El gobierno colombiano observa, sin adoptar soluciones de fondo, como terratenientes y Palmeros deforestan los bosques en la amazonia colombiana para meter vacas o palma, que fungen como cuidadoras de tierra acaparada, mientras áreas ambientalmente estratégicas, se pierden de manera acelerada: desde el comienzo de año, las motosierras talan y talan, y en los meses de verano, los incendios adecuan las hectáreas deforestadas para volverlas potreros o cultivarlas con palma.
Es el proceso que venimos observando en la Amazonia Colombiana después de la firma del Acuerdo de Paz.
El hato ganadero en algunas municipalidades que hacen parte del Amazonas colombiano se disparó en tan solo dos años: para el 2016, municipios como San Vicente del Caguán (Caquetá), albergaba 612.573 cabezas de ganado; para el 2018 la cifra fue de 831.586. Lo mismo ocurrió en Cartagena del Chairá, que paso de tener 129.391 (2016) a 232.653 (2018).
No obstante, el municipio con mayor porcentaje de aumento en deforestación y en ganadería extensiva, fue La Macarena en el departamento del Meta.
En esta jurisdicción, en 2016 había 44.971, cabezas de ganado, dos años después, se llegó a la cifra de 148.249 vacas. Así pues, a la par que creció astronómicamente el número de vacas, los bosques decrecieron.
Solo en el Área de Manejo Especial La Macarena, (AMEM), conformada por los Parques Nacionales Naturales Sumapaz, Cordillera de los Picachos, Sierra de la Macarena y Tinigua, la deforestación aumentó aterradoramente: entre los meses de enero y marzo de 2018, la pérdida de bosque aumento en 830%.
Simplistamente, para este gobierno, toda la culpa de la deforestación recae en las llamadas “disidencias”, o en el aumento de la siembra de coca.
Este relato se cae a pedazos cuando se contrastan cifras, actores y dinámicas del conflicto que se vive en la amazonia.
Para citar un solo ejemplo: en la región del Meta-Guaviare, los cultivos de coca disminuyeron, pasando de 10.500 Has., en 2017, a 7.285 en 2018, mientras que por su parte, la deforestación se disparó.
Tan solo el departamento del Guaviare perdió 11.456 has., de bosques en el 2016. Para el 2017 fueron 38.221 las Has., arrasadas.
Según las comunidades, en la región se ha conformado una empresa ilegal que les paga a los campesinos por hectárea deforestada, para luego adueñarse de la tierra y sembrar Palma. A ello, súmele los ganaderos que vienen metiendo ganado a diestra y siniestra.
Y, ¿cuál ha sido la propuesta de solución del gobierno de Duque para frenar este fenómeno? La puesta en marcha de la operación “Artemisa” en cabeza de las Fuerzas Militares.
Operativos militares que han dejado centenares de familias desplazadas, campesinos encarcelados, casas incendiadas y menores de edad separados de sus familias. En otras palabras, el ejecutivo ha puesto en la mira al campesinado, que, en el caso de los parques naturales, los habitaban mucho antes que estos fueran declarados áreas protegidas.
Eso, sin contar los campesinos que han sido despojados de sus fincas en el territorio.
Cabe entonces la pregunta: ¿Cuántos latifundistas o acaparadores de tierra han sido detenidos?
¿Cuantas hectáreas de tierra que antes eran bosques y hoy son potreros, han sido recuperadas?
¿Cuantas cabezas de ganados de propiedad de terratenientes han sido decomisadas?
Así pues, política ganadera tiene gran responsabilidad en la deforestación de la amazonía.
Ha sido el campesinado quien ha sufrido las consecuencias de la represión, pero ha sido también el campesinado quien ha puesto sobre la mesa propuestas sensatas que pongan freno a la deforestación, se conserven áreas estratégicas y se pueda desarrollar la región con una gran porción de esa población que está en mora de ser sujeto de derechos. Mientras tanto, los acaparadores siguen derribando el bosque para meter sus vacas.
Materializar el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas, resultado de una de las ordenanzas emanadas de la sentencia STC 4360 de 2018, de la Corte Suprema de Justicia, pudiera representar una solución a este gravísimo problema.
Sería una acción urgente para proteger el Amazonas, sus parques nacionales y las comunidades campesinas que lo habitan. Del mismo modo, poner en funcionamiento la Junta de Direccionamiento del PNIS e implementar alternativas para el campesinado permitirá proteger nuestros bosques.
La gobernanza Ambiental para la Paz no da espera.
Urge también destinar los suelos para su vocación. Colombia no puede seguir viendo como la frontera agropecuaria sigue aumentando para la ganadería extensiva.
Nuestro país cuenta con 19.4 millones de hectáreas aptas para esta actividad, pero se utilizan 34.4 millones para un hato ganadero de 24 millones de cabezas, (al 2014).
De seguir así, veremos miles de árboles en el suelo para que una sola vaca ocupe más de una hectárea y con ello la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos continuará en aumento.
