Nadie está tranquilo en medio de esta crisis que para economistas tan reconocidos como el premio nobel Paul Krugman, por sus impactos, solo es comparable a la Segunda Guerra Mundial. Si esto es cierto para el común de los mortales lo es en grado sumo para quienes tienen la responsabilidad de responder por la vida de millones de ciudadanos cuya situación depende en alto grado de las decisiones que ellos y ellas tomen. Obviamente es muy fácil juzgarlos desde la comodidad de no tener que asumir consecuencias, pero eso no obsta para hacerles un llamado para que en medio de la presión, midan las consecuencias de sus afirmaciones. Por ello cada uno de quienes tienen semejante responsabilidad deben estar rodeados de personas capaces que tengan el tiempo para evaluar las propuestas que sus jefes hagan.
Ante la presión social por soluciones los funcionarios públicos sienten la urgencia, con razón, de salir con respuestas rápidas que muchas vienen de los grupos que a la luz de las circunstancias aparecen como los más afectados. Pero siempre en economía existen relaciones entre oferta y demanda de servicios y bienes que cuando se responde a la presión de una y se olvidan las repercusiones sobre la otra, no solo se generan confusiones sino lo más grave, se pueden omitir sectores de la población no considerados, que en vez de ser beneficiarios de esas medidas, salen tremendamente perjudicados. El resultado de esa acción del funcionario termina generando tantos o más problemas de los que ya existían antes de anunciar la estrategia. Por ello, y ojalá ese no sea el caso, en una crisis la oportunidad de hacer demagogia es inmensa, y en este aspecto es necesario advertir que la sensibilidad de la población esta a flor de piel de manera que promesas incumplidas se devuelven como un bumerang a quienes las formulan.
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Es más fácil y popular declarar que la gente no tiene que pagar arriendos que entender cómo abordar el costo para los propietarios de esas habitaciones, apartamentos o casas
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El primer ejemplo de estas propuestas no suficientemente evaluadas es la salida del ministro de Vivienda que dio la orden de impedir desalojos de quienes están atrasados en el pago de arriendos, con la válida razón de la falta de recursos económicos de amplísimos sectores cuyo trabajo se realiza literalmente en la calle. Es una medida justa pero olvidó que también existen los arrendatarios que viven precisamente de esos arriendos precarios después de haber ahorrado toda su vida para adquirir estas viviendas. Hoy han empezado a salir esas protestas igualmente válidas porque no todos aquellos que viven de ese tipo de ingresos son ricos o tiene otras fuentes para subsistir hasta que se recupere el empleo y vuelvan a recibir los arriendos de sus propiedades. Sin duda es más fácil y más popular declarar que la gente no tiene que pagar arriendos que entender cómo abordar el costo para los propietarios de esas habitaciones, apartamentos o casas. De nuevo, son los sectores pobres, vulnerables y de clase media que no tienen otras fuentes de recursos quienes debería encontrar una solución, pero hasta el momento cual es la estrategia posible, no está nada clara.
El segundo ejemplo en donde el problema no está tanto en la declaración misma sino en la forma como se interpreta. La alcaldesa expresó su preocupación porque dada la dinámica de la pandemia es muy difícil pensar que bastará con la duración declarada de confinamiento y que será necesario extenderla. Aunque hizo el salvamente de sectores productivos claves como alimentos y medicamentos, lo que trascendió fue su frase de que hay que "parar la economía". Lo primero que debe señalarse es que mientras haya población demandando así sea lo básico, no se parará la economía porque sectores críticos tienen que seguir funcionando así sea a la velocidad mínima. El trabajo que acaba de hacer la Universidad de los Andes demuestra claramente que sí existen actividades que necesariamente están y seguirán en esa situación mientras la población siga confinada, pero los esenciales siguen activos.
Por eso el gran reto del gobierno nacional y en la medida de sus capacidades los locales, deben buscar la forma de garantizar ingresos a quienes están sin ninguna posibilidad de trabajar así eso signifique gran endeudamiento del Estado. El problema como lo afirmó Eduardo Lora en el foro de Dinero, el gobierno solo está dedicando máximo un 0,5% los subsidios que sigue yendo a los más pobres pero no a los vulnerables, lo que el mismo afirma y esta en la verdad, son recursos insuficientes. Esto es lo que sí puede parar aún más la economía porque además de la tragedia humana inadmisible se frena la demanda a esos sectores vitales que pueden mantener una dinámica mínima de sectores esenciales.
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