De acuerdo con los datos proporcionados por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), en el Caribe se vive una realidad preocupante en el ámbito laboral y social.
Durante el trimestre de agosto a octubre del año 2023, se evidencia que la tasa de empleo informal alcanza cifras alarmantes en esta región.
Dentro de las 23 ciudades y áreas metropolitanas analizadas, destaca el preocupante panorama de ciudades como Sincelejo, donde el 69,0% de la población se encuentra en situación informal, seguida muy de cerca por Valledupar con un 64,0%, Riohacha con un 63,8% y Santa Marta con un 61,2%; estas ciudades caribeñas, capitales de departamento, muestran una alta proporción de personas que luchan por subsistir en la informalidad, con formas de trabajo inestable y precario, sin ningún tipo de protección social.
La causa principal de la informalidad se debe al modelo de desarrollo económico que adoptó el país desde comienzos de los años noventa en el siglo pasado, con la llamada Apertura Económica o “libre comercio”; desde 1994 Colombia ha firmado 17 tratados de libre comercio, con 65 países, pero uno de los que más impacto ha tenido en nuestra economía, tanto por el volumen de productos y servicios que incluye, como por el hecho de ser hoy el país con el que tenemos el mayor flujo de intercambio comercial, es el que se firmó con Estados Unidos a finales de 2006 y entró en vigencia desde comienzos de 2012.
Transcurridos más de 10 años desde su entrada en vigencia, el resultado ha sido una grave afectación para la industria y la agricultura, con la masiva importación de géneros agrícolas -subsidiados- que bien podrían ser producidos en el país, para generar así empleo y riqueza en nuestra nación, garantizando seguridad y soberanía alimentarias; esas importaciones han venido debilitando nuestra producción nacional al punto de llevar a la quiebra a muchos de nuestros empresarios pequeños, medianos y grandes. Esa quiebra de la producción nacional origina los mayores índices de desempleo, trabajo informal y aumento de la pobreza, como ha señalado María Alejandra Osorio, Directora ejecutiva de ACOPI, Bogotá-Cundinamarca.
Por otro lado, el Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO), sostiene que la falta de reglamentación a las Plataformas Digitales para la adquisición de servicios tales como transporte, domicilios, trabajo remoto, etc., también fomenta la informalidad; las empresas creadoras de esas plataformas, en su mayoría multinacionales, incentivan el trabajo por cuenta propia sin protección social, en el que se ocupan millones de ciudadanos que deben resolver ellos mismos la afiliación a sistemas de salud y tienen además un alto riesgo de no tener un ahorro para su vejez, porque sus precarios trabajos no les permiten acceder al régimen pensional vigente.
Esas decisiones macroeconómicas sobre el modelo de desarrollo económico del país se toman desde el gobierno nacional y tienen implicaciones en el territorio; la situación se agrava si los mandatarios no garantizan ni aseguran a los ciudadanos el acceso a servicios públicos con tarifas pagables y de calidad para elevar el nivel de vida de la población y también la competitividad empresarial de la región.
En el Caribe se observa a simple vista el aumento cada día mayor del trabajo informal en el transporte, con el aumento exponencial de mototaxistas y el de vendedores de toda clase de productos y servicios en las calles y distintos espacios públicos de nuestras ciudades y pueblos.
Cambiar este panorama requiere la decisión política de quienes gobiernan, realizar un gran esfuerzo y tomar las medidas necesarias para que el país logre la capacidad de producir más y más riqueza; se necesita industrializar la producción: crear muchas fábricas, desarrollar la agricultura, sitios propicios para la generación de empleo formal.
Una de las medidas urgentes que se requieren para avanzar en esa dirección, es la renegociación de los TLC, pues constituyen una de las mayores trabas que impiden el desarrollo nacional; para tomar esa decisión y sacarla adelante se necesita voluntad política del gobierno nacional; esa debería ser una exigencia que podemos impulsar desde las regiones.
