Se hace un llamado al Gobierno Nacional frente al proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación 2018, ya que disminuye recursos a las autoridades ambientales regionales.
Una reducción del 25% contempla el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación 2018 para los recursos asignados al sector ambiente y desarrollo sostenible, de los cuales, las CAR sufrirían un recorte del 53,9% en los recursos destinados para inversión ambiental.
Este recorte dificulta el cumplimiento de las metas del crecimiento verde del PND, así como los compromisos con la OCDE y con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
El déficit deberá ser cubierto con los recursos generados en cada una de las regiones, como los provenientes del Fondo de Compensación Ambiental, que son insuficientes para cumplir con las funciones e inversiones ambientales que deben realizar las autoridades ambientales.
“El Gobierno Nacional y el Congreso de la República deben tener coherencia al definir los recursos para las autoridades ambientales regionales, ya que, por un lado, se recorta el presupuesto para el 2018, pero por otro lado se promueven iniciativas para adicionarles funciones, esto sin mencionar las tareas relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, con el que las corporaciones están completamente comprometidas”, manifestó Ramón Leal Leal, director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS).
Un ejemplo de nuevas funciones asignadas a las CAR, sin los recursos para su cumplimiento, es el proyecto de ley 09 de 2017 Senado que busca reformar la Ley 1448 de 2011, en cuanto al trámite administrativo y judicial de la acción de restitución de tierras a las víctimas de desplazamiento y despojo. En este, se propone imponer a las CAR la obligación de adquirir, con cargo a sus recursos propios, aquellos inmuebles que no sea posible restituir a las víctimas, por su importancia ambiental. Se desconoce además que la gestión de las áreas de importancia ambiental incluye no solo la compra, sino la implementación de proyectos, planes y actividades para su mantenimiento y conservación, lo que demanda mayores requerimientos técnicos y de personal para administrar en debida forma los bienes que son del Estado, además de no contar con los recursos económicos suficientes para atender con suficiencia estas actividades.
Esta iniciativa va en contravía con otras estrategias, como la de pago por servicios ambientales, que venía siendo desarrollada por las CAR a nivel regional, y recientemente adoptada a nivel nacional por el Gobierno, a través del Decreto Ley 870 de 2017, como de una de las acciones que apuntalan a la implementación de los Acuerdos de Paz, que busca el mantenimiento y generación de servicios ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos, a través de acciones de preservación y restauración, que no requieren la compra de los predios, sino la articulación y el accionar público-privado.
En este orden de ideas, se reitera el llamado que ya vienen haciendo lideres e instituciones ambientales para materializar en el Presupuesto General de la Nación la importancia de la conservación y sostenibilidad ambiental del país, a través de la asignación de los recursos necesarios para que el sector ambiental, y en especial, las autoridades ambientales regionales, presentes en el territorio, puedan seguir actuando en pro del cuidado y protección del ambiente. Lo mínimo que esperamos es que se mantengan los recursos asignados al sector ambiental en el 2017.
