"Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya"— Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario.
En el 2010 llegamos al Congreso dispuestos a enfrentar un conjunto de iniciativas legislativas que Juan Manuel Santos había anunciado para el cuatrienio; reformas estructurales que los poderes económicos habían exigido desde Uribe. Entonces, la Unidad Nacional santista sería el consenso que la profundización neoliberal requería y que Uribe no garantizaba; su liderazgo polarizante y fuertemente cuestionado interna y externamente se erosionaba. Es así como las reformas constitucionales al sistema general de regalías y aquella que instauró la sostenibilidad fiscal como principio constitucional, fueron algunas de las medidas que enfrentamos en solitario la bancada del polo y algunos congresistas de la bancada Verde. Estas reformas habían sido radicadas en el congreso previamente por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y posteriormente fueron aprobadas por las mayorías de la Unidad Nacional de Santos, siendo reglamentada la sostenibilidad fiscal con la Ley 1473 de 2011 (regla fiscal).
En la defensa de estas reformas, la argumentación gubernamental se centró en la necesidad de ellas para contrarrestar los efectos adversos de la crisis financiera internacional y evitar la pérdida de confianza de las calificadoras de riesgos (agentes con responsabilidades en la crisis financiera internacional) y la consecuente pérdida bursátil de los bonos de deuda pública. Todas estas justificaciones tenían un doble propósito final: uno, allanar la entrada del país al club de golf de las políticas públicas neoliberales llamada OCDE (obsesión Santista) y dos, honrar el pago de la deuda pública. Somos de los pocos países en el mundo que establece en su constitución la prioridad de pagar la deuda con los bancos (art. 351 constitucional), limitando así la atención prioritaria de otras necesidades sociales, como podría ser la garantía a la alimentación de sus habitantes.
En el caso particular de las regalías, la sustentación era la supuesta equidad regional a costa de las regiones productoras. El ministro de hacienda de la época, Juan Carlos Echeverry, mencionaba la necesidad de “repartir la mermelada en toda la tostada”; premonitorias palabras ante los hechos actuales de corrupción sin freno. En efecto, se ha podido ver que la mermelada de Santos se repartió por todo el país involucrando no solo los recursos de las regalías, sino la mayor parte de los recursos públicos obtenidos vía impuestos, los cuales fueron elevados para las mayorías populares quienes sufrieron con el aumento del IVA y otros impuestos regresivos, mientras las minorías acaudaladas vieron descender su carga tributaria directa. Así, mientras el ajuste y la austeridad afecta a los más pobres y a las clases medias, se convierte en fuente de rentas y privilegios de los poderosos.
Estos argumentos nuevamente aparecen hoy para justificar el nuevo ajuste fiscal que se propone a través de dos propuestas que sustenta el más reciente informe de la Comisión del Gasto Público: la reforma pensional y reforma tributaria. Esta última en gran medida propone más de lo mismo: disminuir los impuestos de las empresas y aumentar el IVA, específicamente incluir con la tarifa del 19% a lo que quedó exento en la última reforma tributaria. Y en relación con la reforma pensional, es necesario recordar que el gobierno de Santos, que no ha ocultado su voluntad de satisfacer las demandas del sector financiero, la tuvo en su agenda legislativa en su primer gobierno, en donde su Ministro Rafael Pardo se encargó de ambientarla en su paso por el ministerio, además de sellar la liquidación del Instituto del Seguro Social y de poner en marcha Colpensiones, que había sido creado en el 2007.
Vale recordar que en Colombia conviven dos tipos de regímenes de pensiones: el de prima media que administraba el Seguro Social (hoy Colpensiones) que consiste en un régimen sustentado en la solidaridad intergeneracional y que genera ganancias potenciales de administración para el sector público. En este esquema los trabajadores del presente financian las pensiones de las personas jubiladas. El otro régimen es el de Ahorro Individual, el cual soporta la pensión con una porción del ahorro obligatorio que deben hacer los trabajadores durante su vida, sin conexión con el principio de solidaridad intergeneracional. En este las ganancias de intermediación no pertenecen al sector público, sino que son detentadas y concentradas por dos fondos de pensiones en el caso colombiano: Protección (Grupo Sura) y Porvenir (Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo).
En líneas gruesas, la reforma pensional contiene principalmente dos pretensiones: uno, eliminar la competencia y dos, flexibilizar el uso del ahorro pensional con el fin de aumentar la rentabilidad de los fondos privados.
La primera pretensión del sector financiero, representado en voces como ANIF, Asobancaria, Asofondos y el Consejo Privado de Competitividad es eliminar (o marchitar paulatinamente) el régimen de prima media, es decir, desaparecer del mapa a Colpensiones para que el negocio quede únicamente en sus manos. En los debates que asumí como representante del Valle, mostré cómo durante la crisis financiera de 2008, cerca del 30% del ahorro de los trabajadores colombianos en los fondos de pensiones se perdió, por lo cual sus cotizaciones posteriores solo sirvieron para llenar ese hueco que la especulación financiera dejo. Denuncia que se encontró con los oídos sordos de los entes de control. Es constatable la migración paulatina de los pensionados hacia el otrora seguro social y la posterior Colpensiones, que lo remplazo, a causa de esta situación; la malicia indígena le indicaba a los pensionados que el estado, con todas sus ineficiencias burocráticas, era la mejor salvaguarda de sus ahorros pensionales frente al peligro de colapso financiero que siempre ronda los fondos privados en tiempos de crisis.
Ahora, como se sabe, los trabajadores son actualmente uno de los grandes acreedores del estado, pues, a través de los fondos privados son los tenedores de cerca del 90% de los títulos de deuda pública. Entonces, la segunda pretensión del sector financiero, como se dijo, es flexibilizar el uso del ahorro pensional para invertir y obtener lucro de otro tipo de actividades hoy reguladas. Así, la propuesta es desregular el stock de capital producto de los aportes pensionales, aumentando el riesgo financiero de los colombianos con el fin de aumentar la rentabilidad de los fondos privados y así obtener mayores ganancias. La idea general es que los fondos privados participen como socios de los grandes megaproyectos del país, entre ellos transporte y energía hidroeléctrica. Es decir, valorizar el capital de los trabajadores y apropiarse de esta valorización a través de la administración privada que ellos ejercen.
Los designios que las agencias multilaterales, voceras de los poderes financieros transnacionales, tienen para con nuestros ancianos fueron anunciados en abril del 2012 a través de un memorando confidencial que Alejandro Gaviria, a la sazón columnista del espectador, hoy ministro de salud, asevero haber encontrado abandonado (¡!) en la sala de espera de un aeropuerto, intentando ocultar así su roll de propagandista de estas agencias. Propuestas como “(...) los países del primer mundo deberían imponer un límite etario para el pago de pensiones. Las personas de, digamos, ochenta o más años deberían vivir por su cuenta y riesgo” contenidas en dicho memorando, están acompañadas de la sentencia que meses después, en el mismo 2012, le espeto con crudeza Christine Lagarde al mundo y contenida en el epígrafe de este escrito.
Ya estamos avisados. Las voces críticas y democráticas en el Congreso deberán oírse en rechazo a este insulto contra nuestros viejos, pero solo la movilización popular y ciudadana lo harán escuchar en el país.
