La explosión demográfica en el hemisferio norte llegó a su fin. Durante los últimos cuatro años, Ucrania, Rumania, Puerto Rico, Portugal, Polonia, Lituania, Letonia, Japón, Hungría, Estonia, Croacia, Bulgaria, Andorra y Albania han suministrado información de crecimiento negativo de la población con porcentajes entre -0,3 y -1,3%. En los demás países, aunque las cifras se mantienen positivas, las tasas anuales de 2011 a 2014 muestran una tendencia decreciente.
Las pocas naciones que aún registran crecimientos por encima de dos puntos porcentuales se ubican en áfrica ecuatorial y medio oriente. La reducción del ritmo de crecimiento de la población mundial es un hecho, según los datos recolectados por organismos internacionales desde 1950, cuando la tasa de natalidad se encontraba sobre el 37.6 por cada 100 mil habitantes mientras que la tasa de mortalidad llegaba al 19.6 y , para el año 2000, ambas se habrían reducido al 22.7 por cada 100 mil habitantes y 9,2, respectivamente.
El contraste de cifras realizado por la CEPAL en Latinoamérica concuerda con los resultados que arroja el análisis demográfico y es que la “transición demográfica” avanza: Aunque latinoamérica aún posee una población mayoritariamente joven, la tendencia creciente de la esperanza de vida conjugada con menores niveles de natalidad, aún a pesar de la reducción de la mortalidad infantil, está generando índices crecientes de población mayor de 60 años, y Colombia también se acerca a esa tendencia.
Tener claras las cifras anteriores es necesario a la hora de analizar las afirmaciones del Informe sobre Estabilidad Financiera Mundial del Fondo Monetario Internacional publicado en Abril del 2012, que ha sido replicado a lo largo de los últimos tres años, deformado en titulares de la prensa alternativa sugiriendo que “el FMI quiere que mueran los ancianos” y aplicado por naciones desarrolladas y en desarrollo para ajustar sus sistemas de seguridad social y jubilación.
Seguridad y pensiones en Colombia
En la norma, en Colombia gozamos de tener uno de los sistemas de protección social más generosos del mundo. Una de las graves problemáticas es que el cumplimiento de la ley en este país es una excepción, no solo por parte de los particulares, sino por parte del Gobierno del Estado, cuya política está dirigida a todo, menos acercar la realidad material al estado de cosas jurídico. Y en eso, el sistema de pensiones no se queda atrás. El asunto es que los niveles de informalidad, precariedad laboral y desempleo no permiten que la mayoría de la población disfrute de él.
Es así como, en materia pensional, poseemos dos regímenes entre los cuales cada trabajador puede escoger para realizar los aportes que le permitirán, al cabo de un tiempo (1275 semanas cotizadas), acceder a una pensión. El Régimen Solidario de Prima Media, muy popular en Europa, consiste en sustentar los ingresos de los pensionados - por el 65% del último salario devengado, cifra que nunca debe ser inferior al salario mínimo- con los aportes de los trabajadores activos. Este esquema parte de la idea de que la población de trabajadores activos siempre será superior a la de pensionados. Cuando el sistema falla, el Estado debe acudir a cubrir los déficit causados por la disparidad entre la suma de todos los aportes y la suma de todas las pensiones, causando un costo fiscal insolventable en el largo plazo de mantenerse las tendencias.
El Régimen de Ahorro Individual, a cargo de fondos privados, consiste en la realización de aportes que se registran en una cuenta personal, con los cuales se compran títulos en bolsa que, se espera, mantengan su valor real a lo largo del tiempo, un sistema que también entra en crisis pues, las 1275 semanas de cotización reglamentarias, que corresponden a casi 25 años de trabajo, deben acumular un ahorro suficiente para que el beneficiario de la pensión pueda sustentar su estilo de vida durante el tiempo que hay entre la jubilación y la defunción. Antes de 2014 se podía acceder a la pensión bajo cualquier sistema pensional a los 57 años, momento en que la esperanza de vida en Colombia se encontraba por encima de los 7. Es decir, si todos los pensionados que comenzaron a hacer uso de su derecho a los 57 fallecen a los 74, los 25 años de trabajo, con aportes cercanos al 16% del salario, deberían traducirse en 17 años de ingresos del 65%. Es por esto que los Fondos de Pensiones establecen unas condiciones adicionales, de cuyo cumplimiento depende que sea la entidad financiera y no el trabajador quien asuma los costos de una eventual superación de la expectativa de vida.
Para solventar estas situaciones, el gobierno del presidente Álvaro Uribe proyectó una reforma del sistema pensional que aumentó la edad de jubilación a los 62 años para los hombres y a 57 para las mujeres, de esa manera aumentar los ahorros de los trabajadores aportantes bajo el RAI y aumentar el margen de recaudo entre los cotizantes del RPM. Pero estos 5 años de gracia pronto llegarán al límite, porque la tendencia de la esperanza de vida se encuentra en aumento.
Por eso cobra más sentido que nunca las medidas que, para apalancar los costos de la extralongevidad, recomienda el fondo. Y es posible que sea necesario, en poco tiempo, aumentar la edad de jubilación a 65 años. Aceptar esas sugerencias, en este caso, no es cuestión de ser de derecha o de izquierda, pro o anti-imperialista, sino de tener sentido común.
