En la presente nota se pretenden explorar las penumbras del conflicto armado interno, que ha traído un sinnúmero de consecuencias legales, económicas, jurídicas y psicológicas en quienes se han visto inmersos tanto directa como indirectamente.
Colombia, de cara a lo establecido en la Constitución Política de 1991 y en su afán de controlar/atender los efectos nocivos de tal situación, inició, en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos Calderón, un proceso de negociación con las Farc, todo ello recordado e instaurado en la memoria de los colombianos gracias a los medios de comunicación y alocuciones. Así pues, tras años de negociación se da la bienvenida a la era del posconflicto (es aquí donde nos revestimos de inocencia).
Por todo esto, el grupo armado ELN (Ejército de Liberación Nacional, que más que liberación es condenación) solicitó hacer el mismo proceso de negociación, solicitud esperada por nuestro anterior mandatario y sociedad civil. Sin embargo, continuaban los episodios de violencia a manos de este mismo, todo ello conocido gracias a los mismos medios de comunicación.
Se expone pues en las líneas de esta nota actos que dan muestra de la atrocidad en contraposición a las imágenes que se pintan e instauran en nuestra alma que busca otra visión, otra sensación que no es más que fantasía, que para nuestro país es igual a la paz. Recientemente, los mismos medios de comunicación que nos daban a conocer lo que sería el fin de una era de hostigamientos con un grupo armado del país, nos informaron sobre el ataque del que fueron víctimas arqueólogos en la población de Yarumal, Antioquia. Para quienes puedan desconocerlo (así como su escritor), Yarumal es reconocida por ser una de las zonas más ricas en minería del país, lo que explica la presencia de los profesionales en la zona, mismos que de modo indiscriminado fueron masacrados (tal y como se registró en las noticias) a manos del ELN, lo que coloca en tela de juicio lo normativo, lo legítimo y legal que circunda nuestra vida cotidiana.
Si nos remitimos a la norma, daremos cuenta de los diferentes artículos que protegen y/o castigan el arremetimiento contra la vida y la dignidad humana. En lo que a legítimo concierne, entraríamos en discusiones dicotómicas que no es lo que ocupará estas líneas argumentativas y reflexivas de la realidad colombiana que nos circunda, pues lo que para mí y para ustedes es ilegítimo, para el ELN es responder a sus compromisos políticos y morales. ¿Y lo legal?, ¿qué es lo legal? No es más que el acceso a la felicidad y la aproximación a la justicia.
Es ante estas situaciones en las que observo la situación cruel que me rodea, en la que se violentan derechos humanos fundamentales. ¿No es pues una burla a nuestra constitución política tal situación? ¿Son normales este tipo de situaciones en nuestro país? La respuesta a la primera es sí y a la segunda también.
De cara a lo anterior, me ocupa en lo restante de esta nota hacer reflexiones que apunten algunos intentos fallidos del Estado por garantizar a la sociedad gozar y ser un “Estado social de derechos”.
Pues bien, se hace necesario retomar lo establecido en nuestra Constitución Política de 1991, en su artículo 2, en donde se cita “son fines esenciales del Estado servir, promover la prosperidad general y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. Con esto, de cara a la realidad y aún sin ojo bueno pa' ver aparatos (como decían mis abuelos), diviso el espectro de la violencia política que azota y destruye mi país y todas sus pretensiones constitucionales. Esto me lleva a cuestionar: ¿qué tan próspero es un país en donde se masacra la población?, ¿qué tan esencial y efectivo es el Estado como garante y protector de derechos humanos? Lo sucedido en Yarumal no es más que una muestra de lo insuficiente de la Constitución, que para sus conocedores “no es más que papel”.
En consecuencia, resulta trascendental balizar la violación a los derechos humanos fundamentales, esos que apelan a conceptos de justicia. Así que le pregunto: ¿cree usted, amigo lector, que comprende lo justo? (le puedo responder a ello apelando a la filosofía platónica de “justicia es igual a felicidad”) y ¿cree usted que las familias de los 3 arqueólogos asesinados están creyendo en lo justo? Entrar a debatir esto nos tomaría muchas líneas, pero, vaya, qué importante es ello. Me disculparán el paréntesis, pero no podía dejarlo pasar por alto. Seguido pues, me permito enumerar cada uno de los vulnerados:
- Derecho a la vida, libertad y seguridad, que fue lo que se les arrebató a los profesionales.
- Un ser humano no puede ser torturado ni recibir un trato vejatorio. El trato que recibieron no es más que una revelación contra este derecho fundamental. Es esta la violación más notoria a la epístola de derechos humanos fundamentales.
Corresponde ahora hacer un llamado a quienes puedan proteger nuestra sociedad de los horrores, de los sufrimientos innecesarios a quienes están exentos de toda actividad conflictiva. Es necesario que el Estado tome medidas frente a este tipo de situaciones. Lo anterior se puede simplificar de la siguiente manera:
- Protección: En el sentido estricto de la palabra, más acción menos reacción. ¿No es ese el sentido estricto del Derecho Internacional Humanitario? Entendamos que estamos en una sociedad en la que reinan unas pretensiones sobre otras y en virtud a ellas se violentan y/o vulneran las que de verdad priman: la vida, la dignidad, la igualdad, entre otras acepciones que usted puede fácilmente revisar en los diferentes tratados: Protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados, Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus dos protocolos, Convención de 1975 sobre Armas Bacteriológicas, Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales y sus cinco Protocolos, Convención de 1993 sobre Armas Químicas, Tratado de Ottawa de 1997 sobre las Minas Antipersona, Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
Se requiere un Estado funcional, con deseo imperante de servir a la comunidad, que no se perciba como enemigo sino como aliado en la consecución, dignificación y presunción de los derechos humanos. Insisto siempre en establecer académicamente una pedagogía constitucional, cuyo objetivo principal circunde a la difusión de la norma de normas a modo de academia. Solo quienes estamos inmersos en algún estudio posgradual en relación a la norma conocemos lo mismo.
Para finalizar estas líneas, en las que se denota un dolor por mi patria, que en algún momento gritó independencia sin saber lo que con ello se traería, quiero señalar que no será esta la última vez en la que castraré las intenciones de mi papá Estado por proteger a mis hermanos en patria, víctimas todos de dogmas políticos en los que de una u otra manera se propende por la justicia o lo que es igual la felicidad.
