre de 2006: Claro, UNE y la División Mayor del Fútbol Colombiano Dimayor, firmaron un contrato por los derechos de televisión del fútbol profesional hasta 2011. Claro, antes conocido como Telmex obtuvo este contrato gracias a Mauricio Correa, un personaje desconocido que controla este negocio desde hace años». El relato hasta aquí no es nada fuera de lo común, sin embargo, lo común adolece la necesidad de lo fascinante. (Y yo, pecaminosamente… He revisitado la nota, no con menos fascinación).
Mauricio Correa y su asociado Roy Burstin, se terminarían haciendo con el monopolio del deporte y el fútbol en el país [con Win Sport] y más tarde llevaron este monopolio al absurdo, privatizando el contenido de su propio canal [con Win Sport +]. Un monopolio que era dueño de la publicidad de las vallas deportivas [con Publigol] y la publicidad del fútbol con una empresa creada meses atrás de si quiera fundar el canal, por los propios Mauricio Correa y Roy Burstin [con GoSport]. Me parecería superfluo reseñar que la dedocracia es la política electoral a dedo (y que el fútbol y el deporte en Colombia, no solamente es una elaboración del capital privado o la ilegalidad del monopolio).
La contratación con uno mismo, nunca pasa de moda. Es la quinta esencia que se escapa a los diseñadores en todas las pasarelas. La Dimayor tiene el habitus de la corruptela. Esto es, devenir sinónimo de corrupción. En 2018, para no ir más lejos, durante las Eliminatorias a la Copa Mundial de Fútbol celebrada en Rusia, se embolsillaron más de 13.000 millones de pesos según la sanción expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una empresa de tiquetería paralela a la empresa de tiquetería oficial que, desde una primera instancia, vendió boletas entre un 150% y un 350% más costosas. Avianca Holding, me temo, no es un caso diferente, no es un caso aislado, no es un caso olvidable pero (sin lugar a dudas) será olvidado como los otros. Los ejecutivos de Avianca conocen la fórmula del olvido de los colombianos.
Lo que sabemos hoy del acuerdo entre la aerolínea Avianca y la aerolínea Viva Air, lo sabemos por investigaciones de la Superintendencia. Lo que sabemos, en suma, lo sabemos por una ironía perversa. La ironía: una institución del Estado colombiano denunció las actividades de un par de aerolíneas y de sus ejecutivos. Una de esas dos aerolíneas fue rescatada económicamente por el Estado colombiano, durante la pandemia de la Covid-19. Un rescate a nombre de aquellos que morían de hambre y enfermedad en la cuarentena; un rescate, a nombre de aquellos que encontraron un destino no menos incierto en terminales y aeropuertos, desde el cese de actividades de Viva Air, la madrugada del 28 de febrero de 2023. Aproximadamente, medio millón de pasajeros, según la miembro de la Camara de Representantes Catherine Juvinao.
En cristiano: el rescate contemplaba la posibilidad de un crédito hasta por $370 millones de dólares, como recogió la sección de economía del Diario Digital AS en agosto 29 del 2020. Marcelo Rochabrun, el 23 de septiembre del mismo año para la agencia de noticias británica Reuters, denunciaba el pagó de bonos millonarios, de Avianca a sus ejecutivos. La razón suficiente para este crédito y las razones del Estado colombiano bajo el gobierno de Ivan Duque Marquez suelen carecer de toda suficiencia, fue la siguiente: Avianca nació en Colombia y en Avianca trabajaban colombianos (como cualquier otra empresa en Colombia, convengamos). En el Partido Centro Democrático, han sabido refinar la fórmula del olvido de los colombianos.
La integración entre las dos aerolíneas, se dio a través de una acción de simulación; una figura para ilustrar las acciones que ocultan el verdadero negocio jurídico en una relación contractual. Los ejecutivos de Avianca, crearon una serie de empresas de papel o fachada [como West Castle Limited y Castlesouth Limited] con la finalidad de adquirir y separar los derechos políticos de Viva Air en Viva Latinoamerica, Viva Colombia y Viva Perú como reseñó el pasado viernes para W Radio Colombia, la misma Juvinao.
Es decir que, Avianca procuró hacerle creer a terceros [todos los colombianos y su gobierno, en este caso] que los bienes adquiridos por la integración de Viva Air eran de Viva Air y no de ellos mismos, por lo menos desde 2021 donde se tiene constancia de sus primeras acciones coordinadas. Lo anterior, bajo el marco de una integración celebrada sin alguna autorización previa para ello de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (o Aerocivil). Las dos aerolíneas, por lo demás, son propiedad del mismo grupo empresarial o casa matriz de Reino Unido Investment Vehicle 1 Limited.
No es menos que razonable sospechar (como se ha hecho dentro y fuera del Congreso de la República), entonces, que el camino hacía la quiebra de Viva Air, fue un camino prefabricado por esta simulación; una prefabricación, donde Avianca se habría visto beneficiada si la Aerocivil le hubiera concedido el permiso que necesitaba, en virtud de una integración que le permitiera salvarse a sí misma, después del cese de actividades de Viva Air el 28 de febrero. No es menos que razonable sospechar, también, que el acalorado comunicado de Avianca el 29 de febrero, donde calificaron las diferentes sospechas sobre lo sucedido de “desinformación, calumnias y noticias falsas”, fueron solamente un paso más en la coacción ejercida sobre la Aerocivil; coacción, donde el bienestar de los pasajeros no era más que una moneda de cambio. Esta simulación, añadiría, no es menos ética ni menos prefabricada de lo que puede ser el olvido de los colombianos.
