La decisión del presidente Petro de eliminar todas las nóminas pararelas de los ministerios constituye un gran avance en la lucha contra el clientelismo, pero no es suficiente.
Se requiere que la orden sea extensiva a todas las demás entidades públicas, incluidos organismos de control y entidades territoriales como Bogotá, donde existen mas de 60.000 contratos de prestación de servicios. Y de igual manera su informatización para que se haga obligatoria la medida.
Se requerirán de contratistas para algunas situaciones, como es la naturaleza de la ley, se debería aprovechar esa reglamentación para diseñar mecanismos meritocráticos para su vinculación y acabar toda forma de clientelismo.
Quedan pendientes otras categorías laborales que se utilizan para el clientelismo, como los de libre nombramiento y remoción, (la mermelada más preciada de la clase política) que deberán ser aprovechadas para darle nuevas oportunidades a los funcionarios de carrera y la ciudadanía sin palanca.
El mérito en un gobierno de izquierda debe ser la premisa a seguir. De esta manera se fortalece la democracia, se cumple la constitución, y se hace eficiente la administración pública.