Hace más de una década, en noviembre del 2010, el mundo aplaudía la liberación de Aung San Su Kye, quien permaneció veinte años en arresto domiciliario en su casa ubicada a las afueras de Yangón, ciudad que la vio nacer en 1945. Armada ya con una colección de premios internacionales, lucía un arreglo de flores frescas en el cabello cuando se sentó con una postura impecable y le prometió al mundo dos cosas ante las cámaras: que lucharía para que los presos políticos de Birmania fuesen liberados y pondría fin a la lucha étnica que ha mantenido las fronteras del país en guerra durante siete décadas.
Aung Saan suu ki es hija de Aung San, fundador del ejército birmano y negociador de la independencia de la entonces Birmania del imperio británico en 1947. Ese mismo año sería asesinado junto a media docena de sus partidarios por orden de U Saw, otro militar rival en el proceso de emancipación. Su madre, ganó popularidad como figura política en ese entonces y fue nombrada embajadora en La India y Nepal por el mismo régimen que le habría rebatado a su esposo unos años atrás. Una familia germinada en el poder.
Trabajando para las Naciones Unidas fue que Aung San Su Kye conoció a quien sería su esposo y padre de sus dos hijos. En 1972, recién casada, se fue a vivir a Londres en donde permaneció hasta 1988, cuando decidió visitar Birmania a estar unos meses con su madre enferma. Nunca más volvería a salir de su país. Con la muerte de su madre, Suu Ki fue la escogida para liderar el único movimiento político pro democracia en la dictadura militar que parecía estar más fuerte que nunca para ese entonces. Pero el general al mando de la junta en ese entonces, de nombre Ne Win, renunció intempestivamente cuando Suu Kye se encontraba de visita en Birmania y ella fue testigo de la manifestación de miles de personas que salieron a las calles pidiendo elecciones libres.
El 26 de agosto de 1988 dirigió medio millón de personas a un acto masivo frente a la Pagoda de Shwedagon, en la capital, haciendo un llamado por un gobierno democrático. Sin embargo, en septiembre, una nueva junta militar tomó el poder. Un año después, en 1990, la junta militar llamó a una elección general en la que la Liga Nacional por la Democracia, partido de Aung San Suu Kyi recibió 59% de los votos, ganando el 80% de los curules en el parlamento.
Pero desde julio de 1989, Suu Kyi ya se estrenaba como presa política con arresto domiciliario en la casa de su madre, arresto que duraría alrededor de 15 años. No volvió a ver a su esposo, quien murió de cáncer 7 años después de su partida de Londres y a quien el régimen jamás le otorgó una visa para visitarla. Le ofrecieron liberarla de su arresto, solo si abandonaba el país para nunca más regresar. A sus hijos solo los pudo ver 22 años después, en el 2011, cuando se le concedió la libertad y pudo ocupar su cupo en el parlamento.
Hoy, Aung San Suu Kyi, de 75 años, se ha convertido en una apologista de los mismos generales que la encerraron y asesinaron a su padre. En los últimos años, se le ha visto minimizar la campaña asesina de la junta militar birmana contra la minoría musulmana rohinyá. Ella pertenece a la mayoría étnica bamar. Sus críticos más fuertes la acusan de racismo y falta de voluntad para luchar por los derechos humanos de todas las personas en Birmania.
Aunque Aung San Suu Kyi ha derrochado la autoridad moral del premio Nobel de paz que le fue otorgado en 1999 en razón de “su incansable lucha por obtener la democracia en Birmania”, el cual le ha ayudado a su popularidad perdurar en su país. Tanto así que en noviembre de 2020, su partido político, la Liga Nacional para la Democracia, ganó otra victoria aplastante en las elecciones generales, con lo que fijaría el curso político de los próximos cinco años en los que iba a compartir el poder con los militares que gobernaron Birmania durante casi 50 años. Esto antes del ultimo golpe de Estado, del cual ha permanecido en silencio.
“Su estilo de liderazgo no va hacia un sistema democrático, sino hacia la dictadura”, dijo Daw Thet Thet Khine, una exfuncionaria del partido de Suu Kyi quien formó su propio partido para competir en las elecciones de noviembre, pero no logró ganar ningún cargo. “Ella no escucha la voz de la gente”.
En 2017, cuando el mundo entero se estremecía con los videos, fotos y testimonios del genocidio contra la minoría musulman Roghinya, en el occidente de Birmania, Aung San Suu Kyi viajó a la Corte Penal Internacional en La Haya para defender al ejército de su país que fue acusado de dichos delitos. Sin pedir disculpas, insistió al tribunal en que, si bien “no se puede descartar que se haya usado una fuerza desproporcionada” contra los rohinyás, inferir una intención genocida presentaba una “imagen fáctica incompleta y engañosa”. Su página de Facebook divulgó una publicación con la etiqueta de “Falsa violación”, descartando de manera abrupta la violencia sexual sistemática y bien documentada cometida contra los rohinyás.
A pesar discurso prodemocracia, Aung San Suu Kyi respeta profundamente el ejército que formó su padre. Algunos de los fundadores de la Liga Nacional para la Democracia eran exoficiales militares y el partido está organizado con una jerarquía militar en la que la oficial al mando es Aung San Suu Kyi. Pero el ejército real mantiene el control sobre importantes ministerios, una parte del parlamento y un conjunto de negocios lucrativos.
Desde que asumió el poder como consejera de Estado del país en 2016, Aung San Suu Kyi suele elogiar al ejército, y se niega a reconocer las operaciones militares para librar al país de los musulmanes rohinyás. En 2017, aproximadamente tres cuartos de millón de personas rohinyás huyeron a Bangladés, el país vecino, en condiciones deplorables. HRW denunció ataques sistemáticos, desplazamientos forzados, asesinatos extrajudiciales, violaciones sexuales colectivas, entre otros,
“Ahora que ya probó el poder, no creo que quiera compartirlo con nadie”, dijo Seng Nu Pan, una lideresa política de la etnia kachin que lucha por la autonomía en el norte del país.
Actualmente Aung San Suu Kyi se encuentra nuevamente tras las rejas. Fue acusada el pasado 2 de febrero de una haber importado ilegalmente al menos diez radios portátiles, según un funcionario de su partido con agravante de supuestamente infringir normas medioambientales. Un confuso delito por el que, según han dicho abogados de la política, la junta militar podría condenarla hasta a tres años de prisión.