Durante la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, Mocoa, capital del departamento del Putumayo, sufrió uno de los mayores desastres naturales vividos en Colombia, como producto del cambio climático y la ausencia de políticas públicas eficientes para la prevención de dichos fenómenos. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sancoyaco, generando avalanchas que cargaban consigo lodo, rocas y materia orgánica. Esto generó la destrucción de viviendas, puentes, planta eléctrica, calles, entre otros; 17 barrios se vieron afectados y 5 de ellos resultaron totalmente destruidos. Según los organismos de control se han reportado alrededor de 350 muertos, cientos de heridos y más de 400 desaparecidos.
Sin lugar a dudas, el cambio climático representa el mayor determinante en las lluvias intensas que ha azotado al país, así como a Perú y al Ecuador. La definición de dicho concepto y las repercusiones que ha tenido en la población rural nos permiten enriquecernos de información, para así tomar una posición crítica acerca de la problemática que hoy vive la capital del Putumayo. Cuando hablamos de cambio climático nos referimos de manera directa a una de las mayores amenazas que enfrenta nuestro planeta, la volatilidad meteorológica de espacios terrestres. El cambio climático, además de ser ocasionado por fenómenos naturales (como radiación solar, tectónicas de placas y erupciones volcánicas), también se genera en su mayor parte por actividad humana (quema de combustibles, minería excesiva, deforestación prolongada, agricultura y ganadería).
Aunque el cambio climático y algunos eventos puntuales como el Fenómeno del Niño no pueden ser controlados por completo por el hombre sus efectos si pueden ser mitigados siempre y cuando se lleven a cabo políticas de prevención. Sin embargo, el Gobierno colombiano se ha destacado por trabajar únicamente en la atención de cualquier desastre, es decir, no existen políticas eficientes para trabajar sobre la amenaza y la vulnerabilidad. Si entendemos amenaza como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno dañino en un tiempo y lugar determinado, actuar sobre la amenaza —que en este caso corresponde al aumento de caudal y desbordamiento de los ríos— implicaría generar inversión en infraestructura con el fin de controlar las crecientes. Por otro lado, actuar sobre la vulnerabilidad, entendida como la predisposición intrínseca de una comunidad o elementos a sufrir daño, implicaría construir planes de ordenamiento territorial con un eje ambiental elaborados por expertos en el tema (geólogos, geógrafos, ingenieros ambientales, ingenieros forestales) y no obedeciendo únicamente a los intereses económicos de quienes lo manejan.
Las entidades de gobierno no hicieron lo suficiente para evitar la tragedia, sus políticas estuvieron basadas en intereses de poder. Por ejemplo, el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras se dedicó a realizar populismo por los departamentos colombianos, además de fijar negocios con contratistas que terminaron en grandes escándalos de corrupción. Los representantes políticos de Cambio Radical se dedicaron desde sus puestos de poder a eliminar las decisiones ambientales que podían impedir el establecimiento de barrios hechos por sus constructores, autopistas privatizadas 4G o zonas de exploración minera; pero nunca fijaron un plan de ordenamiento territorial de gran formulación que permitiera realizar políticas de prevención antes que políticas de atención.
Es entendible que para personajes como el presidente Juan Manuel Santos o mucho más el exvicepresidente Vargas Lleras —aspirante a las presidencia del 2018— sea mucho más fácil atender una situación como esta, situación que representa para ellos aprobación popular para sus campañas electorales. Pero el real inconveniente acá no es si Vargas Lleras pueda o no ganar la presidencia en el año 2018 —que como va su campaña electoral, seguramente lo logre—, la discusión acá es que fue una tragedia que pudo evitarse: murieron más de 300 personas y ningún puesto político representa mayor logro que salvar la vida de sus compatriotas, antes que entregar casas en lugares de riesgo climático.
Los planes de ordenamiento territorial (POT) están diseñados para integrar la planificación física y socioeconómica, así como el respeto al medio ambiente por medio de organismos estatales. Un grave error del Gobierno Santos fue prestarles más atención a entidades privadas multinacionales —convencido en su gran inversión económica a la nación e ignorando el daño ecológico que causaban—, que atender poblaciones vulnerables de alto riesgo, como la de Mocoa.
El mejor ejemplo que puedo citar de un plan de ordenamiento territorial ampliamente estructurado es el de “Bogotá Humana” diseñado por el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y por su equipo de trabajo. A pesar de haber tenido grandes críticas por no obedecer a intereses económicos de grandes grupos de poder y a pesar de haber sido suspendido por el procurador de la república, Alejandro Ordóñez, fue un proyecto monumental, ambicioso pero estructurado. Este involucraba grandes factores de adaptación al cambio climático, buscó emparejar cambio climático con políticas públicas de prevención, especialmente en poblaciones más vulnerables.
Al igual que en Ecuador, los planes de ordenamiento territoriales nacionales fijados por el Gobierno obedecían a necesidades e intereses de la población y no a intereses políticos. Por ejemplo, durante la administración de Rafael Correa, el PIB de Ecuador estuvo en gran parte destinado a inversión en infraestructura nacional, lo que permitió mitigar en gran parte los efectos causados por desastres naturales.
Sin embargo, el principal objetivo de este texto no es realizar un enfoque inversionista o administrativo del PIB ecuatoriano, sino realizar un análisis crítico que permita evidenciar la ineficiencia y displicencia del Gobierno colombiano respecto a estos desastres naturales. Para una tragedia que dejó más de 300 muertos, es necesario realizar un análisis político acerca de los principales factores de riesgo que fueron ignorados tanto por las autoridades gubernamentales nacionales y locales, como por los organismos de control de riesgos.
Por ejemplo, ¿cómo es posible que después de que cientos de mocoanos les hayan advertido a las autoridades locales acerca de la posible tragedia, estas no hayan tomado ninguna medida de prevención? o ¿cómo es posible que cientos de personas en los más altos niveles de pobreza y justo en la línea de subsistencia vivan en zonas rojas de amenaza?, ¿existirán intereses políticos y económicos de por medio?
Estas y otras preguntas hacen parte del diario vivir de muchos analistas en Colombia, quienes afirman que las políticas de prevención debieron crearse desde hace mucho y haber atacado el problema de raíz. Un claro ejemplo de lo anterior es el director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), Luis Alexander Mejía, quien le brindó declaraciones a Semana Sostenible afirmando que se realizaron estudios, los cuales determinaban que el uso inadecuado de los suelos fue un factor principal de la tragedia, esto fue lo que dijo:
En la tarde del sábado sobrevolamos las vertientes de los principales cauces de los ríos Taruca, Conejo, Sancoyaco, Mulato y Mocoa, donde pudimos determinar que el uso inadecuado del suelo en estas zonas activó antiguos deslizamientos y generó unos nuevos. Se vivió un fenómeno con características similares a otro ocurrido hace 50 años en esta misma zona antes de que estuviera poblada [1] (Mejía, 2017, párr.)
Es lógico que actividades como la deforestación, la cual mencioné al principio del texto, influyera en que la magnitud de esta tragedia fuera tan inmensa. El departamento del Putumayo ha sido víctima de las más desastrosas jornadas de deforestación en el país, durante el sobrevuelo de un dron de un medio de comunicación nacional en la montaña de donde nació la avalancha, se pudo evidenciar la magnitud de este problema y estado en el que se encuentra.
El objetivo de este texto no fue darle el total de la culpabilidad de la tragedia al Gobierno Nacional, es evidente que dicho suceso obedeció a un desastre ocurrido por factores de la naturaleza. Sin embargo, era necesario aclarar que cada uno de estos efectos pudieron ser mitigador por parte de las autoridades gubernamentales y de los organismos de control: la inversión en infraestructura acuática que debía realizarse para evitar el aumento en los caudales no se hizo, el control a las multinacionales encargadas de arrasar con los bosques y lugares montañosos del Putumayo no se llevó a cabo, los anuncios por parte de la población mocoana no fueron escuchados por la alcaldía.
Sin embargo, es necesario enfatizar en un determinante clave que pudo haber evitado por lo menos la muerte de tantos seres humanos; los lugares periféricos y de zona roja en los que vive la población pobre de Mocoa. Durante la historia de nuestro país no se ha hecho suficiente inversión social para evitar que miles de familias —no solo del Putumayo sino de las zonas más apartadas del país— tengan que acudir a lugares de alto riesgo, ya sea por factores de violencia interna o de subsistencia social. El Gobierno debe dejar de pensar en atención para después de la tragedia y dejar de lado interés políticos (futura presidencia, puestos, concesiones, contratos, etc.) para realizar mayor inversión social que, sin lugar a dudas, es un factor clave para evitar el sufrimiento de miles de colombianos, más aún en momentos de crisis ambientales, siendo ellos los más vulnerables geográfica y socialmente.
[1] Cardona, A.P. (2017) Tragedia en Mocoa, Semana Sostenible.
